Hay una pregunta que resuena cada vez con mayor fuerza, frecuencia y desesperación en los rincones de México. Surge en las redes sociales como un clamor viral, aparece en el centro de los programas de televisión en horario de máxima audiencia, se repite incansablemente en entrevistas políticas, domina los encendidos debates académicos y, lo que es aún más significativo, se ha colado de manera permanente en las conversaciones cotidianas de los ciudadanos de a pie. Es una interrogante que hace apenas unos años habría parecido una auténtica locura o un escenario de ciencia ficción política: ¿Puede México hacer algo parecido a lo que hizo El Salvador?
Cada vez que un episodio de violencia extrema sacude los cimientos de la sociedad mexicana, cada vez que una noticia sangrienta acapara los titulares y cada vez que la seguridad (o la alarmante falta de ella) vuelve a ser el tema central del país, millones de personas teclean y pronuncian el mismo nombre: Bukele. Pero, ¿qué es exactamente lo que motiva este fenómeno? ¿Por qué el presidente de un país centroamericano de dimensiones modestas aparece como un fantasma recurrente en las discusiones sobre el futuro de una de las naciones más grandes y pobladas del continente americano? ¿Qué es lo que la gente común está viendo que, al parecer, algunos analistas y políticos prefieren ignorar?
Para entender la magnitud de esta comparación, es imperativo poner las cosas en perspectiva. A simple vista, comparar a México con El Salvador parecería un ejercicio de miopía geopolítica. Estamos hablando de un gigante de más de 130 millones de habitantes, con una economía que se posiciona entre las más robustas de América Latina y una extensión territorial vasta y geográficamente compleja. Al otro lado del espejo, El Salvador es una nación de poco más de 6 millones de habitantes, con una superficie que apenas equivaldría a uno de los estados más pequeños de la república mexicana. Sin embargo, en la psique colectiva, las matemáticas y la geografía pasan a un segundo plano cuando el miedo se convierte en la moneda de cambio diaria.
Algo profundamente transformador e inesperado comenzó a gestarse en la opinión pública. Entre enero y febrero del presente año, México se enfrentó a un nuevo récord de homicidios dolosos. La violencia, orquestada por los grandes cárteles del narcotráfico y el crimen organizado, ha mostrado un poderío logístico, económico y armamentístico como nunca antes se había presenciado. No estamos hablando de simple delincuencia callejera, sino de organizaciones transnacionales que controlan amplios sectores del territorio, economías locales e incluso rutas de comercio internacional. Y es precisamente en este escenario de zozobra donde, ante cada tragedia que conmociona a la nación, reaparece la figura de la estrategia salvadoreña.
El debate se intensifica inevitablemente alrededor de la figura de Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana ha heredado uno de los desafíos de gobernabilidad y seguridad más intrincados y peligrosos no solo del continente, sino del mundo entero. Su tarea es titánica: mantener la estabilidad de un país gigantesco mientras se enfrenta a estructuras criminales que poseen recursos financieros casi inagotables, presencia territorial armada y una capacidad operativa que no tiene paralelo en América Latina. La administración actual ha dejado claro su rechazo a regresar a lo que denominan “la guerra contra el narco”, apostando por la construcción de la paz con justicia, promoviendo un “México fraterno” y atacando las causas sociales que empujan a los jóvenes hacia las filas de la delincuencia.
No obstante, la ciudadanía observa dos pantallas al mismo tiempo. Por un lado, la complejidad y lentitud de los procesos de pacificación a largo plazo; por el otro, la inmediatez de los resultados en Centroamérica. Y es que la historia de la fijación con El Salvador no comenzó con una declaración rimbombante ni con una campaña política de exportación; comenzó cuando los resultados fríos y duros obtenidos por la gestión de Nayib Bukele empezaron a llamar la atención mucho más allá de sus fronteras.
Durante décadas, El Salvador estuvo sumido en un abismo de violencia casi insuperable. Las pandillas, principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, llegaron a controlar comunidades enteras, dictando quién vivía y quién moría, cobrando el “impuesto” de la extorsión a los pequeños comerciantes y obligando a miles de familias a vivir bajo un régimen de terror constante. La inseguridad no era una preocupación; era la única realidad. Pero el paradigma se quebró. La decisión de enfrentar frontalmente a las estructuras criminales transformó las calles. Las cifras de homicidios cayeron en picado, los espacios públicos comenzaron a recuperar su vitalidad, el turismo internacional experimentó un repunte sin precedentes y la conversación global cambió radicalmente de tono.
Muchos sociólogos y expertos en seguridad advierten del peligro de las simplificaciones. Subrayan que no se puede extrapolar la desarticulación de pandillas urbanas a la guerra contra cárteles multimillonarios que operan con tácticas paramilitares. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos, la discusión no gira en torno a la viabilidad técnica ni al tamaño de los países; la discusión gira, única y exclusivamente, en torno a la voluntad política y los resultados. La sociedad civil ha llegado a un punto de saturación donde la retórica política ya no es suficiente bálsamo para la herida de la violencia diaria.
Uno de los argumentos más demoledores en este debate es el concepto del control territorial. En los análisis comparativos se expone una realidad que escuece: si una organización criminal intentara controlar una esquina en países como Canadá, la reacción del Estado sería inmediata, implacable y definitiva. El ejército o las fuerzas federales barrerían cualquier intento de sedición territorial. Sin embargo, en gran parte de Latinoamérica —y México, Colombia y Brasil son ejemplos citados con frecuencia— existen bastos sectores donde la soberanía del Estado es una simple ilusión, y donde la ley que rige es la del plomo y la plata. ¿Cómo es posible que una banda criminal pueda agenciarse un territorio entero y el gobierno legítimo no logre expulsarlos? Para los defensores de las políticas de mano dura, la respuesta es una amarga píldora de digerir: porque las estructuras criminales han penetrado las esferas del poder o, peor aún, porque el Estado ha claudicado en su deber fundamental de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza.
Frente a la fatalidad de asumir que la convivencia con la criminalidad es una variable inalterable en la ecuación social, el modelo salvadoreño propuso una filosofía radical: los delincuentes no son víctimas del sistema que deben ser comprendidas, sino “tumores que enferman a la sociedad” y que deben ser extirpados de raíz. La lógica implementada sostiene que la guerra de incentivos nunca se gana; la única manera efectiva de proteger a los ciudadanos honrados es ir tras el pandillero, arrestarlo y aislarlo de manera definitiva de la sociedad.
La contundencia de esta visión se materializa en los datos oficiales que continúan rompiendo esquemas. Recientemente, las autoridades salvadoreñas anunciaron un hito que desafía cualquier estadística criminal de la región: el jueves 28 de mayo finalizó con cero homicidios en todo el país. Según la Policía Nacional Civil, este resultado elevó el asombroso contador a 1,227 días sin asesinatos bajo la actual gestión gubernamental. Estas no son simples cifras en una hoja de cálculo; representan miles de vidas salvadas, generaciones enteras que podrán crecer sin el trauma del sonido de las balas y una reconfiguración total del tejido social en un país que antes lideraba las listas de las naciones más letales del planeta.
Pero la pacificación no es un estado estático; es un esfuerzo operativo constante y agresivo que no descansa. Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han mantenido un ritmo frenético de capturas para desmantelar lo que queda de las economías ilícitas que nutrían a las pandillas, particularmente el narcomenudeo. En las últimas horas, operativos quirúrgicos demostraron que la persecución no cede terreno. En la colonia Altamira, en San Salvador, un grupo dedicado a la venta de estupefacientes fue desarticulado, incautándoseles metanfetamina con un valor de mercado superior a los 4.000 dólares. Simultáneamente, en el residencial Valladolid de la ciudad de Santa Ana, cayó una segunda célula criminal, perdiendo a manos de las autoridades paquetes de marihuana valorados en más de 24.000 dólares y metanfetamina por encima de los 2.000 dólares. Todos estos sujetos enfrentarán severos cargos por tráfico ilícito.
El cerco se estrecha aún más en la capital. Las fuerzas especiales lograron la captura de Irvin Stanley Vanega (36 años), Karen Marcela Ávila de Marroquín (34 años) y Gustavo Heriberto Coto (37 años). Este trío representaba un eslabón importante en la cadena de distribución local. En el momento de su detención, se les decomisaron 5 kilogramos de cocaína pura, con un valor estimado de 63.000 dólares, además de 15.910 dólares en dinero en efectivo y tres vehículos utilizados para el trasiego de la mercancía. En otra operación paralela, Rudy Valmore Candelario Ybarra fue interceptado trasladando en su vehículo un verdadero almacén móvil de narcóticos: 18.326 dólares en metanfetamina, 2.015 dólares en marihuana y 1.395 dólares en cocaína, sumando un duro golpe financiero que supera los 31.000 dólares. Incluso las fachadas más modernas son desarticuladas, como lo demostró la detención de Jonathan Adonay Bates Cruz en el reparto La Campanera, en Soyapango, quien utilizaba una motocicleta y el disfraz de repartidor de una aplicación de entregas a domicilio para distribuir marihuana a plena luz del día.
Pero las capturas en las calles son solo la primera fase del proceso; es en los tribunales donde la verdadera maquinaria del Estado salvadoreño despliega su poderío absoluto. El sistema judicial está llevando a cabo audiencias masivas, procesando a estructuras enteras de pandillas por los crímenes perpetrados durante sus años de hegemonía. En un juzgado, 31 pandilleros de la temida clica “Sitios Locos Salvatruchos” enfrentan la justicia por agrupaciones ilícitas y por aterrorizar las zonas de San Juan Opico entre los años 2015 y 2022. En el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado, 60 miembros de la MS-13, adscritos a la clica “Walter Loco Salvatrucho” del Programa Cuscatlán, aguardan sentencias condenatorias implacables tras haberse comprobado de manera pericial y testimonial su participación delincuencial.
El golpe de gracia judicial más reciente y devastador tuvo lugar en el oriente del país. La Fiscalía General de la República presentó evidencias tan contundentes en una audiencia única que el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel no tuvo más alternativa que declarar culpables a 112 sujetos pertenecientes a la clica “Molinos Locos Salvatruchos” de la MS-13. Estos criminales, que sembraron la muerte mediante homicidios, privaciones de libertad y extorsiones entre 2018 y 2023 en los distritos de Tecapán y Ozatlán (Usulután), recibieron condenas espeluznantes de hasta 45 años de cárcel ininterrumpida. La estructura jerárquica quedó completamente sepultada bajo el peso de la ley: 30 “homeboys” (miembros de pleno derecho), 12 “chequeos” (aspirantes), 39 “paros” y 31 colaboradores fueron sentenciados a envejecer y, muy probablemente, morir tras las rejas de las prisiones de máxima seguridad.
Frente a esta avalancha de resultados irrefutables en materia de recuperación de la paz pública, la política de seguridad mexicana se encuentra bajo el microscopio más severo de su historia. La postura es diametralmente opuesta. Mientras en El Salvador se asume que la única manera de solucionar un problema arraigado de inseguridad es mediante la aplicación irrestricta de la fuerza del Estado —bajo la premisa de que si un gobierno no vence a la criminalidad es porque partes del mismo son cómplices—, el gobierno de Claudia Sheinbaum navega por un mar embravecido buscando una paz pacificada desde las raíces de la desigualdad.
El debate continental está servido y la onda expansiva está lejos de disiparse. Los defensores de los derechos humanos observan con alarma los juicios masivos y las condiciones penitenciarias extremas en Centroamérica, advirtiendo sobre el sacrificio de las libertades civiles en el altar de la seguridad. Sin embargo, para una población mexicana exhausta tras años de balaceras, secuestros, decapitaciones y el imperio del miedo impuesto por los cárteles, los debates académicos sobre el garantismo penal suenan cada vez más vacíos, lejanos y desconectados de su sufrimiento diario.
La verdadera interrogante que flota en el ambiente no es si México puede, operativa o constitucionalmente, implementar un régimen idéntico al salvadoreño. La escala y el poder de fuego de organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación exigen estrategias mucho más sofisticadas y complejas. La verdadera pregunta, aquella que quita el sueño a políticos y sociólogos por igual, es qué pasará cuando la presión ciudadana llegue a un punto de quiebre. ¿Hasta qué punto la sociedad mexicana estará dispuesta a sacrificar sus libertades civiles a cambio de la promesa de poder caminar por las calles sin el temor inminente de perder la vida?
La conversación ha cruzado las fronteras, ha ignorado las diferencias demográficas y se ha instalado en el centro del debate latinoamericano. Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele se han convertido, de manera involuntaria, en las dos caras de la moneda sobre el futuro del estado de derecho en la región. No gobiernan países similares y ciertamente no enfrentan monstruos idénticos, pero representan dos visiones filosóficas contrapuestas ante el desafío más acuciante del siglo XXI en el hemisferio: la supervivencia del Estado frente al crimen organizado. La comparación ya echó raíces, el reloj sigue su marcha inexorable y, en las calles, millones de personas siguen observando atentas, esperando que algún día, la paz deje de ser una utopía inalcanzable para convertirse, al fin, en una realidad cotidiana.
