El mundo de la política internacional y el debate público han presenciado recientemente uno de los discursos más incisivos, valientes y demoledores de los últimos tiempos. En un escenario donde las narrativas oficiales suelen estar blindadas por la retórica del patriotismo de conveniencia, la política, periodista e intelectual española Cayetana Álvarez de Toledo ha aterrizado en México para pronunciar unas palabras que han resonado como un auténtico terremoto. Su intervención, en el marco de uno de los foros empresariales y sociales más importantes del país, no solo ha desnudado las contradicciones del gobierno actual y de figuras clave como la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que ha planteado una redefinición urgente y necesaria de un concepto que ha sido secuestrado por el poder: la soberanía.
A lo largo de los años, las relaciones diplomáticas entre México y España han atravesado por momentos de tensión, a menudo exacerbados por exigencias de disculpas históricas y discursos encendidos que buscan en el pasado a los culpables de los males del presente. Sin embargo, el mensaje central de este análisis rompe con esa dinámica estéril y apunta directamente al corazón del problema. ¿Quién amenaza realmente la soberanía de los mexicanos en pleno siglo XXI? La respuesta, argumentada con una claridad que corta la respiración, no se encuentra en las capitales extranjeras, ni en Madrid, ni en Washington. No reside en la figura de Hernán Cortés ni en el legado de Isabel la Católica. Los verdaderos enemigos de la libertad y el progreso de México están dentro de sus propias fronteras y avanzan de manera implacable. Se trata de tres flagelos internos y corrosivos: el crimen organizado, el populismo autoritario y la mentalidad de dependencia.
Para comprender la magnitud de esta afirmación, es preciso diseccionar el concepto mismo de soberanía. La palabra está de moda en los atriles gubernamentales. Se invoca a diario en las conferencias de prensa matutinas como un escudo protector contra cualquier crítica externa. México es, indudablemente, un país orgulloso, con una identidad profunda, compleja y deslumbrante. Es una nación que conquistó su independencia a sangre y fuego, que defendió su territorio frente a invasiones extranjeras y que, en su momento, erigió la famosa Doctrina Estrada como un pilar del derecho internacional y del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, ese orgullo histórico está siendo utilizado hoy como una cortina de humo para ocultar una tragedia monumental.
¿Qué queda de la soberanía nacional cuando millones de ciudadanos han perdido la soberanía sobre sus propias vidas? Esta es la pregunta fundamental que sacude los cimientos del discurso oficial. La soberanía no es simplemente una bandera ondeando en el Zócalo, ni un reproche histórico lanzado contra un país hermano. La verdadera soberanía comienza en el nivel más elemental y cotidiano de la existencia humana. Es la capacidad de un padre de familia para salir a la calle sin tener que pedirle permiso a un criminal armado. Es el derecho inalienable de un emprendedor a abrir un negocio y generar empleo sin ser víctima de la extorsión y el cobro de piso. Es la libertad de un periodista para investigar y publicar una verdad incómoda sin que ello implique calcular el coste en su propia sangre. Y, por supuesto, es la garantía democrática de poder acudir a las urnas a votar sin que el resultado haya sido previamente decidido en los oscuros despachos de un poder sin contrapesos.
Un país no puede llamarse a sí mismo soberano únicamente porque sus fronteras no estén siendo cruzadas por un ejército invasor. Debe, sobre todo, tener la capacidad y la voluntad política para impedir que otros poderes, formales o informales, lo vacíen y lo destruyan desde dentro. Y aquí es donde entra en juego el primero y más letal de los enemigos señalados: el crimen organizado.
La crisis de seguridad en México ha dejado de ser un problema convencional de orden público para convertirse en una amenaza existencial contra el Estado mismo. El relato sobre el “rancho del horror” en Jalisco es una de las ilustraciones más crudas y espeluznantes de esta realidad. Cientos de zapatos vacíos, mochilas abandonadas, ropas desgarradas, restos humanos y cenizas conforman el paisaje de un campo de exterminio contemporáneo. Un lugar donde las mafias entrenaban a reclutas bajo métodos de tortura salvaje, castigaban a quienes intentaban resistirse y se deshacían de los cuerpos con una impunidad que hiela la sangre. Lo más trágico de este escenario es el origen de las víctimas. Muchos de esos jóvenes llegaron allí engañados, respondiendo a falsas ofertas de trabajo publicadas en redes sociales. Buscaban un empleo digno para ayudar a sus familias, anhelaban una oportunidad de progreso, y lo que encontraron fue una trampa mortal tendida por psicópatas.
Esos zapatos vacíos no pueden ser reducidos a una simple estadística en un informe gubernamental; son una acusación directa y feroz contra quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Hablan de un país donde semejante barbarie se ha normalizado, donde los cadáveres se amontonan en las morgues y donde el hallazgo de una fosa clandestina ha dejado de ser noticia de primera plana porque la macabra frecuencia de estos eventos ha convertido el horror en un paisaje cotidiano. Las cifras son abrumadoras y constituyen una herida abierta en la conciencia de la humanidad: más de 134.000 personas desaparecidas y un saldo trágico que supera los 200.000 asesinados en el último sexenio.
Ante este panorama desolador, la figura de las “madres buscadoras” emerge como el símbolo más doloroso y, al mismo tiempo, más heroico de la resistencia civil en México. Mujeres que, armadas únicamente con una varilla, una pala y un amor inquebrantable, recorren descampados y terrenos baldíos hincando las rodillas en la tierra para buscar los restos de sus hijos. Se cansaron de esperar a un Estado que nunca llega, un Estado que ha abdicado de su responsabilidad primordial de garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Ver a una madre rascando la tierra de su propia patria para encontrar un fragmento de hueso de su hijo es la imagen más exacta y desgarradora de una soberanía completamente quebrada. Por ello, resulta profundamente indignante y moralmente insostenible que, frente a esta carnicería, la respuesta de las autoridades se centre en exigir peticiones de perdón a naciones extranjeras por hechos ocurridos hace más de cinco siglos. Antes de mirar hacia el Atlántico con reproches, los líderes políticos, y muy especialmente aquellos que se envuelven en la bandera de la transformación, deberían empezar por pedir perdón a esas madres, a esas familias rotas, a esos jóvenes a los que el Estado les falló rotundamente.
El crimen organizado ha logrado establecer un poder paralelo porque compite contra un Estado ausente y, en demasiadas ocasiones, contra un Estado cómplice. Los cárteles, que reclutan a cientos de personas cada semana, no atraen a los jóvenes porque su oferta sea irresistible en términos morales, sino porque se aprovechan de la desesperación. Ofrecen aquello que las instituciones formales han sido incapaces de proveer: ingresos rápidos, un sentido distorsionado de pertenencia y un propósito, aunque sea efímero y criminal, a cambio de una vida que casi siempre termina siendo trágicamente corta. Enfrentar a estos grupos no es solo una cuestión de policías y militares; es una tarea imperativa para recuperar el control territorial e institucional. Soberanía o crimen organizado. Soberanía o narcoestado. La disyuntiva no admite términos medios.
El segundo flagelo que carcome las bases de la sociedad es el populismo autoritario. Este fenómeno político, que ha encontrado un terreno fértil en diversas latitudes de América Latina y del mundo, se caracteriza por su habilidad para capitalizar el desencanto legítimo de la población y transformarlo en un arma para concentrar el poder. El populismo no busca fortalecer las instituciones democráticas; su objetivo es erosionarlas desde adentro, deslegitimando a la prensa libre, atacando la independencia del poder judicial y dividiendo a la sociedad entre el “pueblo bueno” y los “enemigos de la patria”. Al centralizar las decisiones y anular los contrapesos, el populismo despoja al ciudadano de sus derechos fundamentales, convirtiéndolo en un mero espectador de los caprichos del líder en turno.
La soberanía democrática se evapora cuando un juez tiene que mirar de reojo al poder ejecutivo antes de atreverse a dictar una sentencia justa. Se pierde cuando los organismos electorales, diseñados para garantizar la transparencia y la equidad en las urnas, son asediados y asfixiados financieramente. El autoritarismo se disfraza de justicia social, pero en la práctica, suprime el pluralismo político y silencia la disidencia. Frente a esta amenaza, la exigencia ciudadana debe ser categórica: la defensa irrestricta de la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho. Un gobierno que no tolera la crítica y que basa su fortaleza en la polarización permanente es un gobierno que atenta contra la madurez y la verdadera independencia de su gente.
El tercer elemento de esta tríada destructiva es la mentalidad de dependencia. Esta condición es, quizás, la más sutil pero la más difícil de erradicar, ya que se infiltra en la psicología colectiva a través del clientelismo político. Cuando el Estado, en lugar de generar las condiciones para la creación de riqueza, la educación de calidad y el empleo digno, opta por regalar recursos a cambio de lealtad electoral, está cortando las alas de la iniciativa individual. La dependencia económica se convierte en una herramienta de control social. Un ciudadano que depende del subsidio gubernamental para su supervivencia diaria es un ciudadano vulnerable, temeroso de exigir sus derechos y susceptible al chantaje político. Rescatar la soberanía implica fomentar una cultura del esfuerzo, de la responsabilidad individual y del emprendimiento. Significa construir una economía robusta que premie el talento y el trabajo duro, permitiendo que cada individuo sea el arquitecto de su propio destino y no un rehén de las dádivas del poder.
En medio de este crudo análisis, surge una reflexión ineludible sobre el papel de la comunidad internacional y, en particular, sobre la actitud de ciertos sectores políticos en Europa. Es asombroso y profundamente indignante observar cómo muchos intelectuales y políticos de la izquierda europea defienden y justifican para América Latina modelos de gobierno que jamás, bajo ninguna circunstancia, aceptarían para sus propios países. Son los que podríamos denominar “turistas del ideal”. Desde la comodidad de sus democracias consolidadas, con altos niveles de seguridad ciudadana, libertad de expresión y seguridad jurídica, romantizan revoluciones fallidas, regímenes de partido único y dictaduras perfectas o imperfectas al otro lado del océano.
Esta actitud esconde un racismo sutil, perverso e inaceptable. Como bien denunció el Premio Nobel Mario Vargas Llosa hace décadas en un memorable debate con Gunter Grass, no hay forma más clara de desprecio que asumir que los latinoamericanos no están preparados para disfrutar de un orden plenamente democrático. Actúan como si la libertad, la prosperidad y la seguridad física fueran lujos exclusivos y reservados únicamente para los europeos. Si un ciudadano español, francés o alemán exige para su país democracia plena, separación de poderes, prensa libre y calles seguras, debe desear exactamente lo mismo para los mexicanos, los cubanos o los venezolanos. Reducir las expectativas políticas para América Latina no es progresismo; es una condena al atraso y a la miseria disfrazada de superioridad moral.
La relación histórica entre México y España es, sin duda, un lienzo complejo, vasto, fecundo y profundamente íntimo. Hablamos de un pasado que no fue un mero proceso colonial, sino la conformación de un Virreinato deslumbrante, que dio origen a un mestizaje biológico y cultural sin parangón en la historia de la humanidad. Reducir siglos de intercambio, de creación conjunta, de dolor, pero también de construcción y fraternidad, a un simple agravio permanente es un ejercicio de empobrecimiento intelectual y político. No somos enemigos hereditarios; formamos parte de una conversación ininterrumpida, conflictiva en ocasiones, pero enormemente creadora.
Utilizar la figura de Hernán Cortés o la Conquista como chivos expiatorios para eludir las responsabilidades del presente es, además de un anacronismo absurdo, una cruel forma de distracción masiva. Mientras los políticos invierten horas y recursos en exigir perdones por hechos ocurridos en el siglo XVI, el crimen organizado captura el presente y dinamita el futuro. Mientras se discute sobre la historia, la realidad sangra en las calles. La verdadera gran pregunta que enfrenta México hoy no es si logrará consolidar su soberanía frente a España —esa es una batalla que se ganó y terminó hace más de dos siglos—. La pregunta de vida o muerte es si los mexicanos lograrán ser soberanos frente al miedo, frente al abuso de poder interno y frente a la dependencia institucionalizada. Ahí es donde verdaderamente se está jugando el futuro de la nación.
La historia de México está jalonada de grandes gestas. La Independencia fue una proeza nacional que otorgó identidad y patria. La Reforma fue una gesta liberal que sentó las bases del Estado laico y moderno. La democratización de finales del siglo XX fue una heroica gesta cívica que arrancó el país de las garras de un partido hegemónico. Hoy, el destino exige una nueva cruzada, un nuevo hito histórico. La próxima gran gesta mexicana ya está claramente señalada en el horizonte: el rescate total y definitivo de la soberanía de los ciudadanos.
Esta misión titánica implica construir un país donde ningún joven, sin importar su origen social o su código postal, se vea abocado a la dolorosa disyuntiva de tener que emigrar lejos de los suyos, conformarse con la dependencia perpetua del Estado o enrolarse en las filas de la delincuencia para poder sobrevivir. Significa edificar un entorno donde el esfuerzo empresarial sea recompensado y no castigado por la extorsión criminal. Requiere garantizar que ningún periodista tenga que silenciar su pluma por miedo a una bala cobarde. Y, por encima de todo, exige que ninguna madre tenga que salir jamás, con el corazón roto y las manos desnudas, a escarbar la tierra buscando a su hijo desaparecido.
Lograr esta transformación requiere no solo de un diagnóstico certero, sino de una voluntad política inquebrantable. Y para ello, es absolutamente indispensable la consolidación de una alternativa política a la altura de este inmenso desafío histórico. México no necesita que desde el extranjero o desde las tribunas nacionales se le recuerde su orgullo como nación; lo tiene de sobra. Lo que urgentemente necesita es canalizar ese orgullo, esa energía y esa fuerza ancestral hacia la tarea más difícil y noble de todas: la autoexigencia. No existe una forma más alta y pura de patriotismo que el coraje de combatir, de frente y sin matices, la degradación de la propia patria.
El camino hacia la recuperación del país no será sencillo. Quienes han encontrado en el caos, la impunidad y la pobreza un modelo de negocio y dominación no cederán sus privilegios fácilmente. Pero hay un motivo para la esperanza. El México que defiende su soberanía real, el que trabaja arduamente, el que madruga y cumple con su deber sin esperar dádivas ni fabricar excusas, ya existe. Aunque a veces parezca disperso, desorganizado o insuficientemente representado en las élites políticas, está ahí. Reside en los millones de ciudadanos de a pie, en las aulas universitarias, en las fábricas, en los campos y en las familias que sostienen la cultura del esfuerzo y la responsabilidad.
Cuando una nación, a pesar de los embates y las tragedias, logra conservar intacta su reserva de energía moral, mantiene viva la capacidad de corregir su rumbo. La responsabilidad de este cambio recae en cada individuo, porque la responsabilidad personal es, en última instancia, el cimiento irremplazable de la libertad. La pregunta sobre qué pasó con los jóvenes de Jalisco es dolorosa: les falló el Estado, les falló una economía incapaz de absorberlos, les falló una clase política ensimismada y, en el ejercicio del libre albedrío, también se fallaron a sí mismos. Ese cuestionamiento es una bofetada a la inercia, un llamado de atención que debe sacudirnos del letargo.
¿Qué haremos nosotros ante este escenario? La respuesta debe ser una negativa rotunda a la resignación. Hay un lema poderoso que debe convertirse en el motor de la resistencia ciudadana: “Que por mí no quede”. Es una declaración de intenciones, un compromiso personal e intransferible para aportar todo lo que esté en nuestras manos en defensa de la justicia, la verdad y la libertad. Que por falta de valentía, por falta de exigencia o por comodidad, no se pierda el país.
El momento histórico demanda ciudadanos valientes, profundamente críticos y auténticamente soberanos en el sentido más trascendental del término. Ciudadanos que no se dejen deslumbrar por espejismos retóricos ni por falsos enemigos externos, sino que asuman con firmeza el papel de verdaderos dueños de su destino. El reto está lanzado, las cartas están sobre la mesa y la historia, implacable como siempre, está observando. La soberanía no es un regalo que desciende desde las cúpulas del poder; es un derecho que se ejerce, se defiende y se conquista todos los días en las calles, en las urnas y en la conciencia de cada individuo dispuesto a levantar la voz para decir un rotundo “basta”. El reloj corre, y la decisión está, hoy más que nunca, en manos de la sociedad.
