Comenzó desde muy pequeño con actividades delictivas que fueron escalando a medida que ganaba experiencia y afianzaba su audacia. Comenzó con cigarrillos de contrabando, robos de vehículos para desguace, reventa de lápidas de cementerio que su grupo sacaba de noche y revendía pulidas.
No era un joven violento por naturaleza, pero esa idea tampoco le generaba ningún conflicto. Formaba parte del entorno donde se movía desde siempre. Cuando un hombre lo denunció ante la policía en esos primeros años, esa persona apareció muerta. El mensaje quedó grabado en el barrio para siempre. La violencia gratuita no era su método preferido.
En cambio, se acostumbró a medir sus acciones confiando en una habilidad poco corriente en los estratos más bajos de la ilegalidad. Era un observador agudo de las dinámicas sociales que lo rodeaban. entendía que Colombia era una sociedad profundamente clasista, donde la clase alta de buen gusto, moderna y educada nunca había querido mezclarse con los de abajo.
Esa exclusión no era solo económica, era cultural, gestual. Podía verse en el tono con el que se dirigían a los de la clase social de Pablo en un banco o cómo eran ignorados en una oficina del estado. Escobar lo experimentó en carne propia y no lo olvidó jamás. Esa herida real o amplificada por conveniencia narrativa sería el combustible emocional de su proyecto de ascenso durante décadas.
Su primo Gustavo Gaviria fue el primer socio serio. Juntos escalaron del delito menor al contrabando mayor y del contrabando al umbral de algo que en ese momento nadie en Colombia comprendía del todo, la cocaína. A mediados de los años 70, la demanda de cocaína en Estados Unidos comenzó a crecer a una escala nunca antes vista. Lo que había sido un vicio de las élites bohemias se convirtió en un fenómeno masivo.
Ejecutivos, artistas, deportistas y universitarios todos tenían sus deslices y sus nuevos rituales para las fiestas intensas. El estudio 54 en Nueva York era el símbolo de una época en la que la cocaína era omnipresente y casi festejada. La industria del entretenimiento la promovía sin decirlo con los presentadores de televisión haciendo chistes sobre el polvo blanco en horario estelar.
50,000 kg no era nada para ciertos sectores de esa industria. Los compraban como si fueran caramelos. Alguien tenía que abastecer esa demanda y Escobar fue de los primeros en comprender la escala del negocio posible y en organizarlo con una visión industrial. El cártel de Medellín que Escobar lideró con los hermanos Ochoa y otros socios no fue simplemente una banda de traficantes, sino una corporación criminal con estructura gerencial, departamento de logística, red de sobornos institucionalizada y un brazo armado propio. Escobar inventó las
apuntadas, un mecanismo por el cual decenas de socios menores aportaban capital para un cargamento, garantizando las ganancias, incluso si el envío era interceptado. Eso era una dinámica empresarial completa que distribuía el riesgo mientras concentraba el control. Para 1982, el cártel exportaba 15 toneladas mensuales de cocaína a Estados Unidos y la fortuna personal de Escobar se calculaba entre 30,000 millones de dólares hasta el punto que la revista Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del planeta. Era el
pico de una carrera que había comenzado robando piezas de automóviles en los patios traseros de Enigado. Pero no se trataba de una historia de superación o de astucia empresarial. La otra cara de ese poder era el terror. Escobar no gobernó el cártel únicamente con dinero y estrategias innovadoras.
El sicariato, una práctica poco común en Colombia antes de él, se convirtió bajo su dirección en una industria que empleaba cientos de jóvenes de las comunas de Medellín. les pagaba, les daba identidad, les exigía obediencia total. La famosa frase era una política de gestión, no una metáfora, plata o plomo. No había un término medio al alcance de los soldados y los débiles.
La corrupción era el aceite que hacía funcionar la máquina. Juces, policías, políticos y militares formaban parte de un sistema de sobornos que era tan sistemático que generó una clase entera de funcionarios cuya carrera y prosperidad dependían de que Escobar siguiera operando. Al mismo tiempo, el patrón usaba su dinero para construir una base social en los barrios populares de Medellín.
Canchas de fútbol, repartos de mercadería, viviendas para los desplazados. El barrio que construyó para familias sin techo, que algunos todavía hoy llaman por su nombre, fue su inversión más rentable en términos de imagen. Esos mismos barrios producían los sicarios de su ejército privado. Era control social y capital político al mismo tiempo.
Tenía la estructura cronometrada y el control era ya su segunda naturaleza. Fue entonces cuando ideo una jugada insólita. En 1982, con la audacia que lo caracterizaba, Escobar se lanzó a la política. Fue elegido representante a la Cámara como suplente de un movimiento liberal. Llegó al Congreso, viajó a Washington y se tomó fotografía sonriendo con la actitud de un verdadero estadista.
La estrategia era clara, la inmunidad parlamentaria le servía como un escudo jurídico y el acceso al poder político era el siguiente nivel de su proyecto de ascenso. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue quien cortó ese camino. En sesiones del Congreso y en declaraciones públicas, Lara señaló con nombre propio a los narcotraficantes infiltrados en la política colombiana y documentó el origen ilícito de sus fortunas.
Escobar fue denunciado de manera abierta y se vio obligado a responder. Ante las cámaras, negó todo con la serenidad de quien lleva años ensayando la mentira, pero nadie le creyó. Nadie era lo bastante ingenuo como para eso. El 30 de abril de 1984, un grupo de sicarios en motocicleta asesinaron al ministro Lara Bonilla en el norte de Bogotá mientras volvía a su casa.
Su escolta era la normal para alguien de su posición, pero su automóvil no era blindado. El magnicidio fue una declaración de guerra al estado colombiano y Colombia respondió de la misma manera. En el funeral del ministro, el presidente Belizario Betancur anunció que el país utilizaría la extradición Estados Unidos como instrumento central de la lucha contra el narcotráfico.
Escobar, por su parte, respondió con una campaña de terror sin precedentes en la historia del continente. Fue terrorismo puro, calibrado para producir un resultado político muy claro, que Colombia renunciara al proyecto de aplicar la extradición. Los blancos eran sistemáticos, magistrados que estudiaban tratados de extradición aparecían asesinados, como también eran eliminados los periodistas que investigaban al cártel.
En Medellín, la policía era casada en las calles con primas económicas por cada agente abatido. Los oficiales de policía eran asesinados cuando estaban en los parques jugando con sus hijos. El 18 de agosto de 1989, sicarios del cártel asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento en un miting político en Soacha. Galán era el candidato presidencial con mayor respaldo popular, el político que había retomado con más firmeza la bandera de Lara Bonilla.
Su muerte fue un golpe al corazón de la democracia. Para la inmensa mayoría de los colombianos, desbordados por la violencia creciente, ese día significó quedarse sin futuro. Dos meses después, el 27 de noviembre de 1989, un avión de Avianca que cubría la ruta a Bogotá, Cali explotó 5 minutos después del despegue.
Murieron 107 personas, entre ellas Gonzalo Hernán Rojas Castro, un ingeniero mecánico de 38 años. Su hijo de 10 años se enteró de la noticia en el colegio. Décadas después, ese niño diría que no recuerda el último abrazo con su padre y que es precisamente eso, no el recuerdo de lo que hubo, sino el vacío de lo que ya nunca habrá lo que más extraña.
Ese tipo de crimen es la medida exacta de hasta dónde llegó Pablo Escobar y también es la razón por la que la fascinación que genera su figura resulta tan difícil de digerir para quienes lo vivieron desde adentro, porque detrás de cada número hay una familia rota. Un hijo que creció sin padre, una viuda que tuvo que rehacer una vida que había sido demolida sin la menor consideración en un segundo.
Era impensable que los colombianos soportaran semejante impunidad. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La Constitución de 1991 prohibió la extradición de nacionales colombianos. Fue una victoria política del narcotráfico sobre el Estado, arrancada punta de terror. Con ese escudo legal a su favor, Escobar aceptó negociar su entrega.
Las condiciones que impuso revelaban todo sobre la naturaleza real poder en Colombia en ese momento. La prisión sería construida, según sus especificaciones, en las montañas sobre Enigado, su municipio natal. La llamarían la catedral y contaría con cancha de fútbol, bar, zona de entretenimiento, habitaciones individuales con televisores y teléfonos.
La guardia sería designada por él. Y como si eso no fuese lo suficientemente delirante, la Policía Nacional no podría acercarse a menos de 3 km del perímetro. Pero el gobierno colombiano aceptó todas las condiciones. Desde la catedral Escobar continuó dirigiendo el cártel con la misma soltura que si se hallara libre. Recibía visitas de negocios, celebraba fiestas y daba órdenes con total normalidad.
Desde ese flamante centro de operaciones se dedicó a sanear sus filas. Ejecutó a sus propios socios. Los hermanos Moncá y Galeano fueron asesinados dentro de la prisión después de un conflicto por dinero. Sus propios hombres llevaban a cabo las ejecuciones dentro del perímetro de un establecimiento carcelario del estado colombiano.
Era el jefe supremo operando desde un feudo privado con bandera del Estado en la puerta. Pocos eventos recientes demostraron con tanta claridad el alcance del poder del crimen organizado por sobre las instituciones. La dimensión de esa humillación institucional era difícil de procesar. Colombia estaba negociando con un hombre que había asesinado a su ministro de justicia, a su candidato presidencial más popular y a los pasajeros de un avión comercial.
Y ese hombre había conseguido que le construyeran un retiro de montaña y lo publicitaran de cara al público como una cárcel. La Constitución del 91 había eliminado la extradición bajo una presión de sangre y dinamita a la que ningún gobierno democrático debería haber cedido. Pero ese paso ya estaba dado.
Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una instalación penitenciaria real en julio de 1992, Escobar desapareció en la oscuridad de las montañas antioqueñas antes de que llegaran a buscarlo. La versión oficial fue un escape, pero la evidencia apunta en otra dirección. El general a cargo de la operación desobedeció órdenes presidenciales durante horas postergando el traslado sin explicación.
La sospecha de que alguien facilitó la fuga nunca fue desacreditada de manera convincente. Los 19 meses que siguieron fueron los más sangrientos de todo el siglo. Sin la protección formal de la catedral, Escobar lanzó su campaña de exterminio más brutal. Cerca de 5,000 personas murieron en ese periodo como resultado de sus operaciones contra contradictores y autoridades, pero también eran sus últimos meses.
En 1993, Escobar era un hombre en caída. Sus redes estaban siendo desarticuladas de manera constante y sus lugar teniñientes caían uno por uno. Sus propiedades eran dinamitadas por los Pepes, una coalición de enemigos que incluía exsocios traicionados, paramilitares y víctimas del cártel. Todos ellos con conocimiento de primera mano sobre la organización que combatían.
Los Pepes operaban con una brutalidad tan salvaje como estudiada. Los ataques estaban dirigidos a los puntos donde el cártel era más vulnerable. Habían estado dentro y conocían cada costura del sistema. El apoyo norteamericano no fue un factor menor y nunca ha sido transparentado por completo. La DEA, la administración de control de Drogas, aportó tecnología, inteligencia y presión diplomática.
Unidades especiales del ejército estadounidense operaban en Colombia en una zona legal que el gobierno colombiano prefirió no definir con demasiada precisión. La guerra contra el narcotráfico que Estados Unidos había declarado solo de palabra durante años mientras consumía el producto con entusiasmo se volvió operativa cuando Escobar empezó a ser un problema geopolítico más que un proveedor tolerable.
El bloque de búsqueda, unidad especial creada para capturarlo, operaba con tecnología de rastreo telefónico aportada por la DEA y con equipos de intercepción de origen francés y británico. La estrategia era sencilla, presionar sobre la familia de Escobar hasta que él cometiera el error de comunicarse con ellos, más de lo conveniente.
La familia había intentado abandonar Colombia en dos ocasiones. La última vez llegaron hasta Alemania, donde fueron deportados de regreso por intervención de la policía colombiana y la DEA. A su llegada al aeropuerto El Dorado, su esposa Victoria Enao y los hijos de Escobar fueron confinados en las residencias Tequendama en el centro de Bogotá bajo vigilancia permanente.
Escobar sabía que esos teléfonos estaban intervenidos. El edificio pertenecía al fondo de retiro de las fuerzas militares y sabía que no podía hablar más de 2 minutos sin ser localizado. Llamaba disfrazando la voz haciéndose pasar por un periodista. El primero de diciembre de 1993, Pablo Escobar cumplió 44 años.
Lo celebró en una casa del barrio Los Olivos, zona residencial de clase media de Medellín, en compañía de uno de sus hijos y su último guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, apodado Limón, quien había comenzado su carrera como chóer. Al día siguiente, incapaz de contener la angustia por su familia, Escobar llamó de nuevo.
La segunda comunicación de esa mañana se extendió más de 2 minutos. La triangulación fue inmediata. El bloque de búsqueda desplegó unidades sobre los Olivos. Lo último que Escobar le dijo a su hijo fue, “Espérate que estoy viendo unos movimientos raros.” El enfrentamiento fue breve. Escobar intentó huir por el tejado, donde recibió impactos en el torso y los pies.
Una bala le atravesó la cabeza. Era el mediodía del 2 de diciembre de 1993. La identidad de quien disparó ese tiro final sigue siendo disputada. Hay quienes sostienen que fue un francotirador de los PPEs. Otros señalan a un oficial de la DIIN, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la unidad élite de la Policía Nacional de Colombia.
Algunos apuntan a fuerzas especiales con asistencia norteamericana. La familia Escobar defiende que Pablo se suicidó disparándose debajo de la oreja derecha, coherente con el lema que él mismo había difundido. Una tumba en Colombia antes que una celda en Estados Unidos. Ninguna versión ha sido definitivamente probada ni descartada.
Lo que sí es cierto es que Medellín festejó y que también lloró, ya que más de 20,000 personas asistieron a su funeral. La muerte de Pablo Escobar desintegró el cártel de Medellín en semanas. El negocio no desapareció, se fragmentó en organizaciones más pequeñas y luego se reconfiguró bajo el dominio temporal del cártel de Cali, cuyos líderes serían capturados pocos años después.
Colombia seguía produciendo cocaína y Estados Unidos seguía consumiéndola. El ciclo no se rompió con un cadáver en un tejado de Medellín. Lo que se rompió fue la ilusión de que había un único responsable al que eliminar para que todo se resolviera. El legado de Escobar en Colombia contemporánea es uno de los más perturbadores de la historia latinoamericana reciente, no por su ambigüedad moral, sino por la ausencia de ella.
No hay zona gris real en los crímenes que cometió. Sin embargo, 30 años después de su muerte, su imagen en camisetas, en circuitos turísticos, en series de televisión que lo presentan como protagonista trágico. El turismo del narco es uno de los principales atractivos de Medellín y Escobar es, sin duda, la figura central.
Esta conversión del horror en entretenimiento no es inocente. Es el síntoma de algo que las víctimas llevan décadas declarando. La historia se está contando desde el punto de vista equivocado. Una fundación dedicada a documentar el narcoterrorismo estima que las víctimas directas de ese periodo podrían aproximarse a las 30,000 personas.
Jueces, policías, periodistas, candidatos presidenciales, pasajeros de aviones y hasta niños esperando el transporte escolar. Detrás de cada uno hay una historia que ninguna serie de televisión ha contado con la misma intensidad con la que se cuenta la vida del hombre que los mató. La Comisión de la Verdad del Museo de Memoria de Medellín, los testimonios preservados por organizaciones de víctimas, todos son esfuerzos por equilibrar ese relato y poner en el centro a quienes el sistema narrativo dominante ha relegado al fondo de la escena. Pablo Escobar fue
un hombre que explotó la exclusión social para construir un poder criminal sin precedentes, que convirtió la violencia en instrumento de negociación política y que dejó a Colombia una herencia de desconfianza institucional, corrupción normalizada y una deuda moral con sus víctimas que todavía no ha sido saldada.
Fue también, y esto es lo más incómodo, el producto de un sistema que lo hizo posible. Una sociedad que cerró todas las puertas legítimas del ascenso social y luego se escandalizó cuando alguien decidió entrar [música] por las ilegítimas. El cadáver que encontraron en ese tejado de los Olivos no era solo el de un narcotraficante muerto.
