La orden vino de arriba: lo que el expediente de Roxana Guzmán revela y las autoridades callan”
Los hombres someten a los presentes, arrebatan un teléfono y se llevan por la fuerza a la dueña de la vivienda. La grabación hecha desde el interior con ese mismo teléfono en los segundos previos a que se lo arrebataran terminaría siendo uno de los registros más difundidos de una agresión contra un periodista en México durante 2026.
La mujer se llama Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Tiene una hija adolescente de 16 años y un hijo de siete. Dirige un medio digital hiperlocal llamado Pulso Informativo del Sureste, también conocido como Pulso Nanchiteco, que había fundado meses antes, en enero de ese mismo año, tras su regreso a Veracruz.
Antes de esa fecha, la vida de Roxana Guzmán ya había sido marcada por la violencia. El 11 de marzo de 2017, su esposo, Carlos Fernández Escalante, fue acribillado a balazos en la colonia Brunet del mismo municipio, a metros de donde ella se encontraba. Fernández Escalante tenía antecedentes, un arresto en 2012 por posesión de armas de uso exclusivo del ejército y de droga y había sobrevivido a un atentado en diciembre de 2015 en el que recibió al menos tres impactos de bala.
Las líneas de investigación sobre su asesinato apuntaron entonces a un ajuste de cuentas por rencillas propias, sin vínculo establecido con la actividad periodística de su esposa. Aún así, la organización comunicación e información de la mujer confirmó que tras ese crimen, Guzmán Ramírez se vio obligada a salir del estado por motivos de seguridad.
En ese momento trabajaba para el diario del Ismo. 9 años después, en enero de 2026, regresó a Nanchital y fundó su propio portal. Los días previos a su secuestro, el trabajo de Roxana Guzmán no versaba sobre crimen organizado. Sus últimas publicaciones documentaban una denuncia ciudadana por la venta de huevo en mal estado y el reclamo de una familia al ayuntamiento por gastos médicos derivados de un accidente con una camioneta oficial.
Un compañero suyo declaró después a un medio nacional que la periodista llevaba entre dos y 3 años activa en el oficio y que jamás mencionó sentirse amenazada. Ninguna pieza de su cobertura reciente, hasta donde se ha hecho público, señalaba directamente al crimen organizado que operaba en la zona. Esa desproporción entre el perfil de su trabajo y la magnitud de lo que vendría es la primera de varias piezas que no encajan con facilidad en una explicación simple. La segunda pieza tiene
nombre y estructura de organización criminal. En el sur de Veracruz opera desde 2017 una célula conocida como Grupo Sombra, también identificada como mafia veracruzana o fuerzas especiales Grupo Sombra. Surgió como una excisión del cártel del Golfo y comenzó sus operaciones en apenas dos municipios, Tucpan y Poza Rica.
Para 2026 controlaba, según reportes de inteligencia militar citados por la prensa, más de la mitad de los 212 municipios del estado, con actividades que incluyen el tráfico de personas y drogas, el robo de combustible conocido como huachicol y el cobro de piso a transportistas. distintas fuentes periodísticas y de investigación, entre ellas el libro Grupo Sombra, el cártel veracruzano que creció en el gobierno de Quitlawak, del periodista Óscar Valderas.
documentan que la organización combinó desde su origen una violencia extrema con una estrategia de dádivas, pavos y refrescos repartidos en Navidad de 2017, juguetes en el día del niño y electrodomésticos en el día de las madres de 2018, siempre acompañados de la exigencia de que los beneficiarios se fotografiaran con los criminales y publicaran mensajes de agradecimiento.
Los volantes que acompañaban esos regalos llevaban impresa una leyenda que se atribuía el patrocinio, Fuerzas especiales Grupo Sombra. La misma organización que repartía pavos publicó ese mismo 2018 un video con el interrogatorio y la decapitación de una mujer.
Distintos reportes señalan como fundador y líder de esta estructura a Francisco Mendiola Cisneros. expicía municipal conocido bajo los alias el comandante Miranda, el Mirinda o el patrón. Pero la cadena de mando que interesa para reconstruir lo que le ocurrió a Roxana Guzmán no llega hasta él, sino hasta un escalón intermedio. De acuerdo con una columna del periodista Héctor de Mauleón, publicada en El Universal y cuyo contenido fue confirmado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, como correspondiente al expediente
judicializado del caso, el responsable de haber ordenado la privación de la libertad de la periodista fue un sujeto identificado como Jesús Chavarría Ramírez, alias Tommy o Shelvby, uno de los líderes de la mafia veracruzana, Nale precisó que la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Aguirre, le confirmó que los datos de esa columna no provenían de una filtración, sino del expediente judicial mismo.
Según ese expediente, Chavarría Ramírez dio la orden de reunir al grupo operativo. Segundo al mando de la célula, José Simón Castro Cayetano, alias Águila, instruyó a su vez a Rolando Córdoba Cayetano, alias Flanders, para que integrara al equipo que ejecutaría la privación de la libertad. Flanders convocó a Javier Iván López Brito, alias Delta 1, a Luis Alberto Soria Romero, alias delta 11, a José del Carmen Cadena Escayola, alias delta 7, y a un cuarto hombre identificado como delta 2 o el infierno. La orden, de acuerdo con la
reconstrucción periodística basada en el expediente, era ir por la periodista y por uno de sus hermanos. La tercera pieza es el móvil que las autoridades atribuyen a la célula. El grupo Sombra habría señalado a Roxana Guzmán como vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, organización rival en la disputa por el territorio del sur de Veracruz.
No hay hasta la información disponible, evidencia pública que sustente esa vinculación real. Lo que existe es la acusación que, según la reconstrucción del caso, motivó la orden de secuestro. Es una distinción que importa. La investigación oficial no ha establecido que la causa haya sido la labor periodística de Guzmán Ramírez, pero tampoco la ha descartado.
La presidenta del Senado, Laura Itsel Castillo Juárez, exigió públicamente que la indagatoria se conduzca con perspectiva de género y sin descartar ninguna línea, incluida la del oficio de la víctima. La cuarta pieza es geográfica. Tras ser sacada de su casa en Nanchital, Roxana Guzmán fue trasladada en un vehículo compacto a un rancho situado entre los municipios de Moloacán e Ioatlán del sureste, a unos 20 km de su domicilio.
Ahí la esperaba un grupo que incluía a Karen Monserrat Cortés Morales, alias Layena, pareja sentimental de cadena Escayola Delta 7. De acuerdo con la reconstrucción de Mauleón, la Lena había estado a cargo de las casas de seguridad de la organización, pero solicitó a sus jefes un ascenso y fue así como se convirtió en parte del grupo operativo de administradora de inmuebles, aicaria.
Junto a ella, en el rancho estaban Tomy Shelby Águila, Flanders y un quinto sujeto conocido como corro, el camaleón o delta 10. Fue Chavarría Ramírez, Tommy o Shelby quien interrogó y torturó personalmente a la periodista. El expediente judicial establece que la acusación que se le formuló durante ese interrogatorio fue la de estar vinculada al cártel rival.
Después de la tortura, otro miembro del grupo, identificado como Rolando Córdoba o Flanders, recibió la instrucción de matarla y fue él quien la golpeó en la parte posterior del cráneo. Según la investigación ministerial, ahí murió Roxana Guzmán. La quinta pieza es la que exige más cuidado al reconstruirse porque toca el cuerpo sin vida de la víctima.
El grupo criminal intentó deshacerse de los restos mediante incineración. Prendieron una hoguera y acercaron un tambo metálico con capacidad de 200 L, donde planeaban arrojar el cuerpo para quemarlo con diésel. La investigación estableció que ese combustible fue llevado hasta el rancho por policías municipales de Iuatlán del sureste.
Los mismos que durante el cautiverio de la periodista habían aportado alimentos y apoyo logístico a la célula. El intento de calcinación no se completó del todo. Distintas versiones periodísticas basadas en fuentes de la fiscalía y en información extraoficial coinciden en que el cuerpo fue calcinado parcialmente dentro del tambo antes de que los perpetradores optaran por enterrar los restos dentro del predio.
¿Por qué quemar un cuerpo con diésel dentro de un tambo de 200 L en un rancho que ya funcionaba como base de operaciones del grupo? La explicación que se desprende de la lógica de la propia organización y que coincide con el patrón documentado en otros casos atribuidos a esta y otras células del crimen organizado en México, apunta a un objetivo doble, eliminar evidencia genética que permitiera identificar tanto a la víctima como el arma o el método del homicidio, y evitar que un
cuerpo hallado con signos de tortura y ejecución generara la presión mediática y judicial que un secuestro sin desenlace público no genera de la misma forma. Un cadáver desaparecido sin rastro alarga la incertidumbre de la familia, pero también dificulta que exista un expediente por homicidio.
Hasta que hay cuerpo en el lenguaje forense y periodístico mexicano. Hay únicamente una desaparición. La quema entonces no solo borra huellas, administra el tiempo de la impunidad. En este caso, esa administración falló. El tambo no logró consumir los restos por completo y los perpetradores terminaron por sepultar lo que quedó de ellos dentro del mismo rancho donde había ocurrido el crimen, a la vista de quienes seguían operando ese predio que asesinó a Roxana Guzmán no fue en este punto la que decidió que su cuerpo fuera hallado. fue la
impericia de su propio método de destrucción la que dejó rastros suficientes para que meses después la fiscalía pudiera localizar los restos. La sexta pieza es la ruta que siguió la investigación durante los casi 30 días que separan el secuestro del hallazgo. La desaparición de Roxana Guzmán se conoció públicamente el mismo 2 de junio a partir de la difusión del video grabado desde el interior de su casa.
En las semanas siguientes, familiares, colegas periodistas y organizaciones de libertad de prensa exigieron a las autoridades intensificar la búsqueda. El caso ocurrió además en un contexto que la prensa nacional documentó de manera paralela. El 11 de junio, 9 días después del secuestro de Guzmán, fue asesinado en un ataque armado en Veracruz.
Luis Ángel López Valdés, director del medio reportaje policiaco veracruzano y reportero de Vanguardia de Veracruz. 5 meses antes había sido baleado Carlos Castro, reportero y director del medio digital código norte Veracruz. Reportero sin fronteras, ubicó a México como el segundo país más letal para ejercer el periodismo en 2025, solo detrás de Palestina.
Ninguno de esos tres casos comparte, hasta donde se ha hecho público, una autoría común comprobada. Comparten, eso sí, el mismo estado y el mismo año. El 3 de julio, 24 días después del secuestro, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo de restos óseos en un rancho de Moloacán.
La ubicación exacta del predio fue revelada por uno de los propios detenidos. José del Carmen Cadena Escayola, Delta 7, había sido arrestado en Cuatzacalcos por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Una vez bajo custodia, señaló el lugar donde, según sus propias declaraciones, había sido ultimada la periodista.
Esa información permitió además ubicar y capturar después a Javier Iván López Brito, Delta 1, señalado como jefe operativo de la célula. Los restos localizados fueron sometidos a pruebas de ADN. El resultado confirmado por la fiscalía estableció que correspondían a Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
La séptima pieza es la del reparto de responsabilidades, tal como quedó consignado en la imputación formal. La Fiscalía General del Estado formuló cargos por homicidio doloso calificado contra ocho personas, tres de ellas identificadas como integrantes directos del grupo Sombra, Javier Iván López Brito, Delta 1, señalado como jefe operativo de la célula, José del Carmen Cadena Escayola, Delta 7 y Luis Alberto Soria Romero, conocido como Delta 11 o El Pelón.
Los tres enfrentan cargos por haber participado directamente en la privación ilegal de la libertad de la periodista y de acuerdo con la investigación ministerial actuaron después en complicidad con Karen Monserrat Cortés Morales la llena, en el homicidio. Las otras cuatro personas detenidas identificadas en los documentos oficiales solo con nombre de pila y la letra N.
como Julio César, Luis Enrique, Juan Carlos e Ismael eran policías municipales de IUatlán del sureste al momento de los hechos. Uno de ellos, Ismael, se desempeñaba como comandante de esa corporación. Según la fiscalía, los cuatro uniformados proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a la célula criminal durante el cautiverio de la periodista y fueron ellos quienes llevaron el diésel utilizado para incinerar sus restos.
Esta es quizá la pieza que más pesa en el rompecabezas. No se trató de un grupo criminal operando al margen de toda autoridad, sino de una estructura en la que una corporación de seguridad pública municipal, cuya función constitucional es proteger a la ciudadanía, actuó como proveedora logística de quienes privaron de la libertad, torturaron, ejecutaron e intentaron incinerar a una comunicadora.
El propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, lo planteó en esos términos durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Shane Baum Pardo. Informó que hasta ese momento se habían cumplimentado ocho órdenes de aprensión, que las ocho personas estaban detenidas y que la investigación permanecía abierta porque en sus palabras aún faltan más personas.
por detener. Harfush señaló mantener comunicación constante con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nagile, así como con la Fiscalía y la Policía Estatal. La presidenta Shane Bom, por su parte lamentó la situación y exhortó a los periodistas que se consideren en riesgo a acercarse a la Secretaría de Gobernación para solicitar mecanismos de protección y se comprometió a presentar un informe detallado sobre los asesinatos de periodistas y activistas en el país.
La octava pieza corresponde al cierre ritual del caso en el sentido más literal, la despedida de Roxana Guzmán. Sus restos fueron entregados a su familia y velados de manera privada el lunes 6 de julio en su domicilio de la calle Balderas número 37 en Nanchital. Al día siguiente, martes 7 de julio, se celebró una misa de cuerpo presente en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el centro del municipio.
El cortejo, acompañado de músicos, partió después hacia el panteón de Santa Elena, donde fue sepultada. Su madre, Rubicelia Ramírez, agradeció públicamente a los medios de comunicación y a las autoridades por haber encontrado a su hija y aclaró que la familia no realizaría misas de los 9 días, sino que recibiría en su domicilio a quien quisiera acompañarlos.
En el velorio, Rubiselia Ramírez describió lo que significaba para ella tener finalmente un lugar físico a donde llevar flores y llorar. y dijo sentir en carne propia lo que sienten las madres buscadoras que aún no encuentran a sus familiares. Sobre la expectativa de justicia fue igual de directa.
Afirmó que la única que espera es la de carácter divino. La novena pieza es organizativa y remite a un patrón que excede el caso individual. El mismo grupo sombra al que se atribuye el asesinato de Roxana Guzmán es señalado también como responsable del homicidio de Irma Hernández Cruz, una jubilada de 65 años que trabajaba como taxista y que fue secuestrada en julio de 2025.
Días después de su desaparición circuló un video en el que aparecía rodeada de hombres armados, advirtiendo a otros taxistas que quien no pagara su cuota a la mafia veracruzana terminaría como ella. La gobernadora Nahle atribuyó en su momento la muerte de Hernández Cruz a un infarto. Los dos casos, el de la taxista y el de la periodista, comparten la misma organización señalada como responsable.
Y según reportes de columnistas que han seguido de cerca ambos expedientes, el mismo patrón de extorsión y castigo ejemplar hacia quienes se percibe como un obstáculo o una amenaza para el control territorial de la célula. La décima y última pieza disponible hasta ahora es la del estado de la causa judicial y política al cierre de esta reconstrucción, la primera semana de julio de 2026.
Periodistas y organizaciones civiles han pedido a la Fiscalía General del Estado que el caso se clasifique como feminicidio, una calificación jurídica que en México obliga a un protocolo de investigación distinto al del homicidio doloso, simple o calificado, con perspectiva de género obligatoria en cada diligencia.
Esa solicitud sigue hasta donde se ha informado públicamente sin resolución. La fiscalía ha señalado que continúa la búsqueda de más responsables, además de los ocho ya detenidos y el secretario Harfook ha reiterado que existen órdenes de apreensón pendientes de ejecutar.
Ninguna autoridad ha anunciado hasta ahora la detención de Jesús Chavarría Ramírez, Tommy o Shelby, señalado por el propio expediente judicial como quien ordenó la privación de la libertad que terminó en el asesinato. Tampoco la de José Simón Castro Cayetano Águila, ni la de Rolando Córdoba Cayetano, Flanders, señalado como quien ejecutó materialmente el golpe que le costó la vida a la periodista.
Según la misma reconstrucción basada en el expediente. Queda así planteado con las piezas que hoy están documentadas, el itinerario de 24 días que se paró la mañana en que un vehículo blanco se detuvo frente a una casa en Nanchital, del momento en que unas pruebas de ADN confirmaron que los restos hallados en un rancho de Moloacán pertenecían a Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
En medio un interrogatorio bajo tortura fundado en una acusación no verificada públicamente, una orden de muerte ejecutada a golpes, un intento de incineración con diésel que no logró destruir por completo lo que pretendía borrar. Una sepultura clandestina dentro del mismo predio crimen y cuatro policías municipales que en vez de investigar una desaparición surtieron el combustible para intentar borrar sus huellas. La causa sigue abierta.
Los nombres que aparecen como autores intelectuales de la orden siguen hasta la fecha de este reporte libres.
