Hay un hombre en Bogotá que lleva 17 años cocinando su propia comida todos los días porque en 2013 alguien puso una sustancia en su bandeja en la picota y el informe de medicina legal la calificó como altamente venenosa. Desde ese día, Juan Guillermo Monzalve Pineda no volvió a confiar en nadie para preparar sus alimentos.
Eso es lo que cuesta saber demasiado en Colombia. Su nombre completo tiene cuatro sílabas que dividen al país. Para unos es el testigo que cambió el rumbo del proceso judicial más importante de la historia reciente colombiana. Para otros, es un exparamilitar condenado a 44 años con dos intentos de homicidio encima y una versión que nunca ha podido ser corroborada completamente.
Lo que nadie discute es esto. El 28 de julio de 2025, una jueza llamó su testimonio creíble. Y ese mismo día, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, fue condenado a 12 años de prisión. Pero eso fue al final. Esta historia empieza mucho antes, en una hacienda del nordeste antioqueño a orillas del río Nus, donde un niño de 8 años llegó con su padre a trabajar y sin saber que estaba viendo, terminó convirtiéndose en el hombre más vigilado de las cárceles colombianas.
Hoy les vamos a contar todo. ¿Qué pasó en Hacharacas? ¿Cómo cayó Monsalve? ¿Qué vivió dentro de la picota durante casi dos décadas? ¿Qué son los relojes espía que grabaron conversaciones dentro de una celda? ¿Quiénes intentaron matarlo dos veces? ¿Qué dijo el Tribunal Superior de Bogotá que nadie esperaba? ¿Y dónde está ese hombre ahora mismo? Quédense.
¿Cómo un preso condenado a 44 años terminó cambiando la historia política de Colombia desde el interior de una celda? No desde una sala de audiencias, desde una celda. un hombre al que intentaron matar con cuchillo en 2012, al que pusieron veneno en la comida en 2013, al que trasladaron de penal al menos 12 veces por razones de seguridad, al que grabaron en secreto con relojes disfrazados de objetos comunes dentro de esa misma celda en 2018.
Un hombre que sufrió un infarto el 14 de diciembre de 2024, mientras el juicio que él mismo había activado 14 años antes llegaba a su recta final. Su nombre, Juan Guillermo Monsalve Pineda. Su apodo, El Huacharaco. Lleva más de 17 años en prisión. Ha cambiado de penal más de 12 veces. Tiene una condena de 44 años por secuestro extorsivo y sin embargo, su declaración fue la que empujó el proceso judicial contra el presidente más poderoso de la historia reciente de Colombia.
Esta es la verdad sobre su vida en prisión. Lo que los titulares no te contaron, lo que está en los expedientes, lo que él mismo declaró en audiencia. Quédense. ¿Quién era realmente el huacharaco? Yumal, Antioquia, 7 de febrero de 1978. Ahí nació Juan Guillermo Monzalve Pineda, según los registros que varias fuentes periodísticas confirmaron durante el proceso judicial.
municipio de montaña en el norte del departamento, zona de minería aurífera, ganadería y una densidad de conflicto que atravesó la segunda mitad del siglo XX soltar la región. Su padre, Óscar Antonio Monsalve Correa, era un hombre de campo que conocía el terreno del nordeste antioqueño como la palma de su mano. No era dueño de nada, era el administrador, el mayordomo, de fincas ajenas, un oficio que en esa zona y en esa época significaba una cosa concreta, vivir donde le dijeran, con quien le tocara, dependiendo de decisiones que otros
tomaban. La familia Monsalve no tenía propiedades, tenía trabajo. Y en 1986, cuando Juan Guillermo tenía 8 años, el trabajo los llevó hasta una hacienda ubicada en el municipio de San Roque, en el corregimiento de providencia, a orillas del río Nú. La finca se llamaba Huacharacas.
Era propiedad de la familia Uribe Vélez. Óscar Antonio fue contratado como capataz. El niño llegó con él. Lo que Monsalve encontró en Huacharacas era un predioadero de tamaño considerable con docenas de trabajadores fijos, rutas de comercialización de ganado hacia Medellín y la tensión permanente de una zona donde el Frente Guerrillero del ELN ya presionaba a los propietarios con extorsiones y amenazas.
Era un mundo de adultos con reglas propias y Juan Guillermo, hijo del capataz aprendió esas reglas desde adentro. En 1990, con 12 años abandonó los estudios para trabajar directamente en la finca. No es un dato menor. Significa que cuando los otros niños de su edad estaban en sexto de primaria, él ya era mano de obra en una hacienda que en pocos años se convertiría en el epicentro de uno de los debates más cargados de la historia judicial colombiana.
Aprendió a conocer los caminos, los potreros, las rutas entre San Roque y Providencia, los nombres de los trabajadores y los visitantes, quién llegaba y quién se iba. Esa geografía humana fue la que después volcó en declaraciones judiciales. Vivieron en Huacharacas hasta 1996, 10 años en total. Y durante ese tiempo el apodo llegó solo.
En las haciendas del nordeste antioqueño, donde todos se conocen de nombre. Y nadie olvida de dónde viene cada quien. Al muchacho que creció entre los corrales y los potreros de esa finca le empezaron a decir el huacharaco. No hubo ceremonia ni decisión. Así pasan las cosas en esos pueblos. Con ese apodo salió de huacharacas.
Con ese apodo llegó a los grupos armados y con ese apodo entró a las cárceles del país casi 20 años después, cargando una versión sobre lo que vio en esa finca que iba a tardar décadas en ser escuchada formalmente. Hay una ironía que pocas veces se menciona en los titulares. El hombre que puso en movimiento el proceso judicial más importante de la historia reciente de Colombia, nunca terminó la primaria.
Aprendió lo que aprendió en una hacienda ajena, mirando y escuchando durante 10 años de infancia trabajada. La finca donde comenzó todo San Roque, nordeste de Antioquia, a orillas del río Nus. La hacienda Huacharacas era una propiedad ganadera de tamaño considerable ubicada en el corregimiento de providencia en el municipio de San Roque.
Zona de relieve montañoso, clima cálido, lejos del ruido de Medellín, pero conectada con ella por las rutas comerciales de ganado que cruzaban ese corredor del nordeste antioqueño. El 14 de junio de 1983, un helicóptero de color azul y blanco, marca Hug 500 descendió sobre esa hacienda. A bordo iban Alberto Uribe Sierra, el patriarca de la familia, junto a dos de sus hijos, Santiago y María Isabel.
La guerrilla llevaba semanas hostigando la zona. El capataz de San Cipriano, una finca panelera vecina que también era propiedad de los Uribe, había sido asesinado por el frente 36 de las FARC. Esa tarde en el helicóptero, algo salió mal. Empezó un intercambio de disparos. Alberto Uribe Sierra murió. Óscar Antonio Monsalve, el padre de Juan Guillermo, ya trabajaba en esa hacienda.
Vio lo que pasó ese día y siguió trabajando ahí después. La Hacienda mantuvo su actividad ganadera durante toda la década siguiente. Era tierra productiva, con trabajadores fijos, ganado de cría y las típicas tensiones de las fincas del nordeste antioqueño durante los años más álgidos del conflicto armado. Guerrilla del ELLN por un lado, FARC por otro y propietarios que buscaban protección donde podían encontrarla.
Alrededor de 1994 o 1995, el comandante del ELN, conocido con el alias de Darío Grande o Darío Gigante, según distintos testimonios, se hizo presente en la zona. Según lo que Juan Guillermo Monsalve declaró años después ante la fiscalía, Darío Grande había tenido un conflicto con Santiago Uribe Vélez por el asunto de unas tierras que le fueron arrendadas y luego el arendo fue cancelado.
La respuesta del guerrillero fue directa. Reunió a los trabajadores en un punto de la finca y los amenazó. O se iban o los mataban a todos. Los trabajadores, incluido el padre de Monsalve, salieron. Lo que vino después fue la quema de una parte de la hacienda en enero de 1995 y el asesinato de un trabajador llamado Tobías Díaz Sánchez.
Eran 54 trabajadores en total. El ELN también se llevó ganado, cientos de cabezas según las versiones que circularon y parte de ese ganado terminó siendo vendido a matarifes y carniceros de San Roque. Eso desencadenó algo. La hacienda huacharacas dejó de ser simplemente una finca ganadera del nordeste antioqueño. Se convirtió en el escenario de una respuesta armada cuya magnitud nadie pudo anticipar completamente.
Y el niño que había crecido entre esos potreros, Juan Guillermo Monsalve, lo vio todo. El camino hacia el paramilitarismo. La respuesta armada a lo que ocurrió en Huacharacas a mediados de los 90, no llegó de un día para otro. Monsalve declaró que hacia 1997 o 1998, en terrenos vinculados a la hacienda y sus alrededores, empezó a formarse la estructura que después adoptó el nombre de bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Su versión tiene un nombre central, Carlos Mauricio García Fernández, alias do Cero, exteniente del Ejército Nacional, miembro anterior de los Pepes, la organización que combatió a Pablo Escobar a comienzos de los 90 y hombre de confianza de Fidel Castaño. Doble cero fue quien, según múltiples testimonios dentro del proceso de justicia y paz, comandó la organización del bloque Metro desde sus primeras etapas.
Según la declaración de Pablo Hernán Sierra García, alias Pipintá, otro de los testigos centrales del caso, el primer reclutamiento lo hizo un exoldado llamado John Jairo Mejía Arcila, conocido como el filósofo o filo. Lo particular de este dato, Mejía Arcila también había trabajado de peón en Huacharacas cuando era niño. Un reclutador que conocía el terreno porque había crecido en él.
reunió los primeros 35 hombres y el entrenamiento de ese grupo inicial se hizo, según sierra, en el propio predio de Huacharacas. Monsalve dijo que él formó parte de esa estructura, que recibía órdenes de un comandante conocido como Beto, que su misión era recorrer la zona entre San Roque, Providencia y Yarumal, señalando a posibles miembros del Frente Guerrillero, conocido como la columna Bernardo López Arroollave del ELN, que en esa época era el principal dolor de cabeza de los ganaderos y terratenientes de la región. Su trabajo no era de
combate directo, era de inteligencia territorial. conocer quién era quién en cada caserío, quién había vendido información a la guerrilla, quién había recibido reces robadas. Una de las acciones que Monsalve describió con más detalle en su declaración ante la fiscalía el 27 de septiembre de 2012 fue la respuesta al robo del ganado.
Según él, Santiago Uribe lo llamó para recuperar las reces que el ELN había tomado de varias fincas de la zona. Una parte de ese ganado había terminado en manos de matarifes y carniceros de San Roque, que compraron la carne sin saber o sin preguntar de dónde venía. La arremetida fue contra todos, los guerrilleros y los carniceros.
Monsalve declaró que varios de esos comerciantes locales fueron asesinados. Esa es la parte de la historia que menos aparece en los debates políticos sobre el caso Uribe. Los civiles muertos de San Roque, las víctimas sin nombre en el expediente político, hombres que cortaban carne y vendían en el pueblo sin rango, sin estructura armada, sin parte en ningún conflicto, que murieron porque alguien decidió que comprar ganado robado los hacía responsables.
Nadie fue condenado por esos homicidios en el marco de este expediente. Desde 1996 hasta 2007, Monsalve estuvo vinculado a estructuras armadas, primero al bloque Metro bajo el mando de doble cero y el bloque Caquetá de las AUC, según declaró ante la justicia. Doble cero fue asesinado en Santa Marta en 2004 en el marco de la disputa interna que sacudió a las AUC por el enfrentamiento con alias Donberna.
Con el bloque metro desarticulado, Monsalve migró hacia los rastrojos. El grupo fundado por Wilberela, alias Jabón, uno de los capos más temidos del cartel del norte del valle. Dentro de los rastrojos, Monsalve respondía a los alias de Juancho y el Paisa. Según un informe interno de la fiscalía, elaborado en 2009 y conocido años después, tenía el cargo de primer cabecilla de esa estructura en su zona de operaciones.
El radio geográfico de su actividad cambió. Ya no era el nordeste antioqueño de su infancia, sino los límites entre Huila, Caquetá y Putumayo. Comandaba un grupo de al menos 50 hombres. La actividad central en esa etapa era el secuestro extorsivo, comerciantes, empresarios, personas con capacidad de pago, retenidos y exigidos a cambio de cifras que oscilaban entre 30 y 40 millones de pesos.
y también narcotráfico dentro de la estructura del cartel del norte del valle bajo el mando de Javier Antonio Calle Cerna, alias Comba. El expediente de la fiscalía registró tres secuestros concretos en enero de 2008 que terminaron siendo la base de su condena. Sandro Aranda Dulce, Edgar Amaya Castro y Leonardo Fabio Tribiño, retenidos en los alrededores del municipio de Valparaíso, Caquetá, entre el 5 y el 8 de ese mes.
Tres hombres, tres familias que vivieron esos días sin saber si los devolverían vivos. Esas víctimas concretas, no un concepto abstracto de criminalidad, sino tres personas con nombres y apellidos, son las que sostienen la condena de 44 años que Monsalve arrastra desde 2008. Su historial en grupos paramilitares, aunque lo reivindicó en múltiples declaraciones judiciales y ante la JEP, nunca fue reconocido formalmente en ninguna de sus condenas, ni por el proceso de desmovilización de las AUC, ni por la propia jurisdicción especial
para la paz, que rechazó su solicitud de admisión. El sistema penal lo vio siempre como lo que las condenas decían, un secuestrador. El debate sobre qué más fue o qué más vio, quedó fuera de esas condenas y dentro de otro expediente. La captura que cambió su destino. El primer dato oficial que ubica a Juan Guillermo Monzalve dentro de un establecimiento carcelario es del 4 de noviembre de 2008.
Dos días después de su captura, ese día los registros del IMPEC lo sitúan en el patio 3B, celda 5 del alojamiento de internos de Florencia, Caquetá. Florencia, la capital del Caquetá. a más de 500 km de Bogotá, en una región donde los rastrojos tenían sus rutas y sus contactos, donde sus propios cómplices seguían en libertad. No era un comienzo en cualquier cárcel, era un comienzo en el territorio donde él había operado.
Permaneció en Florencia hasta el 29 de abril de 2009, 5 meses y 25 días. Tiempo suficiente para entender exactamente en qué situación estaba. Dos condenas acumuladas por secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. 44 años en total. En el sistema Expoa de la Fiscalía aparecían además 10 procesos paralelos abiertos en su contra.
Uno solo seguía activo al momento de su captura formal, el de concierto para delinquir por hechos ocurridos en Bogotá. Los demás habían sido archivados o resueltos, pero el peso de los que quedaron era suficiente. El 29 de abril de 2009 llegó a la cárcel de máxima seguridad de Cóbita en Boyacá, donde fue asignado al patio 6, piso 3A, celda 67.
Cómbita está a 2800 m sobre el nivel del mar, en las afueras de Tunja. Las noches en esa altitud, especialmente entre junio y agosto, pueden bajar a 3 o 4 gr. El establecimiento albergaba en ese periodo a algunos de los presos más peligrosos del país, exparamilitares del proceso de justicia y paz, narcotraficantes de alto perfil, secuestradores.
El que llegaba ahí sabía que estaba en el nivel máximo del sistema. Fue en CBita en 2009 donde ocurrió el primer movimiento que cambiaría todo su recorrido. Según los registros del proceso judicial, fue a través de la abogada Mercedes Arroyave que Monsalve estableció contacto con el entonces senador Iván Cepeda.
Cepeda ya investigaba los presuntos orígenes del bloque metro desde varios ángulos, visitando distintos penales del país. En una audiencia de 2025, Uribe presentó documentación que registraba que Cepeda hizo al menos 21 visitas a penales para recolectar testimonios. El senador reconoció reuniones con Monsalve, pero las enmarcó como encuentros de carácter humanitario relacionados con amenazas que el preso había denunciado.
Lo que está claro documentado en los registros del IMPEC es que entre 2009 y 2011, Monsalve fue trasladado en varias ocasiones. Del patio 6 de Cóbita pasó en septiembre de 2009 al complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, la modelo, donde estuvo en el pabellón 12, bloque A. pasillo 1 hasta el 28 de octubre de ese año.
Luego un patio de alta seguridad en la misma ciudad desde mayo de 2010. En mayo de 2011 volvió a CBI. Cada traslado iba dejando rastro en los registros del IMPEC y esos rastros fueron posteriormente escrutados por la investigación de la fiscalía que buscaba entender el patrón de movimientos del testigo a través del sistema carcelario.
En ese periodo de traslados y reubicaciones, Monsalve también envió una carta. Lo declaró el mismo en audiencia en 2025. Yo mandé un recurso para sacar un proceso por motivos de seguridad de Florencia. También mandé una carta al señor Uribe, como era presidente, para sacar el proceso. La carta fue enviada en 2010.
No hay registro público de respuesta, pero el dato es llamativo. El hombre que años después se convertiría en el testigo central del proceso judicial contra Uribe le escribió al propio expresidente buscando interceder en sus traslados carcelarios. El 16 de septiembre de 2011, en la cárcel de Cóbita, Monsalve concedió la declaración formal que activó todo lo demás.
Habló ante Iván Cepeda durante horas, puso nombres, fechas y lugares sobre la mesa y a partir de ese momento su recorrido por el sistema carcelario colombiano dejó de ser la historia de un secuestrador cumpliendo condena. se convirtió en algo más complicado, más peligroso y mucho más difícil de manejar para todos los que tenían intereses en lo que él decía.
Los primeros años en la picota CBITA fue el primer capítulo. La picota fue el segundo y el más largo. El traslado llegó de urgencia. El 24 de marzo de 2012, mientras Monsalve cumplía condena en CBita, dos internos se le fueron encima en uno de los patios del penal. con cuchillos lo hirieron, lo dejaron ahí.
Monsalve sobrevivió y declaró públicamente en una audiencia celebrada en febrero de 2025, ¿cómo lo recuerda, me tiraron dos internos, dos muchachos con cuchillos me tiraron. Dijeron que por sapo, esa última frase, por sapo, no dejaba espacio para interpretación. Alguien sabía que había hablado y alguien había mandado el mensaje. La Corte Suprema de Justicia, que en ese momento ya manejaba información sobre su testimonio, ordenó su traslado urgente a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.
Y con ese traslado llegó también una disposición de protección especial. Monsalve quedó en una casa fiscal dentro del penal con interacción limitada solo a sus abogados y familiares directos. Aislamiento real. La picota de ese periodo no era un lugar tranquilo para nadie, pero para Monsalve era una categoría aparte, un preso que sabe demasiado en un sistema carcelario que tiene ojos y oídos en cada pasillo, rodeado de gente que tiene razones propias para que él cambie de versión o directamente desaparezca.
La rutina era la de cualquier preso de máxima seguridad, multiplicada por la presión, poco sol, poco movimiento, los días midiendo el mismo espacio de metros cuadrados. Las visitas de los abogados eran los únicos momentos de contacto con el mundo exterior. En 2013, un año después del ataque en Cómbita, ocurrió el segundo intento.
Esta vez no hubo cuchillo. Monsalve declaró que detectó una sustancia en su comida del IMPEC. Medicina legal. según reportó el tiempo, clasificó esa sustancia como altamente venenosa. Desde ese día, Monsalve tomó una decisión que mantuvo durante años. Prepara personalmente cada uno de sus alimentos.
Hasta hoy eso marca lo que fue su vida en la picota desde el principio. Un preso entre presos, pero más solo que cualquiera de ellos. ¿Qué otros hombres dentro de esas mismas paredes sabían quién era él y por qué importaba? Eso lo vamos a contar ahora mismo. Para quienes nos ven desde Estados Unidos, desde Miami, desde New York, desde Houston, desde Chicago, desde Los Ángeles, bienvenidos.
Esta historia les va a interesar porque lo que pasó en Colombia con este hombre afectó al proceso judicial más grande que ha producido ese país en décadas. Y miren, apenas vamos empezando, todavía no hemos llegado a los relojes espía que grabaron conversaciones dentro de la celda. Todavía no hemos contado qué encontraron en el computador de Monsalve cuando se lo incautaron en enero de 2020.
Todavía no hemos llegado al infarto de diciembre de 2024 ni a lo que pasó el 28 de julio de 2025 cuando una jueza leyó un fallo que nadie esperaba así de contundente. Quédense, todo eso viene en los próximos minutos y al final les vamos a contar dónde está Monsalve hoy mismo y cuál es la pregunta que Colombia todavía no ha podido responder.
preso que sabía demasiado dentro de la picota, Monsalve no tardó en convertirse en una figura de peso propio. Pero antes de entender cómo funcionaba su vida ahí dentro, hay que entender el espacio físico. Las casas fiscales de la picota son un área diferenciada del resto del establecimiento. No son celdas en sentido convencional, son pequeñas habitaciones en una zona de acceso más controlado, históricamente usadas para reclusos de alto perfil que por razones de seguridad no pueden mezclarse con la población general.
A Monsalve lo asignaron ahí el 25 de enero de 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó su traslado a esa modalidad especial dentro del penal. Pero incluso antes de ese traslado definitivo ya llevaba años circulando por los niveles de mayor resguardo del sistema. El primer elemento que varios exreclusos y fuentes del proceso judicial describen es como desde muy temprano, en su estadía en La Picota, Monsalve mejoró su situación dentro del penal.
Según versiones que circularon y fueron documentadas periodísticamente, fue a través de la abogada Mercedes Arroollave, la misma que conectó a varios testigos del caso Uribe con Cepeda, que Monsalve accedió a un área de mayor seguridad conocida como PAS B. Desde ahí, según esas mismas versiones, tuvo acceso a equipos de comunicación, computadores, televisores, celulares y hasta una impresora.
Herramientas que ningún preso ordinario tiene dentro de un establecimiento de esa categoría. En enero de 2020 llegó la requisa que lo expuso todo. Las autoridades penitenciarias ingresaron al área donde Monsalve estaba recluido y decomizaron un computador portátil, siete tarjetas SIM y dinero en efectivo. En el computador encontraron un volumen considerable de material, fotos, videos, audios.
La revista Semana publicó en abril de 2021 lo que describió como un centenar de imágenes y videos extraídos de ese computador. En ese material, Monsalve aparecía en situaciones que la descripción de recluido en condiciones especiales de seguridad hacía difícil de sostener. Videos con mujeres, botellas de licor importado, whisky bucans, vino rosado, marca casillero del [ __ ] de origen chileno, tequila reposado, música.
y también fotos de lo que parecían ser inmuebles y vehículos cuya titularidad estaba siendo investigada. La libreta con anotaciones de gastos que el tiempo documentó es quizás el registro más específico. Entradas como marzo, 600,000 guardia trago o Carlos Mina, 4 millones sugieren un flujo de dinero operando desde adentro hacia afuera y en sentido contrario, con guardias y personas externas como intermediarios.
En los audios del computador, según semana se escuchaba a Monsalve contactando servicios sexuales y organizando visitas de mujeres a su celda. Una entrada hacía referencia a los planes para que ingresara una abogada venezolana. En el área común de las casas fiscales había consolas de videojuegos. Sus compañeros en ese espacio fueron trasladados de inmediato como castigo por la requisa.
A Monsalve le cancelaron visitas. La Corte Suprema mantuvo su sitio de reclusión. Ese contraste, el preso que cocina su propia comida por miedo al veneno, pero que aparece en fotos con bucan y vino chileno, es el que la defensa de Uribe usó durante años para atacar la imagen del testigo. Y no es un argumento sin sustancia.
Resulta difícil sostener simultáneamente que un preso vive bajo amenaza constante de muerte y que ese mismo preso opera una economía informal con guardias, recibe mujeres y celebra en su celda. La defensa de Monsalve argumentó que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo, que la amenaza real no eliminaba los excesos, que los privilegios venían precisamente de quienes lo necesitaban vivo y hablando.
Lo que sí quedó documentado fue que Diego Cadena visitó a Monsalve en 44 oportunidades desde 2011 en una sola cárcel, según un registro del IMPEC conocido durante el proceso. 44 visitas, eso tampoco es una cifra menor. Para poner ese número en perspectiva, en cualquier establecimiento carcelario colombiano, un abogado que visita 44 veces a un solo cliente en el periodo de años no está simplemente revisando el estado de la causa, está construyendo una relación de trabajo intensiva o de algo distinto. Había algo adicional. La
presión no llegó solo desde afuera. Dentro del propio patio donde Monsalve convivía en la picota, había un recluso llamado Enrique Pardo Hashe, que pagaba condena por delitos de secuestro y que, según Monsalve declaró en audiencia en 2025, fue quien lo presionó desde adentro para que aceptara hablar con Diego Cadena.
Pardo Hashe profesaba, según el testigo, una admiración profunda por Uribe. Hacia el 15 de noviembre de 2017, él me dice que si yo era páraco, ¿qué hacía apoyando a un guerrillero? me dijo, “Usted tiene que estar del lado de Uribe. La guerrilla tiene este país muy puteado. Me buscaba en mi celda todos los días”, declaró Monsalve ante la jueza Heredia.
Eso es lo que se llama presión desde adentro, no desde los despachos de abogados, ni desde las comunicaciones grabadas por el CTI, desde el patio, desde el compañero de celda, desde la convivencia diaria. Y todo esto ocurría mientras el expediente afuera seguía creciendo, mientras Colombia hablaba de ese preso cuyo nombre nadie pronunciaba todavía en los titulares, con la regularidad con que lo haría después.
La declaración que sacudió Colombia el 16 de septiembre de 2011 es la fecha que quedó registrada. Ese día, en la cárcel de Cómbita, Juan Guillermo Monzalve Pineda concedió al senador Iván Cepeda una entrevista formal en la que aseguró, en términos directos, que la hacienda Huacharacas fue el lugar donde se gestó la creación del bloque metro de las AUC, que Álvaro Uribe Vélez, en ese momento ya expresidente, era quien coordinaba lo que era militar, que Santiago Uribe estaba ahí pendiente y que el bloque Metro operó con negocios de narcotráfico
y extracción ilegal de combustible y que en la campaña presidencial de 2002 ayudaron a que Uribe llegara a la presidencia. Esa entrevista no era la primera conversación. Cepeda había tenido contacto con Monsalve desde 2009, pero el video de 2011 fue lo que se hizo público. La reacción fue inmediata y compleja.
La versión que dio Cepeda sobre cómo llegó hasta Monsalve fue que el propio exparamilitar lo había contactado alertando que su familia había sido amenazada y que necesitaba desmentir versiones que circulaban sobre él. Uribe, por su parte, inició acciones legales contra Cepeda, argumentando que el senador había manipulado testimonios de exparamilitares para perjudicarlo políticamente.
Esa acción contra Cepeda fue a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema estudió el caso. En 2018, en lugar de abrirle investigación a Cepeda, decidió investigar a Uribe. El argumento había elementos para sospechar que desde el entorno del expresidente se estaba presionando a testigos para que cambiaran sus versiones.
El expediente que se abrió ese año fue el que eventualmente derivó en el juicio, pero antes de llegar al juicio ocurrió algo en febrero de 2018 que nadie en Colombia olvidará. Las grabaciones secretas. El 21 de febrero de 2018, Monsalve hizo una llamada. llamó a Deanra Gómez, su pareja en ese momento, y le dijo algo que ella recordó con precisión durante su declaración en audiencia de febrero de 2025, que un abogado que decía representar a Uribe quería hablar con él y que no lo había recibido ese día porque necesitaba primero poder
registrar la conversación para su propia seguridad. No quería una palabra de más, quería prueba. El problema era el obvio. Ingresar una grabadora convencional a una cárcel de máxima seguridad en Colombia es imposible. Lo revisan todo. Entonces Gómez empezó a buscar alternativas. En su testimonio ante la jueza Heredia relató que encontró en internet una tienda que vendía dispositivos ocultos de grabación.
Si no me equivoco, era tienda espía y vendían múltiples objetos como gafas, esferos o relojes. Eligió un reloj. La razón era práctica. Un reloj es un objeto común que los presos pueden llevar puesto sin levantar sospechas. El costo fue de aproximadamente 300,000 pesos colombianos. Luego vino el problema de cómo meterlo.
Gómez recurrió al abogado Héctor Romero, que en ese momento representaba a Monsalve en ciertos trámites legales. Romero aceptó. Según el relato de Gómez, le cobró entre 500,000 y un millón de pesos por hacer ingresar el reloj al penal, un intermediario pagado para introducir un dispositivo de grabación clandestino a una cárcel.
Ese detalle que la defensa de Uribe usó para argumentar que toda la operación de grabación era un montaje coordinado, también fue parte del expediente. El 22 de febrero de 2018, al día siguiente de la llamada a Gómez, Diego Cadena ingresó a la picota. Las cámaras de seguridad del penal, cuyos registros fueron analizados por la investigadora de policía judicial, Luz Mireya López, durante más de 15 horas de declaración en el juicio, mostraron al abogado entrando en la mañana.
La primera reunión fue con Enrique Pardo Hashe, el compañero de Zelda que llevaba semanas presionando a Monsalve para que aceptara hablar. Cadena y Pardo Hashe hablaron. Luego Cadena ingresó nuevamente esa tarde y fue donde Monsalve. Monsalve tenía el reloj puesto. La grabación resultante fue el archivo de video rec004.abavi.
La conversación duró más de 40 minutos. Monsalve declaró en audiencia lo que Cadena le dijo en esa reunión. Me decía que mi retractación era la más importante porque él tenía como dos o tres afuera en el carro. Cadena le pidió que redactara un documento firmado en el que declarara que sus acusaciones contra los hermanos Uribe eran falsas.
Gómez, que también grabó un encuentro posterior con Cadena en una cafetería del centro de Bogotá, relató que en esa conversación Cadena mencionó la carta, que Monsalve la había redactado en su celda junto con Pardo Hashe, siguiendo instrucciones de cómo y para quién debía ser escrita, y que al final Monsalve había añadido una nota manuscrita explicando por qué la había hecho.
La respuesta de Monsalve a Cadena declaró en audiencia no le daba ninguna respuesta. No era mi interés retractarme, pero la grabación tenía un problema, dos problemas en realidad. El primero, había un corte, un corte abrupto de 7 minutos y 30 segundos en el audio. El perito Daniel Ríos Sarmiento, experto en informática forense presentado por la defensa de Uribe, declaró que ese corte no podía ser accidental, que había evidencia de vulneración de la cadena de custodia que habría permitido su alteración. El informe del CTI confirmó
que los relojes tenían magulladuras físicas que impidieron un análisis exhaustivo y el informe del ingeniero Andrés Gonzalo Vargas, experto en fonética judicial, señaló inconsistencias técnicas adicionales: Desincronización entre audio y video en ciertos segmentos, cambios abruptos de amplitud sonora.
El segundo problema era de tiempo. Los relojes permanecieron en poder de los abogados Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río desde 2018 hasta septiembre de 2024 cuando fueron entregados en las audiencias preparatorias del juicio. 6 años. La defensa de Uribe argumentó que ese periodo de tiempo en manos de los abogados de la contraparte era por sí solo razón suficiente para desacreditar cualquier análisis del material.
La fiscalía contraatacó con otro registro las interceptaciones telefónicas que el CTI había realizado en 2018 sobre las comunicaciones entre Uribe y Cadena. En esas grabaciones, cuya legalidad también fue cuestionada por la defensa y también avalada por la jueza Heredia, se escuchaba a Cadena informarle a Uribe sobre la visita a la picota.
También aparecía Uribe diciendo frases sobre Monsalve, que tenía información de que el testigo quería retractarse porque Cepeda le había incumplido promesas, que su caso pasara a la JEP y asilo para su familia. Y la frase que la fiscalía presentó como contexto de toda la operación, simplemente a él no se le va a ofrecer nada, sino que diga la verdad.
La defensa de Uribe leyó esa frase como prueba de que el expresidente nunca instruyó sobornos. La fiscalía la leyó en sentido contrario, como evidencia de que Uribe sabía exactamente qué le estaban ofreciendo a Monsalve y buscaba desvincularse formalmente de esa operación. Diego Cadena, como consecuencia directa de los hechos del 22 de febrero de 2018, fue sancionado con una suspensión de 3 años de su licencia profesional por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, antes incluso de que llegara el
juicio penal. Esa sanción disciplinaria, que no equivale a una condena penal, pero que parte del mismo cuerpo de hechos, nunca recibió el espacio que merece en el debate público sobre este caso. Y hay un detalle más que pocas veces aparece en la cobertura. La defensa del expresidente argumentó durante el juicio que los 102,000 archivos del computador de Monsalve habían sido borrados antes de que pudieran ser examinados por sus peritos.
Si eso es así, lo que quedó como evidencia en el proceso fue un fragmento de lo que existía y lo que ese fragmento mostraba era suficiente para dividir al país. La jueza Heredia avaló las grabaciones. El Tribunal Superior de Bogotá las miró de otra manera. Eso es lo que pasa cuando la verdad vive dentro de un reloj de 300,000 pesos.
Intentaron hacerlo cambiar de versión. Cronológicamente, las presiones documentadas sobre Monsalve empezaron mucho antes de febrero de 2018. Desde que su declaración se hizo pública en 2011 y fue atacado con arma blanca en marzo de 2012, el expediente fue acumulando capas. El primer conjunto de presiones que quedó registrado judicialmente tiene que ver con las visitas del abogado Diego Cadena.
Cadena, que actuaba en nombre de Uribe se presentó en la picota en distintas ocasiones. En esas visitas, según la acusación de la fiscalía, Cadena le habría hecho a Monsalve ofrecimientos concretos, beneficios jurídicos, posibilidad de que su caso pasara a la JEP, lo que implicaría condiciones muy distintas a las de una cárcel ordinaria y eventualmente la salida y asilo para su familia.
Monsalve no lo aceptó, o al menos eso fue lo que sostuvo en todo el proceso judicial y fue el mismo quien activó el mecanismo de grabación para dejar constancia de esas visitas. Desde el otro lado, Álvaro Hernán Prada, congresista del Centro Democrático, fue acusado también dentro del mismo expediente por su presunta participación en las gestiones para que Monsalve modificara su versión.
La jueza Heredia señaló en la lectura del fallo del 28 de julio de 2025 que el soborno se ejecutó desde dos frentes, uno dentro del establecimiento carcelario en Bogotá y otro a distancia desde Neiva con el fin de lograr que Monsalve se retractara de sus declaraciones. La defensa de Uribe, durante el juicio, argumentó que Uribe nunca dio instrucciones directas de sobornar a nadie, que lo que hizo fue buscar que Monsalve dijera la verdad y que si Cadena excedió sus mandatos, eso era responsabilidad del abogado, no del expresidente. El abogado Miguel Ángel
del Río, por su parte, señaló en múltiples declaraciones públicas que la consistencia del relato de Monsalve desde 2011, sin que ninguna presión lograra hacerlo cambiar de versión, era precisamente el indicador más sólido de su credibilidad como testigo. Hay una tensión permanente en este punto del expediente.
La misma persona que la fiscalía buscó en 2021 descalificar como testigo a través del perfilamiento del SEBAP, calificándolo de asocial y ostentoso, fue también la persona a quien la fiscalía presentó como testigo confiable en el juicio de 2025. Esa contradicción no desapareció. La jueza Heredia la resolvió del modo en que lo hizo, avalando el testimonio.
El Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia absolvió a Uribe. El debate sobre la credibilidad de Monsalve sigue abierto en esa decisión de segunda instancia. Hay que decirlo con claridad. Hubo versiones encontradas en cada etapa del proceso. Distintos actores con distintos intereses entregaron versiones que no siempre son compatibles entre sí.
Lo que puede decirse con certeza es que el expediente existió, que el juicio se realizó y que sus resultados todavía son objeto de debate en Colombia. Cuéntenos desde dónde nos están viendo. Si están en Estados Unidos, díganlo en los comentarios. Si están en Colombia, díganlo también. Esta comunidad es de todo el mundo y queremos saber con cuántos países estamos conectados hoy.
La vida dentro de prisión, mientras todo el país hablaba de él, mientras el expediente crecía afuera, Monsalve vivía adentro. Y lo que vivía adentro era una existencia construida sobre capas de precaución que se fueron acumulando año tras año. La casa fiscal dentro de la picota es la forma en que el sistema penitenciario colombiano aísla a ciertos presos que no pueden mezclarse con la población general por razones de seguridad. No es una celda ordinaria.
tiene características que la hacen distinta al resto del establecimiento. Hay más control de acceso, menos interacción con la masa carcelaria, visitas supervisadas de modo más estricto. La Corte Suprema ordenó esa protección especial después del ataque en Cómbita, pero el aislamiento tiene un costo que no aparece en los registros del IMPEC.
Personas que lo conocieron en ese periodo, incluidos miembros de su entorno cercano, describieron a un hombre que desarrolló hábitos de supervivencia extrema. La cocina propia desde 2013 es la más documentada, pero también el registro permanente de quien entraba a su espacio, la desconfianza sistemática hacia cualquier persona nueva que apareciera en su entorno.
En enero de 2020, las autoridades penitenciarias hicieron una requisa a su celda. Encontraron un computador personal y un teléfono celular. En esos dispositivos había material que la fiscalía utilizó en su intento de preclusión. La libreta con anotaciones de gastos, un video que mostraba a Monsalve en una situación festiva dentro de la celda con una mujer, música y licor.
El CTI y el equipo del fiscal Jaimes presentaron ese material como evidencia de que Monsalve gozaba de privilegios indebidos dentro del penal. El director de la picota fue señalado públicamente como alguien cercano al entorno que rodeaba a Monsalve. Uribe mismo, en una comunicación pública de julio de 2018 había pedido que se escuchara a ese director sobre los movimientos del testigo dentro del establecimiento.
La imagen que fue construyendo la defensa de Uribe sobre Monsalve durante años fue la de un hombre que, lejos de vivir bajo las condiciones de un preso ordinario, gozaba de condiciones privilegiadas gracias a sus conexiones con sectores que lo usaban políticamente. La imagen que construyó la defensa de Monsalve fue la de un hombre que, a pesar de todos esos cuestionamientos, nunca modificó un ápice de su versión central sobre lo que vio en Huacharacas.
El 14 de diciembre de 2024, Monsalve sufrió un infarto dentro de la picota. fue trasladado a un centro médico. Miguel Ángel del Río descartó que hubiera evidencia de envenenamiento. No tenemos indicios que apunten a una hipótesis distinta a un problema estrictamente médico. El 24 de julio de 2025, 4 días antes de que se leyera el sentido del fallo en el juicio contra Uribe, volvió a ser trasladado a urgencias por dolores en el pecho.
A la 1:45 de la madrugada fue devuelto a su celda. El 27 y 28 de febrero de 2025, ya en el juicio oral, Monsalve compareció como testigo. Se le vio con saco negro con la indicación clínica de pararse a tomar medicamentos cardíacos cada hora. Habló durante horas y ratificó todo lo que había dicho desde 2011.
¿Por qué sigue siendo un testigo tan importante? El 28 de julio de 2025, en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, la jueza Sandra Liliana Heredia leyó el sentido del fallo. Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La jueza calificó a Monsalve como un testigo creíble, avaló las grabaciones del reloj espía como prueba válida. señaló que el delito de soborno se ejecutó desde dos frentes simultáneos y estableció que la consistencia del testimonio de Monsalve a lo largo de 14 años era uno de los elementos de valoración probatoria más relevantes del proceso.
Diego Cadena fue llevado a juicio aparte por los mismos hechos. Su proceso siguió un curso paralelo al de Uribe, pero eso fue la primera instancia. El Tribunal Superior de Bogotá revisó el fallo en segunda instancia y absolvió a Uribe. La sentencia del tribunal hizo reparos específicos al dicho de Monsalve y señaló que la fiscalía tenía la carga de probar con más solidez la veracidad de su versión.
Ese fallo absolutorio, en segunda instancia es el que define el estado legal actual del caso. Entonces, ¿por qué Monsalve sigue importando? Porque el expediente sobre los presuntos nexos entre la familia Uribe y el paramilitarismo, el expediente de fondo, el que pregunta qué pasó realmente en Huacharacas a finales de los 90, es un proceso separado.
El juicio que terminó con la primera condena y la posterior absolución en segunda instancia era sobre el soborno al testigo, no sobre si lo que el testigo dijo era verdad. La pregunta que Colombia no ha respondido formalmente, ¿qué pasó en Huacharacas? ¿Quién fundó el bloque Metro? ¿Qué rol tuvieron los hermanos Uribe? Sigue abierta en otro expediente.
Y Juan Guillermo Monsalve es el testigo central de ese expediente también. En octubre de 2023, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la validez del testimonio de Monsalve en ese proceso paralelo sobre el paramilitarismo, según reportó el Universal de Cartagena. Esa decisión mantuvo su relevancia como fuente dentro del expediente más amplio.
Los enemigos que ganó en 17 años de prisión, Monsalve no acumuló aliados, acumuló presiones. Su padre, Óscar Antonio Monsalve, el mismo que trabajó como administrador de huacharacas y que fue testigo directo de todo lo que ocurrió en esa hacienda, se distanció públicamente de la versión de su hijo.
Según lo que reportó la revista Semana, el padre desmentía partes de la versión del testigo. Esa fractura familiar fue usada por la defensa de Uribe como argumento adicional para cuestionar la coherencia del relato del huacharaco. Del otro lado, las víctimas del bloque metro. Ese es el ángulo que pocas veces aparece en los titulares colombianos sobre este caso.
El bloque metro de las AUC llegó a operar en 45 municipios de Antioquia. masacres, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, desplazamiento. Las comunidades del nordeste antioqueño, las mismas donde Monsalve creció, donde San Roque queda, donde los carniceros de ese pueblo fueron asesinados, cargaron con las consecuencias de esa estructura durante años.
Para esas víctimas, lo que Monsalve declaró desde 2011 tiene un peso diferente al que tiene para los analistas políticos de Bogotá. El saber quién ordenó qué. ¿Quién financió qué? ¿Quién dio la instrucción para que tal masacre ocurriera? Eso no es un debate político. Es la diferencia entre saber qué le pasó a un familiar y no saberlo nunca.
Las víctimas del paramilitarismo en el nordeste antioqueño han esperado durante décadas que alguien diga en un recinto judicial lo que todos en esas comunidades ya saben o creen saber. Monsalve fue, para muchas de ellas la primera voz que llegó a un proceso real con nombres. fechas y lugares. Eso también es parte del legado de este caso y también es parte de lo que hace que la pregunta sobre su credibilidad tenga consecuencias que van más allá de la política.
Su expareja, la médica de Yanira Gómez, a quien conoció en 2013, ya dentro de la picota, solicitó ser reconocida como víctima dentro del proceso contra Uribe. Fue reconocida provisionalmente por la jueza 28 penal de Bogotá con decisión definitiva pendiente del Tribunal Superior. Ella, según lo que el tiempo reportó en 2021, se encontraba en el exilio tras denunciar amenazas y hostigamientos relacionados con su condición de expareja del testigo estrella.
La presión no se quedó dentro de los muros de la picota, se extendió afuera. Ustedes que nos están viendo ahora mismo, que llevan años siguiendo el caso Uribe, que conocen la historia de cerca, díganos en los comentarios, ¿creen que la condena de primera instancia fue justa? o la absolución del tribunal en segunda instancia fue lo correcto.
Este es uno de los debates más polarizantes de Colombia y queremos escuchar lo que piensan. Después de 18 años tras las rejas, Juan Guillermo Monsalve tiene 39 años. ¿Será bueno? Cumplió 39 en algún momento de 2025. Lleva encerrado desde noviembre de 2008. Su condena es de 44 años. Sin reducción, sin beneficios aprobados.
esa aritmética lo tendría dentro hasta pasados los 80. Sus solicitudes de beneficios por colaboración judicial han sido rechazadas en múltiples ocasiones. Los juzgados y tribunales que han evaluado esas peticiones han argumentado que su historial como cabecilla de una red de secuestro extorsivo hace que no califique para los beneficios que en otras circunstancias podrían reducir la pena.
solicitó un cupo en la JEP, la jurisdicción especial para la paz, creada tras los acuerdos de paz de 2016, lo que le habría dado condiciones muy distintas y la posibilidad real de salir mucho antes. El acceso a la JEP exige cumplir ciertos requisitos sobre el tipo de delitos y su relación con el conflicto armado. La suerte de esa solicitud, según la información disponible al cierre de 2025, no tenía un resultado definitivo.
El abogado Jaime Granados, uno de los defensores de Uribe, advirtió públicamente que la llamada ley que podría beneficiar a Monsalve sería el premio que estaba buscando para salir libre de la picota. Esa declaración fue en 2025 en el contexto de los debates legislativos sobre condiciones penitenciarias. Actualmente, según la información pública disponible hasta julio de 2025, Monsalve permanece recluido en la Picota, en Bogotá.
en su casa fiscal bajo protección especial con sus problemas cardíacos documentados, cocinando su propia comida, 17 años adentro y su nombre todavía encabeza titulares, el legado de El huacharaco. En 2008, cuando llegó a Cómbita, Juan Guillermo Monsalve era un exparamilitar condenado a 44 años, un nombre más en los registros del IMPEC, un número en el sistema.
En 2025, el presidente más votado de la historia reciente de Colombia fue condenado a 12 años de prisión en primera instancia y absuelto en segunda por haber intentado, según la jueza que lo juzgó, sobornar a ese mismo hombre para que callara. Eso no es un dato menor. Sea cual sea la posición que se tenga sobre el fondo del caso, sobre la veracidad del testimonio, sobre la legitimidad de las pruebas, lo que ocurrió es objetivamente excepcional.
Un preso, sin recursos, sin poder político, sin más activo que lo que sabía y lo que había visto, puso en movimiento un proceso judicial que llegó hasta donde nadie pensaba que iba a llegar. Monsalve fue declarado testigo de excepción antes de que nadie supiera su nombre. No escogió ese rol.
Lo construyó desde adentro de una celda entre dos intentos de homicidio, entre grabaciones secretas, entre incautaciones de su computador, entre versiones sobre privilegios y versiones sobre represalias, entre su propio historial delictivo y la pregunta que él mismo puso sobre la mesa en 2011 y que nadie ha podido cerrar definitivamente.
El expediente sobre los presuntos orígenes paramilitares del bloque en Huacharacas sigue abierto. Las víctimas de esa estructura siguen esperando respuestas y Juan Guillermo Monsalve sigue en la picota. Su historia no terminó cuando Uribe fue condenado en primera instancia. No terminó cuando el tribunal lo absoló en segunda.
¿Terminará? Bueno, eso todavía no ha pasado. Si este video les llegó a ustedes que están en Estados Unidos, suscríbanse al canal. Hacen parte de una comunidad que sigue la historia de Colombia desde afuera, que conoce el peso de estos nombres. que entiende lo que significa crecer con este conflicto. Aquí vamos a seguir contando esas historias con respeto, con fuentes, sin tomar partido.
El botón de suscripción está ahí, no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda a seguir. La pregunta que sigue dividiendo al país el 28 de julio de 2025, un lunes a las 8:30 de la mañana, la jueza Sandra Liliana Heredia leyó el sentido del fallo que condenó a Álvaro Uribe Vélez a 12 años. Esa misma tarde, Colombia estaba dividida exactamente como lo había estado el día anterior y el año anterior y los 14 años anteriores a eso.
Para una parte del país, la condena de primera instancia fue el resultado natural de un proceso que siguió las reglas: pruebas, audiencias, testimonio, peritajes, deliberación. Para la otra parte, la absolución en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá fue la corrección necesaria de un proceso que había sido instrumentalizado políticamente desde el principio.
Ninguna de esas dos lecturas ha desaparecido con el tiempo. Y Juan Guillermo Monsalve, el huacharaco, el hijo del mayordomo de huacharacas, el exparamilitar del bloque Metro, el preso de la celda con los relojes espía, el hombre que cocina su propia comida desde 2013, sigue siendo el nombre en el centro de esa división.
Después de casi dos décadas en prisión, sigue siendo uno de los hombres más vigilados de Colombia. Para los que le creen, es el testigo que dijo lo que muchos sabían y nadie se atrevía a decir formalmente. Para los que dudan, es un exparamilitar con condena de 44 años que construyó una versión que sirvió a ciertos intereses políticos.
Para las víctimas del bloque metro en el nordeste antioqueño. Es simplemente el hombre que estuvo ahí y que los expedientes necesitaban. Lo que ninguna posición puede ignorar es esto. Su historia cambió el rumbo del proceso judicial más grande de la historia reciente colombiana y su nombre sigue ocupando un lugar que nadie le regaló y del que nadie todavía ha logrado sacarlo.
En Colombia, la verdad sobre lo que pasó en Huacharacas a finales de los 90 no ha sido establecida definitivamente por ningún tribunal. Los expedientes siguen abiertos, las víctimas siguen esperando y el huacharaco sigue en la picota, cocinando su propia comida bajo protección especial, a la espera de lo que venga. Eso es todo lo que sabemos y en este canal no inventamos más de lo que los expedientes dicen.
Cuéntenos en los comentarios sobre qué personaje les gustaría que fuera el próximo video. Otro testigo clave en algún proceso colombiano, un exparamilitar con una historia que pocos conocen, alguien del conflicto que marcó a sus familias. Esta comunidad decide lo que viene. Escriban en los comentarios. Y por último, ¿les parece que la condena de 12 años que recibió Uribe en primera instancia fue justa para el daño que se le atribuye? ¿O la absolución del tribunal fue lo correcto dada la controversia sobre el testimonio? Cuéntenlo en los comentarios. sin
insultos, con argumentos. Eso es lo que nos diferencia.
