Dos hombres subieron a esa avioneta esa tarde. Uno llevaba una capucha negra en la cabeza y las manos esposadas a la espalda. El otro caminaba libre, sin escoltas, hacia el mismo avión que lo llevaría a entregarse por voluntad propia, como quien sube a un vuelo comercial cualquiera. Y el que iba encapuchado era el hombre que durante casi 40 años nadie había podido tocar.
Se llamaba Ismael Zambada García, el mayo, fundador junto al Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. El hombre libre que subió a ese mismo avión minutos después, sin una sola esposa, sin un solo cargo pesando todavía sobre su nombre, era Joaquín Guzmán López, el hijo de su socio más antiguo, alguien a quien había visto crecer.
Antes de seguir, suscríbete porque lo que empezó esa mañana en un rancho no fue solo la caída de un capo. Fue el principio de la guerra más larga que ha vivido el crimen organizado en México en la última década. Para entender por qué esa reunión terminó destrozando por dentro al cártel de Sinaloa, hay que retroceder más de 30 años hasta una época en la que la organización ni siquiera se llamaba así.
En los años 90, cuando todavía se hacía llamar la federación, dos hombres sostenían el mismo proyecto criminal desde ángulos completamente opuestos. Ismael Zambada, el mayo representaba la discreción, la paciencia, la negociación silenciosa que se construye durante décadas sin dejar huella. Joaquín Guzmán, el Chapo, representaba lo contrario.
Expansión agresiva, visibilidad, un instinto de confrontación directa que lo convirtió en el rostro más reconocible del narcotráfico mundial, pero también en el más perseguido. Juntos sobrevivieron guerras que habrían destruido a cualquier otra organización. contra los Arellano Félix en Tijuana, contra los Beltrán Leiva, que alguna vez fueron sus propios aliados, contra los ZAS, la facción más violenta que ha producido el narcotráfico mexicano.
Y en cada una de esas guerras salieron del otro lado más fuertes, sostenidos por una corrupción que atravesó gobiernos, policías y ejércitos durante más de cuatro sexenios presidenciales. Ese modelo de federación nunca fue una sola estructura vertical con un jefe único dando órdenes desde arriba. Era más bien un sistema de facciones regionales que operaban bajo un mismo paraguas, cooperando entre sí, compitiendo entre sí, pero respetando límites territoriales bien definidos.
Y ese sistema, precisamente por su naturaleza descentralizada, resultó extraordinariamente resistente durante décadas. Caía un mando regional y la estructura completa seguía funcionando porque ningún golpe individual llegaba jamás al centro real de decisión. Pero ese equilibrio, el que sostenía todo el andamiaje, dependía de algo frágil, del contraste exacto entre los dos hombres que lo sostenían.
Y ese contraste empezó a romperse en 2014 con la primera captura del Chapo. Su fuga posterior por un túnel construido bajo la regadera de su celda solo sirvió para mostrarle al mundo y sobre todo a su propia organización que las grietas ya existían. Cuando finalmente fue recapturado en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017, condenado a cadena perpetua más 30 años, el sistema no colapsó de inmediato, pero quedó gravemente debilitado.
El control operativo empezó a fragmentarse. La desconfianza empezó a extenderse por cada nivel de mando. Y de un lado del vacío que dejó el Chapo estaba el mayo, un líder longevo de bajo perfil con más de 70 años. Del otro lado estaban sus hijos, jóvenes, violentos, ambiciosos, decididos a quedarse con todo lo que su padre había construido.
Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, junto a sus medios hermanos Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, conocido como el ratón, heredaron una estructura que no se limitaron a mantener, la transformaron por completo. Su apuesta fue el fentanilo, una droga sintética muchísimo más rentable que la cocaína o la marihuana, pero también muchísimo más letal, más visible y más conflictiva a nivel internacional.
El impacto en Estados Unidos fue devastador. Decenas de miles de muertes por sobredosis cada año. Una crisis de salud pública que encendió todas las alarmas en Washington y que puso a los chapitos, como empezaron a llamarlos, en el centro absoluto de la atención de las agencias federales estadounidenses. A diferencia del negocio tradicional de la cocaína, que dependía de rutas largas de producción en Sudamérica y traslado internacional, el fentanilo se podía fabricar prácticamente en cualquier laboratorio clandestino con precursores
químicos importados, principalmente desde Asia. Eso significaba menos dependencia de terceros países, más control directo sobre toda la cadena de producción y márgenes de ganancia que ningún otro producto del narcotráfico había ofrecido antes. Pero también significaba algo que terminaría pesando en contra de los propios chapitos, convertirse en el objetivo prioritario número uno de la política exterior estadounidense en materia de narcotráfico, por encima incluso de organizaciones con más historia y más territorio. Todavía, en medio de esa
transformación, la figura del mayo seguía funcionando como un árbitro silencioso. Su autoridad histórica mantenía alineados a los mandos regionales. Evitaba que las rivalidades internas escalaran hacia un conflicto abierto, pero esa función de árbitro dependía de que él siguiera ahí, siendo respetado por ambos lados.
Y eso era precisamente lo que estaba a punto de desaparecer. Es una posición que pocas veces se explica bien fuera del propio mundo del narcotráfico. Un árbitro no gobierna con órdenes directas todo el tiempo. Gobierna con la amenaza implícita de que si alguna facción rompe el equilibrio, el resto de la estructura se le echará encima con el respaldo del árbitro mismo.
Mientras el mayo siguiera libre, cualquier mando regional lo pensaría dos veces antes de traicionar abiertamente a otro, sabiendo que el histórico fundador de la organización podía inclinar la balanza en su contra. El día que ese árbitro dejó de estar disponible, cada facción quedó por primera vez en años sin ningún límite superior que respetar.
Esa ausencia de límite, más que cualquier decisión puntual de los chapitos o de la mia, es la que realmente explica por qué esta guerra se volvió tan larga y tan difícil de contener. Todavía falta la parte que realmente cambió todo y por eso este canal necesita que sigas aquí porque lo que pasó dentro de ese rancho es más oscuro de lo que cualquier comunicado oficial ha reconocido.
En enero de 2023, Ovidio Guzmán, el ratón fue capturado por segunda y definitiva en un operativo que dejó decenas de muertos en las calles de Culiacán. Ese operativo, conocido popularmente como el segundo culiacanazo, mostró de nuevo algo que la ciudad ya había vivido en 2019, que una sola captura, por más importante que fuera el objetivo, podía paralizar una ciudad entera durante horas con bloqueos simultáneos, incendios de vehículos y enfrentamientos en múltiples puntos, mientras la organización completa reaccionaba para intentar forzar su
liberación, su extradición a Estados Unidos. Poco después profundizó todavía más las tensiones internas porque dejó claro que ni siquiera los hijos directos del fundador de la organización estaban ya a salvo del alcance combinado de ambos gobiernos. Pero la verdadera bomba llegó 18 meses después y lo más impactante no fue que ocurriera, fue cómo ocurrió.
A diferencia de otros grandes capos, el mayo no cayó en un enfrentamiento armado ni en un operativo de fuerzas especiales. Según su propio relato, hecho público semanas después a través de una carta firmada por su abogado, Joaquín Guzmán López, lo citó a una reunión el 25 de julio de 2024 en un rancho llamado Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, bajo el pretexto de ayudar a resolver una disputa entre líderes políticos del Estado.
Se suponía que ahí estarían también el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya y Héctor Melecio Cuen, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ninguno de los dos llegó. Tampoco llegó Iván Archivaldo, solo llegó Joaquín. El silencio en ese momento, según relataría después el propio mayo, ya debería haber sido la primera señal, una reunión convocada para resolver una disputa política entre tres figuras clave.
Y de esas tres figuras, ninguna se presentó. Solo el hijo de su socio histórico, rodeado de hombres armados que no reconocía como parte de su propia gente. El mayo llegó acompañado de cuatro escoltas, dos de los cuales se quedaron fuera del perímetro. Al entrar vio a un número inusual de hombres armados con uniformes militares verdes, hombres que asumió eran del entorno de los hermanos Guzmán.
Caminó hacia el área de la reunión, saludó brevemente a Héctor Quen y entró a una habitación con una mesa llena de fruta. Según su propio testimonio, en cuanto puso un pie dentro, le tendieron una emboscada. Un grupo de hombres lo redujo, lo tiró al suelo, le colocó una capucha oscura en la cabeza, lo ató y lo obligó a subir a la caja de una camioneta.
Cuatro de sus escoltas fueron asesinados o desaparecidos ese mismo día. También murió Héctor Quen, el político que se suponía debía estar en esa reunión. La versión oficial inicial hablaba de un asalto callejero. El mayo, meses después, contradijo esa versión con un dato que ningún reporte había mencionado hasta entonces. Quen murió a la misma hora y en el mismo lugar donde a él lo estaban secuestrando.
Lo trasladaron después a una pista aérea cerca de Nabolato, donde lo subieron a una avioneta Beachcraft King Air 200 que cruzó la frontera hacia Nuevo México. Ahí ya esperaban agentes federales estadounidenses y aquí está el detalle que convirtió esto en algo mucho más grande que una simple captura.
Joaquín Guzmán López también se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos ese mismo día sin ningún indicio de haber sido reducido o secuestrado él mismo. Todo apunta, según múltiples fuentes cercanas al caso, a una operación negociada durante al menos 3 meses antes de ejecutarse entre el entorno de los hijos del Chapo y autoridades estadounidenses.
¿A cambio de qué? Eso sigue sin confirmarse oficialmente. Las teorías más sólidas hablan de protección para familiares, reducción de condenas, condiciones judiciales más favorables. Lo único confirmado es que un hijo entregó al socio histórico de su padre en una emboscada cuidadosamente planeada y que ese socio, semanas después, en vez de pedir venganza, hizo un llamado público a la calma.
Si esto ya te parece increíble, quédate porque en unos minutos vas a entender por qué esta traición terminó desatando algo mucho más grande de lo que nadie esperaba. En su declaración, El mayo dijo algo que muy pocos capos de su nivel dicen en público. No pidió represalias, pidió mesura. Nada se puede solucionar con la violencia.
Hemos recorrido ese camino antes y todos pierden advirtió. Pero esa advertencia, por más sincera que fuera, llegaba demasiado tarde. Las señales de que la guerra era inevitable ya llevaban semanas acumulándose y ni la voz del propio mayo, ni su historia, ni su autoridad de casi 40 años iban a poder detener lo que ya estaba en marcha al interior de Culiacán.
En los días posteriores a la captura, lo que predominó fue el silencio y la tensión. Ambas facciones sabían que el enfrentamiento era cuestión de tiempo. Para muchos sicarios y para la propia familia del mayo. Él no era solamente un jefe, era una figura casi mítica. que una facción aliada, entre comillas, hubiera sido responsable de golpearlo, secuestrarlo y entregarlo a los estadounidenses en bandeja de plata era algo que simplemente no se podía perdonar en silencio.
Hacia finales de agosto de 2024, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Reacomodos de mandos regionales, desapariciones selectivas, células armadas moviéndose entre municipios. Un incremento constante en el robo de camionetas 4×4, el vehículo preferido para montar con armados.
Todos los rumores apuntaban en la misma dirección y el 9 de septiembre de 2024 toda esa tensión acumulada explotó. Esa mañana distintos puntos de Culiacán amanecieron bajo un escenario de caos coordinado. Camiones atravesados bloqueando avenidas clave, vehículos incendiados en accesos estratégicos, reportes simultáneos de enfrentamientos armados en múltiples colonias.
En cuestión de horas, la violencia se expandió hacia Nabolato y zonas rurales cercanas, confirmando que no eran choques aislados, sino el inicio abierto de una guerra interna. Camionetas con blindaje artesanal, fusiles de alto calibre, incluidos Barret, equipo táctico completo. Culiacán se había convertido de facto en un campo de batalla urbano.
Todavía no te he contado la parte que más va a incomodarte de esta historia. Suscríbete porque lo que viene ahora es la respuesta del Estado y no salió como nadie esperaba. Las autoridades estatales de Sinaloa desplegaron operativos de seguridad, pero la realidad fue evidente desde el primer momento. No estaban a la altura de la amenaza.
Las escuelas suspendieron clases. El transporte público dejó de operar con normalidad. Cientos de comercios bajaron sus cortinas por miedo a quedar atrapados en fuego cruzado. Culiacán, una ciudad de más de un millón de habitantes, vio como su rutina diaria se desmoronaba en cuestión de días. El comercio local fue uno de los primeros sectores en resentirlo con fuerza.
Durante los picos de violencia, decenas de negocios optaron por cerrar de forma preventiva ante el riesgo real de quedar atrapados en un enfrentamiento o sufrir daños colaterales por una bala perdida. Muchos comerciantes cerraron directamente al recibir amenazas o exigencias de cuota mensual. Esta vez no de un solo cártel, sino de ambas facciones del mismo cártel, disputándose el mismo territorio comercial.
Las ventas cayeron de forma estrepitosa en cuestión de semanas. El transporte de mercancías también se vio golpeado. Los productores agrícolas, un sector históricamente clave para la economía sinaloense, enfrentaron serias dificultades para movilizar sus cosechas hacia centros de acopio y mercados nacionales, con camiones detenidos en retenes improvisados por ambos bandos o directamente desviados por miedo a cruzar ciertas zonas.
La inversión privada empezó a frenarse o posponerse. Proyectos comerciales e inmobiliarios enteros entraron en pausa indefinida ante la incertidumbre social y económica. El turismo, de la misma forma resultó gravemente golpeado con cancelaciones masivas y una imagen internacional deteriorada por la inseguridad constante.
Las escenas recordaban a los llamados culiacanazos de 2019 y 2023, cuando operativos puntuales contra los Guzmán habían desatado violencia extrema en la ciudad, pero esta vez era distinto. No era un solo evento aislado, era una guerra interna sostenida sin fecha de cierre a la vista. Muchos empezaron a llamarlo, sin exagerar el tercer culiacanazo.
Quienes vivían en las colonias más afectadas empezaron a desarrollar una rutina nueva y silenciosa. Aprendieron a distinguir solo por el sonido lejano de los disparos, si el enfrentamiento estaba a dos cuadras o a 20. Aprendieron qué calles evitar según la hora del día. ¿Qué colonias cambiaban de control territorial de un mes a otro sin ningún anuncio oficial? Padres de familia empezaron a coordinar entre vecinos por grupos de mensajería qué rutas escolares parecían seguras esa mañana en particular.
Nada de esto apareció nunca en un comunicado de prensa, pero fue para cientos de miles de personas la forma real en que la guerra entró a su vida diaria. Empezaron a aparecer cuerpos abandonados con mensajes firmados por uno u otro bando, parte de una guerra psicológica tan real como los enfrentamientos armados. Algunos llevaban sombreros en referencia a la firma histórica del mayo.
Otros llevaban pizzas en alusión burlona a la chapiza, pero los ataques no se limitaron a eliminar enemigos directos. La guerra escaló hacia algo mucho más profundo, el control de las fuentes de poder y dinero del cártel. Jefes de célula, operadores financieros, lavadores de dinero, enlaces logísticos, incluso figuras inesperadas, como creadores de contenido e influencers locales vinculados de alguna forma a una u otra facción, empezaron a aparecer entre las víctimas.
En paralelo, en la zona serrana de Sinaloa comenzaron a registrarse incursiones armadas contra laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas y fentanilo. Ya no era una guerra entre sicarios, era una ofensiva estratégica diseñada para desmantelar por completo la estructura del enemigo.
Los corredores logísticos se volvieron el verdadero premio de esta guerra. Las rutas que conectan el centro de Sinaloa con Sonora, Chihuahua y la frontera con Estados Unidos no solo mueven droga, permiten el flujo de precursores químicos, la circulación de efectivo en grandes cantidades, el enlace con redes internacionales de distribución.
Controlarlos significa capacidad operativa total. Perderlos significa ceder millones de dólares mensuales. Para dimensionar lo que está en juego, basta pensar en la logística que exige mover fentanilo desde un laboratorio clandestino en la sierra hasta una ciudad estadounidense. cada eslabón de esa cadena, el precursor químico que entra por un puerto, el laboratorio que lo procesa, el vehículo que lo transporta, el punto de cruce fronterizo, la red de distribución del otro lado representa un ingreso constante que ninguna facción quiere
perder. Y fue precisamente en la disputa por esos corredores donde ambos bandos empezaron a cobrar favores acumulados durante años, presionando a empresarios y comerciantes locales por las buenas o por las malas para financiar la maquinaria completa del conflicto: armamento, sueldos, vehículos, logística. Las consecuencias fueron brutales.
Una ola de secuestros, desapariciones y asesinatos selectivos. No solo en Sinaloa, sino también en otras regiones del país. El gobierno saliente pareció en un primer momento subestimar la magnitud del conflicto, pero con el paso de las semanas quedó claro que la violencia no disminuía, se intensificaba. Poco después de asumir el poder, la presidenta Claudia Shainbound ordenó una respuesta más contundente.
Instruyó a su secretario de seguridad y al secretario de la defensa a desplegar una fuerza de tarea conjunta integrada por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y agentes de inteligencia. El objetivo oficial era claro, contener la violencia, recuperar el control territorial, desarticular a las células responsables de los bloqueos y los ataques armados.
Ese despliegue representó, según cifras oficiales, uno de los mayores refuerzos de seguridad federal concentrados en un solo estado en los últimos años, con miles de elementos adicionales rotando entre Culiacán, Mazatlán y los municipios de la Sierra. Aún con ese volumen de fuerza desplegada, el conflicto demostró algo que las autoridades tardaron meses en reconocer abiertamente.
Ningún despliegue militar, por grande que sea, puede sustituir por completo el vacío de autoridad interna que dejó la caída del árbitro histórico de la organización. Se establecieron bases de operación mixta en Culiacán y municipios cercanos. Se intensificaron los patrullajes en carreteras federales.
Se realizaron cateos en inmuebles vinculados a ambas facciones. Se reforzó la vigilancia aérea con helicópteros y drones sobre zonas donde se reportaban movimientos de convoyes armados. Pero el despliegue militar no significó el fin de la violencia. Por el contrario, el conflicto evolucionó. De una crisis explosiva y caótica, Sinaloa pasó a una guerra de desgaste más prolongada, más estratégica y en muchos sentidos más peligrosa.
Si tienes 40, 50 años o más, probablemente ya viste esta película antes. Quizás no con estos nombres, pero sí con este mismo patrón. Una ofensiva militar que entra con fuerza promete resultados rápidos y termina convirtiéndose en algo que se estira durante años, mientras la vida diaria de la gente se reorganiza alrededor de la violencia como si fuera el clima.
Si viviste la guerra contra los arellano Félix o los años de plomo contra los ZAS, ¿sabes exactamente de qué hablo? Cuéntame en los comentarios. Tú que ya viviste alguna de esas etapas antes, ¿sientes que esta guerra en Sinaloa se parece a las anteriores o hay algo distinto esta vez que te preocupa más? Piénsalo un momento antes de bajar a leer lo que otros de tu generación están respondiendo, porque probablemente encuentres que no eres el único que ha visto este mismo ciclo repetirse más de una vez en su vida. Los enfrentamientos
empezaron a modular su intensidad, disminuían durante algunos días solo para reactivarse con fuerza en otras zonas. Ambas facciones se adaptaron rápido, evitando los choques frontales prolongados, pasando a una lógica más eficiente de ataques selectivos, emboscadas y operaciones relámpago diseñadas para mantener presión constante sin exponerse a detenciones masivas.
Cada movimiento del Estado generaba una respuesta inmediata del conflicto. Cuando el ejército reforzaba su presencia en Culiacán, la violencia se desplazaba hacia zonas rurales de la Sierra Sinaloense. Cuando la Guardia Nacional aseguraba carreteras federales, las disputas migraban a caminos secundarios, claves para el traslado de precursores y cargamentos hacia el norte.
Este patrón que analistas de seguridad describen como un juego constante del gato y el ratón terminó extendiéndose durante más de un año sin que ninguna de las dos partes lograra una ventaja definitiva. Cada vez que las fuerzas federales lograban asegurar un municipio, ambas facciones simplemente reubicaban sus operaciones a la zona menos vigilada, más cercana, manteniendo el conflicto vivo en un mapa que se movía constantemente, casi como agua, buscando el camino de menor resistencia.
Los números, cuando finalmente se pusieron sobre la mesa, no dejaron lugar a dudas. Antes del estallido del conflicto, Sinaloa registraba un promedio de entre 1.3 y 1.4 homicidios diarios y alrededor de tres desapariciones al día, cifras ya de por sí elevadas. Tras el inicio de la guerra interna, los homicidios se dispararon a siete u ocho diarios, mientras que las desapariciones escalaron a cinco o seis casos por día en promedio.
Un dato que suele pasar desapercibido. Se registró uno de los mayores picos históricos en el robo de camionetas tipo pickup, el vehículo preferido de ambas facciones para movilizar sicarios y sostener operaciones ofensivas. Y con la fractura interna consolidada, las capacidades operativas de ambos bandos quedaron tensas y dispersas.
Esa fragmentación abrió un espacio de oportunidad que otros grupos criminales no tardaron en aprovechar. Uno de ellos fue el CJNG, otra de las organizaciones más poderosas del país, que vio en la disputa interna sinaloense una oportunidad para expandir su propia influencia territorial. especialmente en zonas fronterizas clave como Tijuana y corredores estratégicos hacia Estados Unidos.
El conflicto dio un giro todavía más complejo cuando el CJNG decidió tomar partido de forma directa. A mediados de 2025 empezaron a surgir reportes sobre una alianza histórica entre el CJNG y los chapitos bajo una estructura que habría sido bautizada como Fuerzas especiales Unión. Su simbología, un gallo y una pizza, no era casual.
El gallo en referencia al mencho, conocido como el Señor de los Gallos, y la pizza como alusión directa a la chapiza. El CJNG habría ofrecido apoyo logístico, operativo y militar a los chapitos para enfrentar a la miza, especialmente en zonas donde el control territorial estaba en disputa, a cambio de acceso a rutas estratégicas y ventajas operativas.
que les permitieran expandir su propia influencia dentro del mapa criminal del país. Este movimiento cambió las reglas del juego. Lo que había sido una guerra interna en Sinaloa empezó a transformarse en un conflicto multirregional con intervención externa, elevando el nivel de violencia, recursos y alcance geográfico.
Las consecuencias fueron inmediatas. La guerra se intensificó en el sur de Sinaloa, en Mazatlán, y en estados como Zacatecas y Nayarit, donde ambas organizaciones empezaron a disputar territorio con mayor agresividad. Para entender la magnitud de lo que significa esa alianza, hay que pensar en lo que representa cada organización por separado.
El CJNG no es un grupo secundario tratando de aprovechar una oportunidad menor. junto al propio cártel de Sinaloa, una de las dos estructuras criminales más poderosas y con mayor alcance internacional de todo el continente, que decidiera inclinar su peso operativo, militar y logístico a favor de una sola facción dentro de una guerra interna ajena.
No fue un gesto simbólico, fue un cálculo frío apostar por el bando que a cambio de sobrevivir estaba dispuesto a ceder acceso a corredores y plazas que el CJNG llevaba años queriendo controlar sin entrar en guerra abierta por ellos. Esa apuesta, sin embargo, no vino sin consecuencias para los propios chapitos. Aceptar ayuda externa de una organización de ese tamaño significa, en la práctica, dejar de ser dueños absolutos de su propio territorio.
Cada ruta que el CJNG ayuda a asegurar, cada plaza que ayuda a defender se convierte en una plaza compartida, no en una plaza recuperada. Analistas de seguridad han señalado que este tipo de alianzas, aunque necesarias para sobrevivir a corto plazo, tienden a diluir con el tiempo la independencia real de quien las acepta.
Dos eventos marcaron especialmente el rumbo de esta guerra interna. El primero fue el abatimiento por fuerzas especiales mexicanas en Nabolato de Isaías Manrquez Tornero, conocido como la Perris o el 27, uno de los operadores armados más importantes vinculados a los chapitos y la misma persona que, según el propio relato del mayo fue quien lo redujo personalmente durante la emboscada en huertos del Pedregal.
La Perris no era un sicario cualquiera. Era, según fuentes de inteligencia militar, un mando táctico con experiencia operativa real, alguien con un rol clave en las acciones de mayor impacto del conflicto, incluyendo la propia captura del hombre al que ahora, meses después perseguían las fuerzas especiales mexicanas, que fuera precisamente él quien cayera abatido en Nabolato, la misma zona rural donde meses antes había ayudado a ejecutar la traición contra el mayo.
Tuvo para muchos dentro de la miza un peso casi simbólico, una especie de cierre parcial de una herida que llevaba más de un año abierta. El segundo evento fue el asesinato de Óscar Noé Medina, alias el Panu, operador de alto nivel dentro del círculo de Iván Archivaldo Guzmán, con funciones que iban más allá del combate directo, incluyendo tareas de coordinación y enlace entre distintas células.
fue asesinado en un restaurante de la zona rosa de la Ciudad de México en la Navidad de 2025. Un asesinato ejecutado lejos de Sinaloa, en pleno corazón de la capital del país, que demostró hasta qué punto esta guerra ya no tenía fronteras territoriales claras. Durante 2025 también se observó un aumento sin precedentes en los aseguramientos de armas y artefactos explosivos adaptados a drones en comparación con años anteriores.
Este dato, que rara vez aparece destacado en la cobertura general del conflicto, refleja algo más profundo que simples enfrentamientos prolongados, una sofisticación creciente en las células armadas de ambos bandos que empezaron a adoptar tácticas de guerra moderna con drones artesanales cargados de explosivos usados para atacar con rivales o posiciones fortificadas.
una táctica hasta hace pocos años asociada casi exclusivamente a conflictos armados internacionales, no a guerras internas entre facciones de un mismo cártel. ¿Y quién va ganando realmente hoy, en este preciso momento, mientras ves este video? La respuesta cambia según a quien le preguntes. Algunos aseguran que la miza lleva ventaja.
Otros insisten en que son los chapitos gracias a su alianza con el CJNG. Pero a más de un año del estallido del conflicto, ambas facciones están profundamente desgastadas, aunque también han logrado avances parciales en distintos frentes. Es, en el fondo, la pregunta equivocada. En una guerra de este tipo, sin frentes fijos, sin territorio claramente delimitado, medir quién gana según el criterio tradicional de una guerra convencional simplemente no funciona.
Lo que sí se puede medir con datos concretos es quién ha perdido más operadores clave, quién controla más rutas de exportación hacia el norte y quién ha logrado sostener sus finanzas pese al desgaste. Bajo esos tres criterios, el panorama es mucho más parejo de lo que cualquiera de las dos facciones estaría dispuesta a admitir en público.
Y esa igualdad forzada, más que una victoria clara de cualquiera de los dos bandos, es probablemente la razón real por la que esta guerra sigue sin apagarse por completo. La Magiza ha conseguido consolidar posiciones en zonas rurales estratégicas y ampliar su influencia en sectores clave de Culiacán. Hay un factor decisivo detrás de esto.
Las redes de lealtad que el mayo construyó durante décadas no desaparecieron con su captura. Muchos de esos operadores juraron lealtad a su hijo Ismael Zambadas y Cairos, conocido como Mayito Flaco, fortaleciendo la estructura desde dentro. Y ahí aparece un contraste que explica mejor que cualquier cifra, por qué esta guerra sigue sin resolverse.
Mallito Flaco no llegó al liderazgo con la misma exposición pública que sus rivales. Se formó durante años bajo la sombra directa de su padre, aprendiendo la misma lógica de discreción y construcción silenciosa de poder que sostuvo al cártel de Sinaloa durante casi medio siglo. Del otro lado, Iván Archivaldo Guzmán representa exactamente lo opuesto.
Una generación criada en la confrontación abierta, acostumbrada a la visibilidad, heredera de la faceta más agresiva y expansiva de su padre. Es, en cierto sentido, la misma disputa de estilos que sostuvo durante décadas la sociedad entre el Mayo y el Chapo, solo que ahora enfrentada dentro de la misma organización, entre hijos que crecieron viendo como sus padres construyeron un imperio y que ahora se disputan sus restos.
Quienes han seguido de cerca la evolución de ambas facciones señalan algo revelador. Ninguno de los dos bandos ha logrado replicar del todo el estilo de liderazgo de la generación anterior. Mallito Flaco tiene la lealtad heredada, pero no la misma autoridad indiscutida que tenía su padre. Iván Archivaldo tiene el respaldo militar del CJNG, pero no el mismo control absoluto sobre el territorio que llegó a tener el Chapo en su mejor momento.
Los dos gobiernan, en la práctica, estructuras más frágiles que las que heredaron. Los chapitos, por su parte, han sufrido golpes severos. la pérdida de operadores financieros clave, jefes de seguridad y mandos armados de alto nivel, incluida la Perris y el propio Panú. A eso se suman sanciones millonarias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra ocho ciudadanos mexicanos y dos empresas relacionadas con el grupo impuestas en octubre de 2025.
Aún así, los chapitos han logrado conservar el control de plazas urbanas clave y su acceso a rutas internacionales, compensando buena parte de sus pérdidas mediante la alianza táctica con el CJNG. Para muchos, esta guerra ha pasado a un segundo plano mediático, sobre todo después de la caída de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder histórico del CJNG, el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.
No pocos analistas anticipan que ese vacío de poder podría detonar un conflicto interno similar al que hoy vive Sinaloa, pero esa es otra historia y la que nos ocupa aquí todavía no ha terminado de escribirse. Es casi irónico que la misma organización que decidió intervenir en la guerra de Sinaloa, apostando por los chapitos para expandir su propio territorio, ahora enfrente en su propia casa exactamente el mismo tipo de vacío de poder que ayudó a explotar en territorio ajeno.
Si el patrón se repite y todo indica que podría hacerlo, el CJNG podría haberse forzado a elegir entre sostener su alianza en Sinaloa o replegar recursos hacia su propio territorio para gestionar su propia sucesión interna. Cualquiera de esas dos decisiones cambiaría de nuevo el equilibrio de la guerra que estamos contando aquí, porque el 29 de abril de 2026 estalló una auténtica bomba política.
El gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios de alto nivel de su administración fueron acusados formalmente por autoridades de Estados Unidos y por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado. Nunca antes un gobernador mexicano en funciones había sido señalado formalmente por el gobierno estadounidense bajo acusaciones de este nivel mientras seguía ocupando el cargo.
La presión política, mediática y diplomática fue inmediata. Dos días después, la noche del primero de mayo de 2026, Rocha Moya anunció mediante un mensaje en video que solicitaría licencia temporal al Congreso del Estado, alegando que lo hacía para no entorpecer la investigación y facilitar la transparencia del proceso.
El Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud al día siguiente y tomó protesta como gobernadora interina a Geraldine Bonilla Valverde, hasta entonces secretaria general de gobierno, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar el estado. La licencia no implicó una renuncia ni la pérdida del cargo y Rocha Moya conservó su fuero.
Semanas después, a finales de mayo, acudió personalmente a la Fiscalía General de la República para comparecer sobre las investigaciones derivadas de la acusación estadounidense sin que hasta la fecha se haya anunciado su reincorporación al cargo. Para dimensionar lo que esto significa dentro del sistema político mexicano, hay que entender que un gobernador en funciones no es una figura menor dentro de la cadena de seguridad de un estado.
tiene acceso directo a información sobre despliegues policiales, coordinación con fiscalías estatales, presupuestos de seguridad pública y nombramientos de mandos clave. Si las acusaciones formales de Estados Unidos tienen fundamento, la pregunta que se desprende no es solamente sobre un funcionario corrupto más.
Es sobre hasta qué punto la propia guerra que ha destrozado Sinaloa durante más de un año pudo haber contado en algún momento con información privilegiada filtrada desde la cúspide misma del gobierno estatal. Lo más delicado, sin embargo, ocurrió después. Dos de los funcionarios acusados decidieron entregarse voluntariamente a autoridades estadounidenses.
Enrique Díaz, exsecretario de finanzas de Sinaloa durante la administración de Rocha Moya y el general Gerardo Mérida, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del Estado. Si ambos comienzan a cooperar con fiscales estadounidenses, podrían desencadenar una cadena de acusaciones, filtraciones y testimonios capaces de sacudir no solo al gobierno sinaloense, sino a múltiples estructuras políticas y criminales dentro de México.
Que un exsecretario de finanzas y un exsecretario de seguridad pública decidan entregarse voluntariamente en vez de esperar un proceso de extradición suele significar una sola cosa dentro de la lógica judicial estadounidense. Ambos calculan que cooperar desde el principio les ofrece condiciones más favorables que resistirse.
Y si eso es cierto, lo que sepan esos dos hombres sobre la relación real entre el gobierno de Sinaloa y las facciones del cártel podría convertirse en los próximos meses en el material más explosivo de todo este conflicto. Ninguna autoridad hasta ahora ha confirmado qué tan profunda llega esa relación, ni cuántos nombres más podrían aparecer si ambos deciden hablar con detalle ante un fiscal federal.
Y esa es quizás la pregunta que debería incomodarnos más que cualquier cifra de esta guerra. Si un gobernador en funciones puede terminar señalado formalmente por vínculos con el crimen organizado mientras una guerra interna destroza su propio estado, ¿qué tan distinta es realmente la línea entre la estructura que gobierna y la estructura que combate? No es la primera vez que un caso así conecta directamente al poder político mexicano con el crimen organizado a este nivel, pero sí es la primera vez que ocurre con un gobernador
todavía en funciones, en pleno estallido de la guerra más violenta que ha vivido su propio estado en años recientes. Eso convierte este episodio en algo distinto a un escándalo de corrupción aislado. lo convierte en evidencia, todavía por confirmarse en tribunales, de que la frontera entre gobierno y crimen organizado en ciertas regiones de México puede ser mucho más delgada de lo que cualquier discurso oficial está dispuesto a admitir.
En el corto plazo es altamente probable que veamos nuevas capturas de alto perfil, figuras clave de los chapitos como Jesús Alfredo o Iván Archivaldo o incluso la caída de Mayito Flaco, líder de la miza. Pero cualquiera de estos escenarios, la experiencia lo demuestra una y otra vez, no traerá automáticamente estabilidad. Estas facciones no operan de forma aislada, tienen células, brazos armados y estructuras logísticas distribuidas por prácticamente todo el país, además de redes internacionales para el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el
abastecimiento de precursores químicos. La caída de uno de estos líderes suele provocar exactamente lo contrario a la calma. Nuevas luchas internas, reacomodos violentos, fragmentación adicional, porque en el mundo del crimen organizado mexicano siempre hay un heredero. Lo que nunca hay garantizado es que ese heredero traiga paz.
Basta con mirar lo que ya ocurrió tras la muerte del propio Mencho en Jalisco para confirmar el patrón. Cada vez que cae una cabeza histórica, sin importar el tamaño de la organización, el resultado inmediato no es el fin del conflicto, es la apertura de una nueva pregunta, todavía más difícil de responder.
¿Quién entre los que quedan tiene realmente la capacidad de sostener el control sin repetir la misma guerra de sucesión que acabamos de ver en Sinaloa? El 20 de julio de 2026 está programada la sentencia del mayo Sambada en la corte de Brooklyn, más de un año después de que se declarara culpable ante ese mismo tribunal, reconociendo haber sostenido durante décadas una organización criminal continuada y haber sobornado a policías, militares y políticos mexicanos para mantener su operación intacta durante más de medio siglo. Durante la audiencia en la que se
declaró culpable en agosto de 2025, el propio Mayo tomó la palabra durante varios minutos ante el juez, reconociendo el peso completo de cinco décadas al frente de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo. No hubo teatralidad en ese reconocimiento. fue, según quienes estuvieron presentes, la declaración serena de un hombre de 76 años que ya sabe que no volverá a pisar suelo mexicano en libertad y que decidió, a diferencia de otros capos de su generación, no pelear cada cargo hasta el final. Su fiscalía calificó ese
momento como una victoria histórica para el sistema de justicia estadounidense. Para sus antiguos operadores en Culiacán, fue una confirmación más. de que el hombre que alguna vez fue tratado casi como una deidad ya no volvería a tomar ninguna decisión sobre el futuro de la organización que ayudó a construir, ni siquiera sobre cómo terminaría la guerra que su propia captura ayudó a desatar.
Su caso podría destapar todavía más nombres, más acuerdos, más filtraciones. Y cuando eso ocurra, es probable que la guerra que empezó en un rancho con una mesa llena de fruta todavía no haya terminado de cobrarse su factura completa. Lo que queda, más allá de quién controle hoy cada corredor, cada plaza, cada ruta hacia el norte, es la imagen que abrió esta historia.
Un hombre de 76 años entrando a una habitación sin saber que el hijo de su socio más antiguo lo estaba esperando para entregarlo. Esa imagen, más que cualquier cifra de homicidios o cualquier sanción del tesoro estadounidense es la que define lo que realmente se rompió en Sinaloa aquel 25 de julio. No fue solamente un cártel, fue la última generación que todavía creía que la lealtad en ese mundo significaba algo.
Durante casi 50 años, el mayo Sambada construyó su poder apostando precisamente a eso, a que la lealtad silenciosa sostenida durante décadas valía más que cualquier alianza momentánea o cualquier ganancia rápida. Fue esa misma lógica la que lo mantuvo libre mientras generaciones enteras de capos caían a su alrededor.
Y fue esa misma lógica la que paradójicamente terminó siendo la razón por la que confió en la palabra de un hijo de su socio en un rancho un martes por la mañana con una mesa llena de fruta esperándolo. Hoy, mientras la guerra sigue moviéndose de un municipio a otro, mientras nuevos nombres aparecen y desaparecen de los reportes de inteligencia, mientras un gobernador sigue sin dar la cara y dos de sus exfuncionarios deciden qué contarle a un fiscal estadounidense, esa pregunta original sigue sin resolverse del todo y probablemente no
se resuelva pronto. Las guerras de sucesión dentro del crimen organizado mexicano rara vez tienen un final claro con un ganador indiscutible levantando la mano. Suelen apagarse poco a poco, no porque alguien gane definitivamente, sino porque ambos bandos llegan a un punto de agotamiento mutuo, un equilibrio incómodo que dura hasta que algo, una nueva captura, una nueva traición, una nueva alianza vuelve a romperlo todo.
Sinalo ya vivió ese ciclo antes con el Chapo y sus rivales. Lo está viviendo de nuevo ahora con sus propios hijos enfrentados entre sí y probablemente lo vuelva a vivir dentro de unos años con otros nombres, otra generación y la misma pregunta de fondo repitiéndose sin respuesta definitiva. Si esta reconstrucción te ha parecido tan reveladora como a mí armarla, dale like a este video y suscríbete al canal.
Nos ayuda más de lo que imaginas a seguir trayéndote este tipo de investigaciones. ¿Tú qué crees? La traición que empezó esta guerra fue el precio que alguien tenía que pagar por sobrevivir o fue la prueba de que en ese mundo nunca existió realmente la lealtad que todos decían tenerse. Deja tu respuesta en los comentarios porque probablemente sea la pregunta que más divida a quienes
