Un coronel entra a la cárcel más peligrosa de Quito. Descubre que las cámaras no las controla el estado, las controlan ellos. Se las arranca. 22 días después aparece muerto en su auto en plena avenida. Lo que encontró adentro no era un secreto que pudiera guardarse, era una sentencia.
Y te vamos a mostrar paso a paso cómo el sistema lo dejó solo frente a los lobos. El jueves primero de diciembre de 2022 amaneció frío en Quito, un frío ordinario de Ciudad Andina, sin nada que lo distinguiera de cualquier otro jueves de invierno en la capital ecuatoriana. A las 8:30 de la mañana, el coronel Santiago Power Losa Moscoso salió hacia su trabajo como lo había hecho durante 22 días seguidos, sin escolta, sin vehículo blindado, sin un solo agente del estado protegiéndolo.
que subió al carro de su hijo, un Kia Picanto de color plomo subcompacto, de los que se pierden en el tráfico, exactamente el tipo de vehículo que un hombre sin protección usa cuando el estado que representa le dijo con todas las letras que no había presupuesto para mantenerlo con vida. Tomó la avenida Simón Bolívar en dirección norte sur, una arteria larga concurrida de las que cruzan Quito de punta a punta y donde el tráfico matutino diluye cualquier cosa entre centenares de autos.
En ese anonimato calculado, alguien lo estaba esperando. No era la primera vez que lo seguían. Llevaban días mapeando su ruta, sus horarios, el modelo del vehículo, la forma en que conducía. Solo la inteligencia que los lobos desplegaron sobre Santiago Losa fue más meticulosa que cualquier esquema de protección que el estado jamás se dignó ofrecerle.
A la altura del redondel de Halo, donde la Simón Bolívar se intersecta con la calle de los Nogales en el nororiente de la ciudad. Una motocicleta de alto cilindraje se emparejó con el Kia Picanto. Dos hombres a bordo, cascos negros que borraban sus caras del mundo. Lo que ocurrió en los siguientes segundos fue preciso, entrenado, sin vacilación.
Múltiples disparos dirigidos a la ventana delantera izquierda, directo al conductor. Impactos en la cabeza. Impactos en el tórax. El tipo de patrón de fuego que no deja margen para el error ni para la sobrevivencia. El Kia Picanto continuó rodando sin nadie al volante. Avanzó unos metros más por simple inercia antes de desviarse y golpear la cuneta al costado de la avenida.
La motocicleta ya había desaparecido entre el tráfico. Quito seguía moviéndose. Los autos de atrás frenaron, los de al lado esquivaron. Nadie entendió de inmediato lo que había pasado. Fueron los conductores civiles que se acercaron al vehículo detenido. Los que encontraron al coronel. Creyeron que era un accidente, un desmayo, tal vez una falla mecánica.
No había nada en la escena que gritara inmediatamente lo que era una ejecución quirúrgica ordenada desde adentro de una prisión del estado, cumplida en una avenida principal de la capital a plena luz de la mañana. Llamaron al ECU 911 para cuando llegaron los servicios de emergencia, Santiago Losa ya no tenía pulso. 22 días.
Ese es el número que lo explica todo y que no explica nada al mismo tiempo. 22 días en el cargo, menos de un mes. El tiempo suficiente para descubrir algo que no debía ver y no el suficiente para que el sistema que lo puso ahí lo blindara de las consecuencias. Santiago Losa había asumido la dirección del Centro de Privación Provisional Pichincha número 1 el 9 de noviembre de 2022.
La cárcel conocida en todo el país como el Inca, un recinto en el norte de Quito que albergaba más de 13 internos en un espacio diseñado para menos de 1000, gobernado desde sus pabellones por las células operativas de los lobos, la organización criminal más extensa y letal de Ecuador. Los llegó a esa institución sin saber dónde pisaba. Llegó exactamente dos días después de que cinco reclusos fueran asesinados adentro en la décima masacre carcelaria del año.
El país contaba las masacres como si fuera un marcador deportivo. 53 años. Excoronel de la Policía Nacional. Carrera forjada en los distritos más violentos del Ecuador. Había pedido voluntariamente su retiro en el 2016. Había administrado tránsito metropolitano, había construido una vida civil. Alguien lo llamó y le ofreció la dirección de la prisión más conflictiva de la capital en el peor momento de la historia reciente del sistema penitenciario ecuatoriano y aceptó.
Esa decisión merece detenerse un instante. No porque haya sido ingenua, sino porque fue consciente. Los sabía perfectamente la naturaleza de lo que estaba heredando. Una institución podrida, un recinto controlado por criminales, un cargo que sus predecesores habían ejercido con cobardía o con complicidad.
Su antecesor directo había sido atrapado intentando ingresar con bando camuflado en latas de pintura, teléfonos celulares, sierras, cables, cigarrillos. El hombre a quiena venía a reemplazar era parte del sistema quea vino a desmantelar. Y ahí está la pregunta que este video va a responder. No, ¿quién apretó el gatillo esa mañana en el redondel de Wallo? Eso en términos criminales es el detalle menor.
La pregunta real es, ¿qué encontró Santiago Losa en los primeros días dentro de esa prisión que lo convirtió en un objetivo que no podía quedar vivo, que arrebató, que desafió, que rompió? ¿Que pesó más que su vida? Porque los lobos no ejecutan a directores de cárcel por principio. Lo hacen cuando alguien toca algo que no debía tocar.
Las primeras auditorías operativas de los revelaron una anomalía que redefinía todo el significado de la palabra control, los circuitos cerrados de televisión de la prisión, las cámaras de videovigilancia que supuestamente permitían al Estado ver cada rincón del recinto. No estaban siendo operadas por los guías penitenciarios, no estaban siendo monitoreadas por ningún funcionario del SNI, estaban bajo el control de los cabecillas de los lobos.
Eran ellos quienes miraban, ellos quienes decidían qué se veía y que no. El Estado no vigilaba a los presos. Los presos vigilaban al estado. Desde esas pantallas, los líderes de los pabellones podían anticipar cualquier requisa, podían identificar a cada nuevo guarda que ingresaba, estudiar sus rutinas, detectar sus flaquezas, podían garantizar que ninguna transacción interna, ningún cargamento, ninguna reunión de mando fuera registrada por ojos que no fueran los suyos.
La cárcel funcionaba como un fortín de inteligencia privada operado por una organización narcoterrorista en el corazón de la capital ecuatoriana, a pocos kilómetros del palacio de gobierno, y nadie dentro del sistema oficial había hecho nada al respecto. Losa procedió a desarmar ese sistema. fue paso a paso eliminando los privilegios que los líderes de los pabellones habían acumulado durante años de complicidad institucional.
La respuesta no tardó. En reuniones formales con delegados de los reclusos presentes, los cabecillas de los lobos le advirtieron directamente que no se metiera. Le recordaron sin metáforas que ellos siempre habían administrado ese espacio, que él era un visitante, que el estado era una ficción, que ellos toleraban mientras no interfiriera.
Losa interfirió y 22 días después en un Kia Picanto gris en plena avenida Simón Bolívar pagó el precio exacto que los lobos habían establecido para esa clase de interferencia. Lo que sucedió entre ese primer día de auditoría y esa mañana de diciembre es la historia real y empieza mucho antes de que los pisara la cárcel por primera vez.
Un cadáver con huellas dactilares ajenas, un capo que el mundo creía muerto, dirigiendo un ejército desde Europa. Eso es lo que estaba al otro lado de esas cámaras que Losa apagó. Y para entender por qué eso lo condenó, necesita saber cómo Ecuador pasó de ser un país en paz a convertirse en el campo de batalla más sangriento del continente.
Santiago Power losa Moscoso no llegó a la dirección de El inca por accidente ni por política. Llegó porque tenía el perfil que ningún burócrata de escritorio quería asumir, el de alguien que había visto el crimen desde adentro a nivel de calle, en la demarcación policial más violenta de una ciudad que ya era la capital del narcotráfico costero ecuatoriano.
Se graduó del bachillerato en la Fuerza Aérea Ecuatoriana en julio de 1987, especializándose en físicomatemática. Era la clase de perfil metódico analítico que la institución policial necesitaba para territorialidades que requerían más que fuerza bruta. Forjó su carrera dentro de la Policía Nacional durante casi tres décadas hasta alcanzar el rango de coronel, la cima de la coordinación táctica operativa en el sistema policial ecuatoriano.
Entre 2013 y 2016, Losa fue jefe policial del distrito Esteros en el sur de Guayaquil. No era una asignación de protocolo. El surportuario de Guayaquil era y sigue siendo una de las zonas de mayor penetración del narcotráfico en todo el subcontinente. Rutas de salida de cocaína, territorios fracturados entre pandillas, sicariato cotidiano.
Losa no administraba planillas. administraba situaciones donde un error de cálculo tenía consecuencias letales. Sobrevivió, aprendió y en 2016 tomó una decisión que sorprendió a muchos dentro de la institución. solicitó voluntariamente su baja. El decreto presidencial 1901 formalizó su retiro.
Después de décadas en las trincheras, Losa transitó al ámbito civil. Hasta 2021 ocupó la Dirección de Ingeniería de Tránsito en la Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre de Quito. Era un hombre que había bajado la guardia o que al menos creía poder hacerlo. Cuando lo llamaron de vuelta, el país al que regresaba no era el mismo que había dejado.
Para entender la dimensión de ese cambio, hay que retroceder a lo que Ecuador era antes de diciembre de 2020. El narcotráfico existía, claro que sí. Las rutas de cocaína del Pacífico ecuatoriano eran operativas desde décadas atrás, pero había algo que lo distinguía de Colombia o México, una arquitectura de control que mantenía la violencia en umbrales manejables.
Esa arquitectura tenía nombre, apellido y un apodo que lo decía todo. Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fundador y conductor de los choneros. La organización que durante años monopolizó la administración de las rutas de cocaína hacia los puertos del Pacífico ecuatoriano. Zambrano no era un capo de película, era un operador logístico con la disciplina suficiente para mantener a sus subsidiarios en línea y la inteligencia política para no provocar al Estado más allá del umbral que justificara una
intervención militar sostenida. Bajo su hegemonía existía lo que los analistas de seguridad llaman una PAX mafiosa, una tregua tácita no escrita, donde la violencia estaba calibrada para no desbordarse hacia la población civil ni hacia las instituciones, de manera que forzara una respuesta irreversible.
Los índices de homicidio se mantenían. El estado miraba hacia otro lado con cierta comodidad. Eso terminó en un centro comercial de Manta, provincia de Manabí, a finales de diciembre de 2020. Jorge Zambrano fue acribillado en ese espacio público, rodeado de civiles, en un ataque que no dejó dudas. Alguien quería mandar un mensaje y no le importaba el método.
La muerte de Rasquiña no fue el fin de los choneros, fue el fin del orden que los choneros habían impuesto. Lo que siguió fue una guerra de secesión interna. Las sufacciones que habían operado como brazos armados subordinados a la matriz de Zambrano, grupos que él mantenía contenidos con una mezcla de lealtad forzada, reparto de rentas y amenaza de represalia, quedaron sueltas de golpe.
La disputa por la sucesión entre los candidatos naturales dentro de los choneros como Junior Roldán, alias JR y José Adolfo Macías, alias Fito, aceleró el proceso de fragmentación. Las facciones que no querían someterse a ningún sucesor decidieron que era más rentable y más seguro a largo plazo tener su propia bandera. De ese cisma violento emergieron los tiguerones, los chillers y la organización que más rápido creció, la que mejor entendió que la guerra del siglo XXI se gana con logística, capital diversificado y alianzas transnacionales, los lobos.
La organización fue fundada inicialmente bajo el mando de un operador conocido únicamente por su alias Pipo. En sus orígenes, los lobos eran una célula armada dentro del ecosistema de los choneros. Con la muerte de Rasquiña, Pipo vio la oportunidad que estaba esperando.
Rompió la jerarquía, se llevó a sus hombres y comenzó a construir algo distinto. No una banda callejera escalada, sino una estructura con ambiciones corporativas y métodos de insurgencia. La diferencia crítica fue la alianza que Pipo consiguió cerrar. Los lobos no crecieron solos, crecieron con el apoyo logístico, financiero y doctrinal del cártel de Jalisco Nueva Generación.
El SJNG, la organización criminal mexicana, que para ese momento ya era considerada por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos como la organización criminal más poderosa y más violenta del planeta. De los mexicanos, los lobos importaron algo más que dinero y armamento. Importaron una doctrina, tácticas de terrorismo urbano, métodos de insurgencia carcelaria, la filosofía de que el Estado no es un adversario que se evita, sino un enemigo que se penetra, se corrompe y se neutraliza desde adentro.
Cuando el Estado ecuatoriano comenzó a presionar más fuerte y los servicios de inteligencia pusieron a Pipo en la mira, el capo ejecutó una maniobra que hasta ese momento nadie había documentado en el crimen organizado latinoamericano con ese nivel de elaboración, en 2021, Pipo murió de COVID-19. El certificado fue firmado, el cuerpo fue presentado, los registros oficiales cerraron el caso, pero el cadáver no era el de Pipo.
Las huellas dactilares que identificaban el cuerpo habían sido quirúrgicamente implantadas. La operación, según reportes de inteligencia, fue financiada en parte por Leandro Norero, alias el patrón, uno de los narcotraficantes ecuatorianos de mayor proyección internacional antes de su propia caída. El resultado fue que Pipo continuó dirigiendo los lobos desde el exterior, presuntamente desde España, mientras el Estado ecuatoriano lo archivaba como una amenaza neutralizada.
El jefe del ejército más grande del crimen organizado ecuatoriano, operaba en libertad plena en Europa, mientras sus soldados tomaban cárceles, puertos y territorios con una velocidad que ningún análisis de inteligencia había proyectado. Para 2022, los lobos superaban los 10,000 miembros activos en todo el territorio nacional.
Ya no eran una banda, eran un estado paralelo con fuerzas armadas, sistema tributario propio, infraestructura logística transnacional y una política exterior que incluía alianzas con los cárteles más letales del hemisferio. Ecuador, el país que durante décadas se había vendido al mundo como la isla de paz en un continente en llamas, había alcanzado tasas de homicidio que duplicaban y triplicaban las de años anteriores.
Las masacres carcelarias se contaban por docenas. El sicariato político había dejado de ser una excepción para volverse un mecanismo de gobernanza. En ese Ecuador fue donde llamaron al coronel retirado Santiago Losa, y le ofrecieron la dirección de la cárcel de el inca. Lo que Losa no sabía, lo que nadie en el SNI le dijo antes de firmar su nombramiento, es que el director que iba a reemplazar había sido capturado meses antes intentando meter contrabando camuflado dentro de latas de pintura.
No era el primer director comprometido, era simplemente el último en ser atrapado. Un director de prisión capturado metiendo contrabando en latas de pintura. Ese era el nivel del hombre al que losa reemplazó. Lo que viene ahora no es la historia de una banda criminal, es la historia de un estado que entregó sus llaves, sus cámaras y sus pabellones y después se preguntó porque nadie lo respetaba.
Para entender por qué Santiago Losa estaba condenado desde el momento en que firmó su contrato, hay que entender primero qué clase de organización esperaba del otro lado de esa puerta. No una pandilla, no un cártel en el sentido clásico, algo más cercano a una corporación multinacional con división de sicariato, división de minería, división de extorsión y división jurídica.
una empresa con más de 10,000 empleados activos en territorio ecuatoriano y una gerencia que operaba desde el continente europeo. Los lobos no llegaron a ese tamaño por accidente. Llegaron porque llenaron un vacío que ninguna institución del Estado supo, quiso o pudo ocupar y lo llenaron con la única moneda que funciona cuando el monopolio de la violencia colapsa.
Miedo administrado con precisión industrial. La columna vertebral financiera de la organización descansaba sobre tres pilares. El primero era el narcotráfico, las rutas de cocaína hacia los puertos del Pacífico, líneas heredadas parcialmente del esquema anterior de los choneros y reconfiguradas con el músculo logístico del cártel de Jalisco Nueva Generación.
El segundo pilar era más silencioso, más sucio y más rentable de lo que cualquier informe oficial admitía públicamente, la minería ilegal de oro. En el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Asuay, los lobos habían penetrado el sector aurífero con la misma metodología con la que operan en cualquier territorio que conquistan.
Primero, presencia armada. Segundo, extorsión a los mineros informales que ya trabajaban la zona. Tercero, control absoluto del flujo de material. El esquema se replicó hacia el sur, hacia zonas de protección ambiental como el Parque Nacional Podocarpus, donde miles de mineros operaban bajo un régimen que combinaba servidumbre económica y terror permanente.
Los conductores de los camiones que transportaban el oro extraído de forma ilegal no pagaban peajes estatales, pagaban a los lobos y no eran montos simbólicos. Las cifras que documentaban los informes de inteligencia oscilaban entre 40,000 y $60,000 por viaje para garantizar el tránsito sin interferencia policial o militar.
No era soborno, era una tarifa de servicio cobrada por una autoridad paralela que había reemplazado al Estado en esas rutas. La diferencia entre ambas autoridades era que una tenía presupuesto para proteger a sus funcionarios y la otra, según diría meses después el titular del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad. No.
El tercer pilar era la extorsión directa sobre la economía urbana. En el sur de Quito y los cantones aledaños, la organización había instalado un régimen de cobro sistemático sobre los gremios de transporte. Las cuotas comenzaban en $20,000 y escalaban hasta 50,000. no eran negociables. El 15 de julio de 2024, un dirigente del gremio de taxistas fue asesinado en el barrio Chilibulo para demostrar que la negativa a pagar tenía un costo fijo e inmediato.
Era un mensaje dirigido a todos los que pudieran estar considerando resistir. El mensaje era claro. El costo de no pagar siempre supera el costo de pagar. Con esa matrix financiera, los lobos podían sostener algo que ningún estado latinoamericano con déficit fiscal puede garantizar. operaciones continuas, personal pagado a tiempo y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier amenaza.
Podían comprar armas, podían comprar silencio y, como quedaría demostrado en el caso de Santiago Losa, podían comprar la muerte de un coronel por un precio que el Estado ecuatoriano nunca fue capaz de calcular antes de nombrarlo. Ahora bien, para que toda esa arquitectura funcionara sin fricción, necesitaban una base de operaciones, un lugar físico donde la cadena de mando pudiera operar, donde las comunicaciones no fueran interceptadas, donde la logística interna de la organización pudiera coordinarse con relativa impunidad, el sistema penitenciario ecuatoriano,
específicamente la cárcel de el inca. en Quito. Era exactamente ese lugar. El Centro de Privación Provisional Pichincha número 1 albergaba a más de 13 internos en un espacio diseñado para 95, 39% por encima de su capacidad. El personal de custodia era insuficiente para mantener control real sobre los pabellones.
Las requisas eran predecibles y el director que precedió a los había demostrado de manera espectacular hasta dónde llegaba la permeabilidad institucional del recinto. Carlos Jaramillo, predecesor de Santiago Losa en la dirección de el Inca, no fue removido por incompetencia administrativa ordinaria. fue capturado por las autoridades en el momento exacto en que intentaba ingresar al penal objetos de contrabando camuflados dentro de latas de pintura comercial, teléfonos celulares, cables de carga, sierras de corte, cigarrillos.
El hombre encargado de garantizar que nada ilegal cruzara los muros de la prisión era el canal por donde cruzaban las cosas ilegales. Esa es la definición operativa de una institución capturada. Pero Jaramillo era apenas el síntoma visible. La infección corría más profundo porque lo que Losa descubriría semanas después de asumir el cargo era que el control de los lobos sobre el inca dependía de un director corrupto, dependía de algo más sofisticado, más invisible y más difícil de desmantelar. El control absoluto
sobre el sistema de vigilancia electrónica del penal. Las cámaras de circuito cerrado instaladas en los corredores, accesos y pabellones de el incaadas por los guías penitenciarios del estado. Estaban siendo operadas, administradas y controladas en tiempo real por los cabecillas de los lobos desde el interior de los pabellones.
No era una filtración de información, era una transferencia de soberanía digital completa. El Estado había construido un sistema para vigilar a los presos y los presos lo habían invertido para vigilar al Estado. Desde esos monitores, los jefes de los lobos sabían exactamente cuándo llegaba un requisador.
Sabían que guardias estaban de turno. podían identificar rostros, rutinas, franjas horarias y puntos ciegos. Podían coordinar transacciones de droga en los ángulos muertos de la cámara. Podían verificar en tiempo real funcionario nuevo estaba haciendo preguntas incómodas, como las que haría los desde su primer día.
El panóptico, en teoría diseñado para doblegar al recluso mediante la vigilancia omnipresente del Estado, había sido apropiado por los reclusos para doblegar al Estado mediante la vigilancia omnipresente del crimen. Y en el centro de esa operación, coordinando las redes de cocaína en el corredor andino, desde los pabellones bajo control de los lobos en la cárcel regional de Cotopaxi, estaba Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis, 31 años, segundo al mando de la organización a nivel nacional y uno de los casos más documentados de impunidad judicial en la
historia reciente del Ecuador. Arboleda no nació en la cúpula. Llegó a ella a través de un ascenso que el sistema judicial ecuatoriano facilitó paso a paso con una consistencia que habría resultado cómica si no fuera letal. inició su carrera delincuencial como sicario de infantería, un gatillero más en el ecosistema de los lobos emergentes, pero tenía algo que lo diferenciaba de sus pares.
Entendía que la capacidad de comprar un fallo judicial valía más que cualquier arma de fuego, porque el arma podía ser confiscada y el fallo producía libertad inmediata. Desde 2013, Arboleda acumuló más de 10 procesos penales. Tentativa de homicidio, delincuencia organizada, tráfico de drogas a escala industrial, tráfico de armas.
El expediente era suficientemente grueso como para que ningún juez razonable pudiera ignorarlo. Pero el año 2022 demostró que la razonabilidad no era la variable que determinaba las resoluciones judiciales en los casos que involucraban dinero de los lobos. Enero de 2022, Arboleda fue capturado. Los cargos eran graves, la evidencia era sólida.
Semanas después, un fiscal emitió un dictamen abstentivo decidiendo no acusar. Gordo Luis salió libre. En julio de 2022 fue capturado nuevamente. Esta vez un certificado médico de origen cuestionable apareció en el expediente argumentando que su estado de salud era incompatible con la prisión preventiva. Un juez constitucional, amparándose en el derecho a la salud, ordenó su liberación.
En octubre de 2022, tercera captura para el momento en que Santiago Losa asumía la dirección de el Inca en noviembre de ese mismo año. Arboleda llevaba un ciclo perfecto. Captura resolución favorable libertad. Operación captura resolución favorable libertad. Lo que esa cronología muestra no es la historia de un criminal hábil esquivando al sistema.
Es la historia de un sistema que ante el dinero suficiente dejaba de funcionar como sistema y empezaba a funcionar como servicio. Dictámenes fiscales a medida, diagnósticos médicos de conveniencia, resoluciones de medidas cautelares que convertían la prisión preventiva en una anécdota administrativa.
El derecho, en manos de operadores corruptos, se transformaba en el arma más eficiente del narco, porque producía impunidad con sello oficial y firma de magistrado. Gordo Luis no era una excepción al sistema. Era la prueba de que el sistema funcionaba exactamente como los lobos necesitaban que funcionara.
Y mientras ese engranaje judicial giraba con fluidez, la organización seguía expandiendo su control sobre las prisiones, las rutas del oro, los gremios de transporte y los pabellones donde el Estado había abdicado su autoridad hace años. Cuando Santiago Losa entró por primera vez a la cárcel de El Inca en noviembre de 2022, no entró a una prisión.
Entró al cuartel de una organización que ya había derrotado a todos sus predecesores, comprado a sus fiscales, liberado a sus capos y convertido las cámaras de vigilancia del Estado en sus propios ojos. Lo que Losa encontró en esas pantallas no era evidencia de un crimen, era la demostración de que el crimen ya había ganado y él era el primero en verlo con claridad suficiente como para intentar hacer algo al respecto. Eso bastó.
La firma que losa estampó sobre esas actas era retrospectiva. Los presos ya estaban esposados, los furgones ya estaban en marcha y nadie le había avisado nada. Lo que vino después en esas horas no fue un motín, fue una ejecución planificada con semanas de anticipación y los vio venir desde el primer día que pisó ese lugar.
El 9 de noviembre de 2022, Santiago Power Losa Moscoso cruzó por primera vez las puertas de la cárcel de El Inca como su director. No llegaba a una institución en crisis, llegaba a los restos de una institución que ya había sido reemplazada por otra, lo que el Estado llamaba Centro de Privación Provisional Pichinchan, ¿no? era para todo fin práctico, un cuartel operativo de los lobos con guías penitenciarios adentro.
48 horas antes de su nombramiento, el 7 de noviembre, cinco internos habían sido asesinados dentro del penal. Era la décima masacre carcelaria registrada en el país en menos de 2 años. El director que lo precedía, Carlos Jaramillo, no había salido del cargo por incapacidad en el sentido ordinario.
Había salido porque fue detenido intentando ingresar teléfonos celulares, cables, sierras y cigarrillos meticulosamente sellados dentro de latas de pintura comercial. El hombre que custodiaba la prisión era parte del sistema que operaba desde adentro. Losa sabía lo que encontraría. Lo que no podía calcular con exactitud era la profundidad del pozo.
Un recinto diseñado para 95 internos albergaba en ese momento a más de 13. Los pabellones controlados por los lobos no eran zonas de tensión dentro de una prisión funcional. eran el núcleo de un sistema paralelo con jerarquías, reglas propias y un aparato de vigilancia que el Estado había perdido hace tiempo. La primera semana, Losa hizo lo que haría cualquier oficial con tres décadas en territorios de narcotráfico, auditó.
revisó los registros operativos, los protocolos de seguridad, los sistemas instalados y ahí encontró la primera pieza del rompecabezas, las cámaras de circuito cerrado que debían permitir a los guías penitenciarios monitorear el interior del penal, no estaban bajo control de los guías penitenciarios, estaban bajo control de los cabecillas de los lobos.
No se trataba de un fallo técnico ni de una negligencia administrativa acumulada. Era una sesión deliberada, construida a lo largo de años de complicidad o de rendición, que había convertido el sistema de vigilancia estatal en una herramienta de inteligencia criminal. Desde esas pantallas, los líderes de pabellón sabían cuándo llegaba una requisa antes de que los guías la iniciaran.
Sabían quién visitaba las oficinas de dirección, con qué frecuencia, en qué horarios, sabían qué custodios eran más permisivos, cuáles más peligrosos, cuáles podían ser comprados y a qué precio. El Estado no vigilaba a los reclusos. Los reclusos vigilaban al estado. Losa procedió a desmantelar ese acceso paso a paso, sin anuncios, sin negociaciones, comenzó a reasignar el control del sistema de cámaras a personal del SNI de confianza.
empezó a eliminar los privilegios acumulados en los pabellones bajo régimen de los lobos, beneficios informales, accesos, excepciones que con los años habían pasado a ser tratados como derechos adquiridos por las estructuras criminales. Cada modificación era una declaración de guerra que él probablemente sabía cómo sería interpretada.
La respuesta llegó por canales formales, lo cual era en sí mismo una muestra de cuánto poder habían acumulado. Durante reuniones de intermediación con administradores y delegados de internos, los representantes de los lobos fueron directos. Le advirtieron que no se metiera. Le recordaron con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito, que ellos siempre habían administrado ese espacio, que él era el nuevo nombre en un despacho que habían gobernado mucho antes de que llegara y que seguirían gobernando mucho después
de que se fuera, que era en el vocabulario más preciso posible un visitante. no retrocedió y esa decisión tomada en silencio y sin testigos que la documentaran formalmente fue el punto de no retorno. La noche del 17 de noviembre llegó como todas las demás. Losa ya llevaba 8 días en el cargo, 8 días de auditorías, de ajustes, de tensión contenida dentro de los pabellones.
Fue entonces cuando un interno de posición jerárquica dentro de la estructura carcelaria solicitó hablar con él. El mensaje era urgente y concreto. El gobierno planificaba trasladar a los cabecillas de mayor nivel del penal hacia la roca, la prisión de máxima seguridad en la costa antes del amanecer. Y si esos traslados se ejecutaban, las consecuencias para Los y para su familia serían calculadas y severas.
La advertencia tenía todos los elementos de una amenaza formal disfrazada de información. Losa actuó con disciplina institucional. Ordenó revisar inmediatamente los registros administrativos del SNAE. No había ninguna orden escrita, ningún correo oficial, ninguna disposición documentada que autorizara el movimiento de ningún recluso para la madrugada siguiente. Los archivos estaban vacíos.
La cadena de mando no había producido ni una sola línea de texto que avalara lo que el emisario le acababa de describir con precisión quirúrgica. Losa tenía dos opciones lógicas en ese punto. O el informante estaba mintiendo para provocar una reacción o alguien dentro del aparato de seguridad del estado estaba planificando una operación de la que el director de la cárcel involucrada había sido deliberadamente excluido.
Esa noche no hubo respuesta. Esa noche solo hubo silencio. A las 4 de la mañana del viernes 18 de noviembre, el teléfono de los sonó. Lo convocaban de emergencia a el inca. Cuando llegó, la escena que encontró no era la de una prisión en tensión ordinaria, era la de una operación táctica en plena ejecución, un contingente masivo y fuertemente armado de las fuerzas armadas y de unidades élite de la policía nacional.
Ocupaba el perímetro y el interior del penal. No habían llegado con él. habían llegado antes sin notificación, sin coordinación, sin la firma de quien dirigía legalmente el establecimiento. El objetivo de la operación era Jonathan José Bermúdez Fuentes, conocido en los pabellones como alias el primo o el piloto.
Los estamentos de inteligencia lo habían identificado como el cerebro logístico y operativo de los lobos dentro de el inca y como el autor directo que había ordenado la masacre de cinco internos el 7 de noviembre. Junto con él, la operación apuntaba a extraer a otros tres cabecillas, Juan Saltos, alias el sargento, Milton Quintana, alias Junior, y David Hualotuña, alias Hormiga.
Cuando Losa llegó, los cuatro ya estaban siendo trasladados, las esposas ya estaban puestas, los furgones ya estaban encendidos. La operación no esperaba su autorización porque en los hechos no la necesitaba. Las cadenas de mando militar y policial habían decidido actuar prescindiendo de la autoridad civil del director y ahora necesitaban simplemente que esa autoridad civil pusiera su firma en los papeles para darle legalidad retroactiva a lo que ya había ocurrido.
Bajo la presión de cientos de efectivos armados en el patio, con los vehículos de traslado listos para partir y con la operación tácticamente consumada, Santiago Losa firmó las actas de traslado de tres de los cuatro reclusos. La firma era retrospectiva en el sentido más literal.
Los documentos certificaban una decisión que no había tomado sobre un procedimiento del que no había formado parte, sobre detenidos que ya estaban en camino a la costa cuando el bolígrafo tocó el papel. No era la firma de alguien con poder, era la firma de alguien a quien el sistema usaba como sello de goma. La respuesta de los lobos llegó antes de que el sol terminara de salir.
Las células que habían permanecido en los pabellones recibieron la señal y activaron un protocolo que claramente había sido preparado con anticipación. Lo que ocurrió en las horas siguientes dentro de el inca fue la undécima masacre carcelaria registrada en Ecuador en ese periodo. 10 internos muertos, la mayoría de ellos no por armas de fuego ni por golpes, por estrangulamiento.
El estrangulamiento no es el método de alguien que perdió el control. Es el método de alguien que tiene tiempo, que está seguro de no ser interrumpido y que quiere que el proceso sea íntimo y visible para quienes lo rodean. Es una demostración de soberanía, no una explosión de violencia.
Los lobos no estaban respondiendo a un traslado que los tomó por sorpresa. Estaban ejecutando un protocolo prediseñado para comunicar con la frialdad de 10 cadáveres que ninguna operación estatal dentro de sus muros quedaría sin respuesta calculada. Los familiares de los internos comenzaron a congregarse en los exteriores del penal desde la mañana.
madres, esposas, hermanos que habían escuchado rumores, visto mensajes en los teléfonos que llegaban desde adentro o simplemente sentido ese tipo de alarma que no necesita explicación. La costumbre institucional en esos casos era conocida. Los directores permanecían adentro o se ausentaban o emitían comunicados a través de voceros que no decían nada concreto.
La distancia entre la institución y las familias era parte del protocolo no escrito. Losa salió, fue hasta la puerta, habló directamente con las familias, les dio información, respondió preguntas en la medida en que podía. No delegó ese momento en nadie. Los registros periodísticos y los testimonios de los medios independientes que cubrían la crisis lo señalan como uno de los poquísimos directores de recinto que en medio de un motín activo eligió la transparencia frente al blindaje burocrático. Era un acto de integridad
que en cualquier institución funcional habría sido lo mínimo esperado. en el contexto del sistema penitenciario ecuatoriano de 2022. Era una anomalía que lo distinguía de todos sus predecesores. También era visible, terriblemente visible. Su cara, su voz, su disposición a enfrentar el caos públicamente lo convirtieron en la imagen de la resistencia estatal contra los lobos.
En el momento en que los lobos más necesitaban demostrar que esa resistencia tenía un costo, lo que siguió a la masacre fue la parte más reveladora de la historia. Losa, con plena conciencia de lo que había puesto en movimiento al desafiar a la organización y de la escala de la represalia que acababa de presenciar, solicitó protección.
No pedía un esquema de seguridad extraordinario, ni un operativo especial, ni un blindaje de jefe de estado. Pedía lo mínimo, una escolta básica, acompañamiento policial o al menos un vehículo oficial que no fuera el Kia Picanto de colección familiar de su hijo. La respuesta que recibió llegó desde la dirección general del SNAI, la entidad que lo había nombrado y que respondía directamente al gobierno nacional.
Guillermo Rodríguez, titular del organismo, era, según los registros periodísticos, alguien que Los conocía personalmente. La respuesta fue que no había presupuesto, no había fondos disponibles para asignar esquema de protección al director de uno de los penales más peligrosos del país.
en el momento más tenso de la crisis penitenciaria ecuatoriana, tres semanas después de que la misma organización que lo había amenazado directamente acababa de matar a 10 personas dentro de sus muros. No hay manera de entender esa respuesta como simple incompetencia administrativa. Los recursos del SNI eran limitados, eso era real, pero la decisión de no reasignar, no gestionar, no escalar la solicitud dentro del aparato de seguridad del Estado no fue un accidente burocrático, fue una elección.
Alguien en algún nivel del sistema decidió que Santiago Losa podía continuar desplazándose solo hacia el Inca mañana, que podía seguir siendo la cara visible del conflicto con los lobos, sin ningún escudo entre él y la organización que lo había amenazado de muerte. En los días que siguieron a la masacre del 18 de noviembre, la tensión dentro y fuera del penal no se dio.
Los lobos habían respondido. El mensaje estaba entregado. Ahora esperaban para ver si los retrocedía, si el gobierno absorbía el golpe en silencio o si alguien en el aparato estatal tenía la convicción y los recursos para proteger al único funcionario que había optado por no negociar. Ninguna de esas cosas ocurrió.
Lo que ocurrió fue que Losa continuó yendo al trabajo cada mañana en el automóvil de su hijo, sin escolta, sin blindaje, con la misma ruta, en los mismos horarios, perfectamente visible para cualquiera que lo estuviera siguiendo. En el funeral de un hombre ejecutado por defender al estado, un funcionario del mismo estado se acercó a la viuda y le dijo que no hablara, que pensara en sus hijos.
Lo que viene ahora es la anatomía de cómo un sistema sacrifica a los suyos y luego les pide silencio a cambio de nada. Los lobos no improvisaron la ejecución de Santiago Losa. La construyeron durante semanas con la misma meticulosidad con la que habían construido todo lo demás. Desde el momento en que Losa ordenó cortar el acceso de los cabecillas al sistema de cámaras, las células operativas de la organización en Quito iniciaron una fase de vigilancia activa sobre el director.
Mapearon sus horarios. Identificaron sus rutas, confirmaron lo que el propio SN ya había garantizado con su negativa, que el objetivo se movía solo, sin escolta, sin vehículo oficial, sin ningún protocolo de seguridad que justificara modificar el plan. El vehículo que usaba losa cada mañana era un Kia Picanto de color plomo subcompacto, de bajo perfil.
No era su auto, era el de su hijo. Un detalle que dice todo sobre el nivel de abandono institucional en el que operaba el director de uno de los penales más violentos de Sudamérica. El primero de diciembre de 2022, Losa salió hacia la cárcel como cualquier otro día. Tomó la avenida Simón Bolívar en dirección norte sur, una arteria larga de tráfico denso en las mañanas con múltiples entradas y salidas que la convierten en un corredor ideal para una emboscada sobre ruedas.
A las 8:30 de la mañana a la altura del redondel de Wualo, donde la Simón Bolívar se cruza con la calle de los Nogales en el nororiente de Quito, una motocicleta de alto cilindraje se emparejó con el Kia. Dos hombres, cascos negros integrales, sin placas visibles. Los peritos de la dinaset y de criminalística que levantaron la escena reconstruyeron lo que siguió en segundos.
Los sicarios descargaron múltiples impactos dirigidos a la ventana delantera izquierda. Losa recibió disparos en la cabeza y en el tórax. murió de inmediato. El Kia continuó rodando sin conductor hasta estrellarse contra el costado de la vía. Los primeros en acercarse no fueron policías, fueron conductores civiles que creyeron ver un accidente de tránsito.
Cuando llegaron a la ventanilla, encontraron al director de la cárcel de El Inca, con el cinturón puesto y el cuerpo recostado sobre el volante. Llamaron al número de emergencias EQ911. Para ese momento, la motocicleta ya no existía en el panorama. 22 días. Ese fue el mandato completo del coronel Santiago Power Losa Moscoso como director del Centro de Privación Provisional Pichincha número uno.
La respuesta del Estado llegó en cuestión de horas con la velocidad y la precisión que nunca tuvo para protegerlo mientras vivía. El presidente Guillermo Lazó se encontraba en un evento militar en la provincia del Carchí cuando le informaron del homicidio. Sus palabras fueron directas y públicas.
Esa muerte no va a caer en el anonimato. Ya tenemos pistas de quién es el responsable y lo llevaremos ante la justicia para que pague por su delito. Era una declaración construida para la cámara, una promesa enunciada con la gravedad de quien tiene el poder de cumplirla. El problema es que las pistas que Lazo mencionaba existían desde antes de que Losa fuera asesinado.
Los nombres de los cabecillas de los lobos que operaban en Quito no eran un secreto de inteligencia reciente. Eran los mismos nombres que habían amenazado personalmente al director dentro de la prisión días antes de su muerte. Guillermo Rodríguez, titular del SNI, el mismo funcionario que había negado el presupuesto para la escolta de losa, emitió un comunicado que prefería el terreno de las preguntas filosóficas antes que el de las responsabilidades concretas.
¿Queremos un país doblegado ante la criminalidad, ante el narcotráfico, ante la violencia? ¿O queremos un país que pueda tener un buen porvenir? Era una pregunta formulada por el hombre que había respondido, “No hay presupuesto cuando el coronel pidió un vehículo blindado o un solo agente de seguridad. El entierro de Santiago Losa fue donde el estado mostró su cara más desnuda.
María Isabel Cuesta, viuda del coronel, lo relató después en el podcast de periodismo de investigación Habla serio. Durante el velorio, un funcionario de alto nivel de la administración se acercó a ella no para ofrecer condolencias, para negociar. El mensaje fue directo. La presencia del presidente Lazo en la ceremonia estaba condicionada.
La viuda y su familia no debían decir ni hacer nada. La instrucción exacta fue que pensara en el futuro de sus hijos. Una viuda a la que se le pide silencio a cambio de la presencia protocolar del presidente en el funeral del hombre que ese mismo gobierno envió desarmado a administrar una guerra. Ese es el pacto que el Estado ecuatoriano ofreció a la familia de Santiago Losa como forma de reparación.
Mientras el gobierno manejaba su narrativa pública, los estamentos de inteligencia policial y militar habían convergido en un nombre, Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis. Segundo al mando de los lobos a nivel nacional, el hombre que gerenciaba la logística del narcotráfico en la sierra desde los pabellones que los había intentado sanear.
La identificación de Arboleda como autor intelectual fue pública, fue oficial y fue inmediata. Lo que no fue ninguna de esas cosas fue el proceso judicial que debía seguirle. La causa penal por el asesinato del coronel Losa ingresó a la Fiscalía General del Estado y se instaló en la fase de indagación previa.
Ahí permaneció sin imputaciones formales, sin juicio, sin sentencia. El expediente no avanzó con la urgencia que demandaba el homicidio de un alto funcionario ejecutado en plena capital. avanzó con la lentitud característica de los casos donde alguien en algún punto de la cadena prefiere que no avancen.
Gordo Luis entendió que el tiempo jugaba a su favor. En abril de 2023, una resolución judicial dictada por el juez Byron Orejuela y cuestionada abiertamente tanto por el SNI como por la propia fiscalía, le concedió medidas cautelares que alteraron su situación jurídica. Arboleda no desaprovechó la apertura.
Cruzó la frontera norte hacia Colombia. Salió de Ecuador con la misma fluidez con la que sus operadores habían cruzado décadas de procesos penales sin consecuencias definitivas. Intentó desaparecer bajo una identidad colombiana. Portaba una cédula apócrifa cuando elementos de la Policía Nacional de Colombia lo interceptaron en un control rutinario el 6 de julio de 2023.
El documento era convincente. Las huellas dactilares, no. El sistema biométrico colombiano lo cruzó con los registros ecuatorianos y la pantalla devolvió el nombre real, Luis Alfredo Arboleda, el segundo al mando de los lobos. El presunto autor intelectual del asesinato de Santiago Losa, detenido por agentes extranjeros en territorio extranjero, porque había encontrado más seguridad jurídica al otro lado de la frontera que dentro de Ecuador.
Era el sexto capo ecuatoriano de primera línea capturado en Colombia en ese periodo. Una estadística que funciona como indicador de soberanía. Cuando los líderes del crimen organizado de un país prefieren arriesgarse en el extranjero antes que enfrentar la justicia doméstica, algo en esa justicia doméstica ya no representa una amenaza real para ellos.
Ecuador no era el único país donde esta ecuación se repetía. Dos meses antes de la captura de Arboleda en Colombia, el 16 de mayo de 2023, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, fue asesinado a tiros en la capital colombiana, el mismo modus operandi, el mismo perfil de objetivo, un funcionario que había intentado imponer orden en un recinto capturado por estructuras criminales, neutralizado en la vía pública por sicarios que conocían su ruta con precisión quirúrgica.
En Neiva, el suboficial Renato Solano, subdirector de la cárcel local, sobrevivió un atentado, pero murió días después por las heridas. La misma firma, el mensaje era idéntico en Ecuador, en Colombia, en cualquier país donde el estado hubiera cedido suficiente terreno adentro de sus propias prisiones.
Quien intente recuperar ese terreno paga con su vida y lo paga solo. Lo que unía a Losa, a Fernández y a Solano no era la nacionalidad ni la institución, era la decisión de no ceder. Y lo que los mató no fue únicamente la violencia del crimen organizado, fue la certeza construida caso a caso, año a año, que el Estado no iba a protegerlos, que la ecuación de costos para quien los atacaba era cero, que podían ejecutar a un director de cárcel en plena avenida de la capital y que la respuesta sería una declaración presidencial y un
expediente archivado. La captura de Arboleda en Colombia fue presentada como un logro del sistema. Lo que nadie dijo en voz alta es que el sistema que debía capturarlo en Ecuador nunca lo hizo. Él eligió el momento de cruzar la frontera y cuando lo atraparon fue porque sus huellas no mentían, no porque alguien lo hubiera perseguido con la misma determinación con la que él persiguió al coronel.
La causa por el asesinato de losas sigue en indagación previa, la misma fase donde entró el día que los civiles llamaron al ECU 911 porque creyeron que habían visto un accidente. Un funcionario le pidió silencio a la viuda a cambio de la presencia del presidente en el funeral. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que el Estado estaba dispuesto a proteger y no era a Santiago Losa.
Arboleda fue capturado. La causa sigue abierta. El presidente que prometió justicia ya no es presidente y la cárcel de El inca sigue en pie con nuevos directores, nuevas caras. el mismo ecosistema. Eso es lo que nadie cuenta cuando se cierra un expediente como este, no lo que cayó, lo que quedó intacto.
Mientras la Fiscalía ecuatoriana enterraba el caso Losa en la indagación previa, los mismos estrados judiciales producían otro escándalo de proporciones industriales. El operativo conocido como metástasis expuso a una red de jueces, fiscales y funcionarios públicos que operaban como servicio interno del crimen organizado, no como casos aislados de corrupción, sino como una arquitectura paralela construida durante años para garantizar impunidad bajo demanda, los mismos mecanismos que liberaron a
Arboleda tres veces en 12 meses. las mismas palancas que convirtieron una resolución judicial en una puerta de salida hacia Colombia. Metástasis no fue la causa del colapso judicial ecuatoriano, fue la prueba de que ese colapso ya llevaba décadas perfeccionándose. La fórmula es brutalmente simple.
Si un funcionario acepta la plata, sobrevive y prospera. Si rechaza la plata, aparece la bala. No como amenaza abstracta, como política operativa. Los lobos no improvisan la represalia, la calculan, la financian y la ejecutan con la misma frialdad con la que administran una ruta de cocaína.
El asesinato de los acto de rabia, fue un comunicado institucional dirigido a todos los que vendrían después de él. Y ese comunicado funcionó porque la pregunta que nadie ha respondido con honestidad es, ¿cuántos funcionarios miraron lo que le pasó al coronel y decidieron en silencio no meterse? ¿Cuántos directores firmaron lo que les pusieron enfrente? ¿Cuántos guías penitenciarios miraron hacia otro lado durante una requisa? ¿Cuántos fiscales encontraron de pronto razones técnicas para no avanzar una investigación? No por cobardía, sino por
cálculo racional en un sistema donde el Estado no garantiza protección y el crimen garantiza consecuencias. Piénsalo un segundo. Los pidió una escolta. Le dijeron que no había presupuesto. Esa respuesta no fue un error administrativo, fue una decisión. Alguien en una cadena de mando evaluó el costo de proteger a ese hombre y concluyó que era prescindible, que el daño era manejable.
que el cargo podía ser reemplazado. Esa lógica no desapareció cuando lo enterraron. El panóptico invertido tampoco desapareció. Las cámaras que Losa intentó arrebatarle a los lobos son el símbolo exacto del problema. No se trata de tecnología, se trata de quién tiene los ojos sobre quién. Cuando el crimen organizado monitorea al Estado y el Estado no puede monitorear al crimen, la soberanía ya no existe, solo la apariencia de ella.
Esa inversión no se resuelve cambiando directores, se resuelve purgando el sistema desde adentro y eso requiere una voluntad política que en Ecuador ha probado repetidamente ser más frágil que los contratos de impunidad que firma el narco. Los lobos perdieron a Arboleda temporalmente, perdieron a el primo y a sus lugarenientes.
En el traslado del 18 de noviembre perdieron la cobertura pública que tenían sobre el inca mientras Losa estuvo vivo, pero la organización sobrevivió. Sus 10,000 miembros siguieron operando, sus rutas de cocaína siguieron fluyendo, sus recaudaciones de la minería ilegal en Podocarpus siguieron alimentando la caja de guerra y sus aliados en el sistema judicial siguieron disponibles, más discretos quizás, pero disponibles.
Lo que murió el primero de diciembre de 2022 en la avenida Simón Bolívar no fue solo un coronel. fue la demostración de que la reforma penitenciaria honesta tiene un techo de vidrio y debajo hay un francotirador esperando. Cada funcionario íntegro que ingresa a ese sistema carga con el peso de ese antecedente.
No como dato histórico, como advertencia vigente. La viuda habló un año después. El Estado nunca respondió a las preguntas que ella hizo. La causa sigue sin sentencia. Y el próximo director de la próxima cárcel en crisis ya sabe exactamente lo que le puede pasar si decide ser el único que no mira hacia otro lado.
Eso es el legado real del caso Losa. No el de un mártir, no el de un héroe caído que inspiró una reforma. El legado es una lección que el crimen organizado inscribió en el tejido institucional del Ecuador con tinta indeleble. El Estado puede nombrarte, puede darte un cargo, puede hacerte firmar actas a las 4 de la mañana bajo presión militar, pero cuando llegue el momento en que realmente necesites que ese estado te respalde, vas a estar solo en un Kia Picanto sin blindaje en la avenida más larga de
Quito. El monstruo no fue desmantelado, fue interrumpido y ya lleva años reconstruyendo lo que perdió. Hay un nuevo director en el Inca. Lleva semanas en el cargo. Nadie sabe todavía si ya recibió la primera advertencia. Este expediente se cierra. El archivo no.
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