En un escenario político marcado por la incertidumbre y la polarización, la voz de una joven de 15 años ha resonado con inusitada fuerza en las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral que ha captado la atención nacional. Manuela Reyes Parada, identificada en sus intervenciones como una joven ganadera con una madurez poco común para su edad, se ha atrevido a señalar lo que muchos consideran un peligro inminente para la estabilidad institucional de Colombia: el proyecto de una Asamblea Nacional Constituyente impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La propuesta, que busca reconfigurar la Constitución de 1991, ha sido presentada por el ejecutivo como una necesidad de modernizar el Estado y lograr un nuevo pacto institucional. Sin embargo, la intervención de Reyes Parada y el respaldo analítico de expertos juristas, como el abogado internacional Mauricio Gaona, sugieren una lectura radicalmente distinta. Según ellos, lo que se presenta como una “reforma” es, en esencia, una estrategia para reescribir las reglas del juego democrático a medida del gobierno de turno, debilitando los contrapesos que garantizan la libertad de los ciudadanos.
El argumento central de la joven es contundente: las naciones no pierden su libertad de un día para otro, sino mediante procesos graduales donde el poder, al intentar escribirse a sí mismo, se apropia de la historia y desplaza al pueblo. Reyes Parada advierte que modificar la Constitución en el último tramo de una administración no es un acto de renovación, sino un intento de reconfiguración del poder mientras este aún se ejerce. Esta lógica es compartida por sectores críticos que ven en la iniciativa una similitud alarmante con los procesos ocurridos en países vecinos, donde el cambio constitucional fue el preludio de la concentración total de facultades en el ejecutivo.
La Constitución de 1991, fruto de un consenso nacional tras décadas de conflicto, es vista por la mayoría de los colombianos como el baluarte que garantiza derechos laborales, la libertad de prensa, la propiedad privada y la independencia de organismos de control como el Banco de la República. La posibilidad de que una Asamblea Constituyente, con facultades extraordinarias y delegados alineados con el gobierno, pueda alterar estos pilares en apenas tres meses, ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales.
El profesor Mauricio Gaona, en sus intervenciones públicas, ha profundizado en el riesgo institucional de esta propuesta. Según Gaona, la exposición de motivos del proyecto revela una intención de eliminar la oposición bajo el pretexto de evitar un “bloqueo institucional”. Sin embargo, el jurista subraya que la oposición es, precisamente, el precio que se paga por vivir en una democracia. La eliminación de los contrapesos —como el Congreso o las altas cortes— para que el ejecutivo opere sin restricciones, constituye lo que en teoría política se denomina una “dictadura constitucional”. El peligro, señala Gaona, no radica solo en el texto final de una posible nueva carta magna, sino en el proceso intermedio: la definición de las competencias de dicha asamblea, que podría arrogarse poderes ilimitados, incluso por encima de los periodos presidenciales establecidos.
Este debate ha trascendido la mera disputa política para convertirse en una discusión sobre la supervivencia del sistema republicano colombiano. La pregunta que surge entre la ciudadanía es si el presidente Petro busca realmente una evolución del país o si se trata de un ardid político ante la imposibilidad de ejecutar su plataforma de gobierno dentro de los márgenes actuales. La falta de gobernabilidad y la dificultad para negociar con el legislativo han sido interpretadas por algunos como un síntoma de que el problema no es la Constitución, sino la gestión y la capacidad de concertación de los líderes.
El fenómeno de Manuela Reyes Parada no es aislado. Representa a una generación que, lejos de ser apática, está observando con lupa las acciones de sus gobernantes y cuestionando la narrativa oficial. Su mensaje, “defender la Constitución no es ser de izquierda ni de derecha, es ser colombiano”, ha calado hondo en un país que, ante la amenaza de cambios estructurales profundos, parece haber comenzado a despertar.
La convocatoria a una consulta nacional, que el gobierno planea realizar junto a las elecciones legislativas de 2026, requeriría no solo la aprobación del Congreso con mayoría absoluta, sino también el respaldo ciudadano en las urnas. Sin estos dos pilares, el proyecto carece de viabilidad jurídica, lo que coloca al legislativo y a la Corte Constitucional en una posición clave de control.
En última instancia, el debate sobre la Constituyente es un espejo de la profunda desconfianza que existe en la sociedad civil hacia las intenciones de largo plazo de la administración actual. La historia regional ha demostrado que cuando los gobiernos utilizan la ley como herramienta para acomodar sus intereses, la libertad ciudadana es la primera víctima. Por ello, el llamado de la joven, apoyado por juristas y ciudadanos de diversas tendencias, es claro: Colombia no necesita una nueva Constitución, sino que se cumpla y se respete la que ya posee, fortaleciendo sus instituciones y protegiendo la democracia de cualquier intento de subordinación al poder ejecutivo. La consigna es meridiana: el país debe permanecer alerta, informado y unido en la defensa de sus libertades, antes de que el silencio o la apatía permitan que la historia tome un rumbo irreversible.
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