Un sargento de la policía abre un contenedor en el puerto de Guayaquil. Uniforme puesto, identificación al cuello. Saca bloques de cocaína, coloca un candado clonado encima y cierra como si nada. La droga que él mismo debía custodiar termina en las calles esa misma noche. Este policía no actuó solo, vendió inteligencia clasificada al cartel, coordinó robos desde adentro y cuando el estado lo atrapó con 170,000 en efectivo en su casa, el sistema judicial le devolvió hasta el último billete.
Esto es lo que pasó de verdad. El 29 de febrero de 2024, un oficial de la Dirección Nacional de Antinarcóticos llegó a los contenedores de la unidad canina en el puerto sur de Guayaquil a hacer lo que hacen siempre. Un conteo de rutina antes de procesar una orden de destrucción de estupefacientes emitida por el Ministerio del Interior.
No esperaba nada raro, era papeleo básicamente. Abrir, contar, firmar, cerrar. Abrió el primer contenedor, contó, volvió a contar. Los números no cuadraban. 321 bloques de clorhidrato de cocaína habían desaparecido. 321 kg, droga que había sido incautada en operativos exitosos en marzo y agosto del año anterior, registrada, sellada, almacenada bajo cadena de custodia oficial y ya no estaba.
Lo primero que hicieron fue revisar los sellos de seguridad, los marchamos que se colocan en los candados para certificar que nadie abrió el contenedor. Estaban intactos, perfectos. Sin ninguna señal de forzamiento, sin ninguna alteración visible. Quien hizo esto no rompió nada, no forzó nada, no dejó marcas, dejó los sellos puestos, solo que no eran los originales, eran clones.
Eso cambió todo el enfoque de la investigación de golpe, porque si los sellos estaban clonados, esto no fue un robo desde afuera. Nadie escaló una pared en la madrugada, nadie reventó un candado. Nadie huyó corriendo con costales de droga al hombro. Esto fue una operación quirúrgica ejecutada desde adentro por alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo, que conocía los protocolos, que tenía acceso legítimo al recinto y que tuvo el tiempo suficiente para hacerlo sin que nadie lo molestara.
El robo no lo cometió un ladrón, lo cometió alguien con uniforme policial. El nombre que apareció en el centro de la investigación fue el de un sargento de la Policía Nacional. En los expedientes judiciales figura como el sargento López, agente en servicio activo asignado a las instalaciones antinarcóticos.
No era un recién llegado, no era un policía de paso. Estaba ahí adentro, en la estructura, con acceso a los contenedores, con conocimiento de los cronogramas de turno, con la posibilidad de moverse dentro del recinto sin levantar sospechas. Un efectivo de la institución que supuestamente existe para incautar droga, guardando droga incautada para entregársela a los mismos que la perdieron.
La mecánica que usaron era tan simple que da rabia. Los investigadores determinaron que López y sus cómplices no vaciaban los contenedores de un solo golpe. Los accesos eran fraccionados. Sacaban bloques en distintos momentos en cantidades que no llamaran la atención inmediata y después volvían a colocar un sello clonado encima del candado.
En algunas ocasiones usaban como coartada la necesidad de llevar muestras a criminalística para repetir pruebas químicas. Un trámite institucional completamente normal, con papeles, con formularios, con una justificación oficial. La droga salía amparada por documentación presuntamente legítima y nunca regresaba a la bodega.
Para que eso funcionara sin que nadie del turno de guardia levantara la voz, necesitaban controlar quién estaba de turno y lo controlaban. La estructura tenía acceso en tiempo real a los cronogramas del personal. Operaban únicamente en las ventanas donde los agentes de guardia eran parte de la red o estaban bajo su influencia.
La logística no fue improvisada, fue construida con paciencia. con recursos y con información que solo podía venir de adentro. Detrás de todo eso había un nombre, un solo nombre que conectaba cada pieza de este esquema. Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias el gato Farfán, un narcotraficante ecuatoriano que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya tenía catalogado como uno de los más importantes y peligrosos del mundo.
No era un delincuente de barrio que había escalado, era una estructura transnacional con rutas establecidas, con alianzas en México, con toneladas movilizadas. Y el sargento López no era una coincidencia dentro de esa estructura, era una inversión. Alguien pagó para que ese uniforme estuviera ahí adentro, protegiendo el negocio desde el corazón mismo del estado.
Pero acá viene la parte que te va a quemar por dentro. El teniente coronel Guillermo Palacios, jefe de la policía antinarcóticos de la zona 8 que cubre Guayaquil, Durán y San Borondón, no se enteró del robo el 29 de febrero. Él sabía 4 meses antes de que eso iba a pasar. El 23 de noviembre de 2023, Palacios envió alertas formales por todos los canales institucionales disponibles.
Escribió informes, mandó documentos clasificados, se dirigió directamente a la Dirección Nacional de Antinarcóticos y al comandante zonal de ese momento, el general Pablo Dávila. Les dijo con nombres propios y por escrito que había policías sospechosos en las bodegas, que había un riesgo real e inminente de que se robaran la droga almacenada.
les entregó una lista clasificada con los nombres de los uniformados que había identificado como comprometidos. En esa lista estaba el sargento López. La respuesta de la cúpula policial fue el silencio. No hubo rotaciones, no hubo remociones, no hubo investigaciones internas, nadie movió nada. Y 4 meses después, cuando el oficial de turno abrió ese contenedor y encontró el vacío, los 321 kg ya no estaban.
No porque nadie lo hubiera podido evitar, sino porque alguien con rango, con poder institucional eligió no hacer nada. ¿Qué pasó con esa advertencia? ¿Por qué la cúpula la ignoró? ¿Qué consecuencias tuvo esa omisión para Palacios personalmente? Eso se va a responder más adelante, pero ya podés imaginar que no termina bien para el hombre que hizo lo correcto.
Lo que sí se sabe desde ahora es esto. Cuando los investigadores empezaron a seguir el rastro de los 321 kg, descubrieron que la droga no estaba esperando en alguna bodega clandestina a ser reempacada para exportación. No iba a Rotterdam, ni a Los Ángeles ni a Amberes. Se había inyectado directamente en el mercado interno de Guayaquil, entregada a otra organización criminal para su distribución en las calles.
La cocaína que la Policía Nacional había incautado en sus propios operativos, que había registrado y almacenado bajo su custodia, estaba circulando por los barrios de la ciudad antes de que alguien notara que faltaba. El Estado ecuatoriano, sin saberlo, había sido el bodeguero gratuito del narcotráfico y el sargento López había sido el administrador de esa bodega.
Eso es lo que encontraron el 29 de febrero, un hueco de 321 kg donde debería haber habido droga, sellos perfectos sobre contenedores vacíos y la certeza de que quien lo hizo conocía el sistema por dentro porque era el sistema. En 2010, dos jueces de la corte provincial de Sucumbíos firmaron papeles para sacar a un narco de la cárcel.
Le rebajaron la pena casi a la mitad, lo mandaron a la calle y nadie los detuvo. Eso, ñaño, no fue el final de la historia, fue el molde. Para entender cómo un sargento de la Policía Nacional terminó vaciando sus propias bodegas en el puerto de Guayaquil, hay que retroceder unos 15 años y entender el ecosistema que hizo posible todo lo que pasó después.
Porque el sargento López no fue un error del sistema, fue el resultado lógico de un sistema que lleva décadas funcionando exactamente así. La historia arranca con un militar, Telmo Remigio Castro Donoso, alias El Capi, exoficial del ejército ecuatoriano, pasivo, con conocimiento de primera mano de las vulnerabilidades fronterizas del país.
Castro no llegó al narcotráfico de la nada. Llegó con un mapa en la cabeza, con contactos en las instituciones y con la claridad de que Ecuador, dolarizado, geográficamente ubicado entre Colombia y el océano Pacífico, era el corredor perfecto para mover cocaína hacia México y luego hacia el norte.
A finales de los 2000, Castro estableció los primeros nexos directos con el cartel de Sinaloa. No era un mensajero ni un transportista de segunda. Era el primer ecuatoriano que conectaba al país de manera orgánica, sostenida y operativa con la estructura más poderosa del narcotráfico mexicano. Bajo esa alianza, Castro construyó la infraestructura inicial, laboratorios clandestinos en territorio ecuatoriano para convertir pasta base en clorhidrato de cocaína.
Rutas de salida hacia los puertos, una red de operadores locales con conocimiento del terreno. El negocio creció con una velocidad que el estado tardó años en dimensionar. Cuando finalmente lo hizo, llegó el operativo aniversario en octubre de 2008. Los golpes se repitieron en 2009. La policía incautó 8.4 4 toneladas de cocaína repartidas entre Quito, Durán y Lago Agrio.
Fue un golpe real con capturas, con evidencia, con un proceso penal armado. Y entonces el sistema judicial hizo lo suyo. En 2010, Arsenio Oña y Geovani Mancero, jueces de la Corte Provincial de Sucumbíos, modificaron las sentencias previas dictadas contra Castro y su red. Le aplicaron rebajas de pena del 49%. Resultado, libertad inmediata para el CAPI.
Los dos magistrados fueron sancionados después, pero Castro ya estaba afuera. La sanción a los jueces fue administrativa, la salida de Castro fue real. Y esa diferencia, esa asimetría entre consecuencias para unos y consecuencias para otros fue la primera lección concreta que el narco ecuatoriano aprendió sobre cómo funciona este país.
Si tenés plata suficiente, la justicia tiene precio y ese precio siempre es menor que la condena. Pero Castro no fue el único en ese esquema. Hubo otro caso que corrió en paralelo y que dejó una huella igual de profunda. César Fernández, exgobernador de la provincia de Manabí durante el gobierno de Sixto Durán Bayén, entre el 92 y el 96, un político con nombre, con relaciones, con peso institucional.
En octubre de 2003 lo agarraron. Lo capturaron con 450 kg de cocaína y una avioneta de bandera mexicana en compañía de ciudadanos vinculados a los carteles de Cali y Sinaloa. No era un operativo menor, era uno de los hombres más conectados de la región metido de lleno en el negocio transnacional. Fernández pasó 6 años preso, 6 años por 450 kg, conexiones carteleras probadas y una avioneta internacional.
En 2010 salió otra rebaja de penas, otra puerta abierta, otro narco de vuelta en la calle con recursos, con contactos y con cuentas pendientes que cobrar. La reincidencia fue inmediata y sin disimulo. En agosto de 2012, Fernández fue arrestado de nuevo, esta vez en sus oficinas de Guayaquil. Ahí encontraron 500,000 € en efectivo.
No en una caja fuerte escondida en el campo, no en una hacienda lejana, en sus oficinas en Guayaquil, en plena ciudad. Pero lo más importante no fue el efectivo, lo más importante fue lo que había junto a ese dinero, recibos de depósitos financieros que Fernández había realizado a favor de un ciudadano colombiano identificado en los expedientes únicamente con las inicialesmilésima.
Las agencias de inteligencia ya tenían ese nombre en el radar. En ese momento D.m.a A era perfilado como el presunto arquitecto de una red transnacional dedicada a instalar laboratorios de procesamiento de cocaína en Ecuador. No era un vendedor, no era un transportista, era el que diseñaba la infraestructura.
Y Fernández, el exgobnador, el político de los 90, le estaba depositando plata. ¿Quién era realmente ese colombiano? ¿Qué rol terminó jugando dentro de la estructura que se armó después? Eso se responde en el siguiente acto, pero desde ya podés ver el patrón. Hay un nombre que aparece en el 2012 vinculado a Fernández y ese mismo nombre va a aparecer muchos años después, más arriba, más adentro, más peligroso.
Lo que Fernández y Castro dejaron como legado no fue solo droga incautada ni expedientes judiciales. Dejaron un manual de operaciones para los que vinieron después, un manual con una sola regla central. En Ecuador, si sabes mover bien la plata, el sistema judicial no es un obstáculo, es una variable más que se puede administrar.
Los jueces tienen precio, las rebajas de pena tienen precio, la libertad tiene precio y ese precio comparado con lo que genera el negocio es barato. Wilder Emilio Sánchez Farfán aprendió ese manual desde adentro, no desde afuera, no desde la cárcel de otro. Lo aprendió como operador, como trabajador de la estructura de Castro.
Fue él quien instaló laboratorios, fue él quien manejó la logística. Fue él quien conoció de primera mano cómo fluye la plata, cómo se mueven los cargamentos, cómo se corrompe a un funcionario y cómo se mantiene ese funcionario callado. Castro fue su escuela y Farfán fue el alumno más aplicado. Cuando las autoridades desmantelaron parcialmente la red en la que trabajaba, Farfán también cayó preso.
Lo detuvieron en 2013. Le dictaron 4 años de prisión. 4 años por un narcotraficante que ya estaba en la órbita del cartel de Sinaloa, que había instalado al menos cinco laboratorios clandestinos destruidos por la policía entre mayo de 2010 y abril de 2012, 4 años. Esa ya era una señal de que el sistema lo estaba tratando con guantes, pero ni eso cumplió completo.
En enero de 2016, Wilder Sánchez Farfán salió de la cárcel en libertad anticipada, un recurso de prelibertad otorgado por un juez bajo circunstancias que los propios registros judiciales describen como altamente cuestionables. La misma jugada que Castro, la misma jugada que Fernández, el mismo sistema, la misma llave, la misma puerta abriéndose antes de tiempo.
La diferencia es que Farfan salió con más hambre, con más conocimiento y con más contactos que cualquiera de sus predecesores. Había visto cómo funciona esto desde el primer escalón hasta arriba. Había visto caer a El Capi y verlo salir. Había visto a Fernández caer dos veces y seguir operando. Sabía que en Ecuador la cárcel es una pausa, no un final.
y sabía exactamente qué había que construir para que esa pausa fuera lo más corta posible. Lo que armó desde 2016 en adelante fue una estructura distinta, más grande, más sofisticada y con un nivel de penetración en las instituciones del Estado que ni Castro ni Fernández habían logrado. Porque Farfán no solo aprendió a corromper jueces, aprendió a corromper policías, a meterlos adentro, a convertirlos en piezas funcionales del negocio, a hacer que el propio estado custodiara su droga sin saberlo.
El sargento López no cayó del cielo. Lo construyeron durante años con plata, con paciencia y con un sistema judicial que ya había demostrado más de una vez que en Ecuador la impunidad no es la excepción, es la política. El 26 de enero de 2024, un colombiano entró caminando a una casa de seguridad clasificada de la Policía Nacional en Guayaquil.
Se paró frente a los agentes de inteligencia que lo tenían bajo vigilancia y les preguntó en su cara por qué lo estaban siguiendo. Eso no es ficción, eso pasó. Y pasó porque a esa altura la red que protegía a ese hombre era tan sólida que él ya no le tenía miedo al estado, le tenía lástima. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, hay que entender primero lo que Wilder Sánchez Farfán construyó entre 2016 y su captura.
Porque lo que armó no fue una banda, fue una empresa transnacional con departamentos, con nómina, con logística multimodal y con una política de recursos humanos que incluía reclutar y pagar a policías en servicio activo como si fueran empleados con contrato. Cuando Farfán salió en libertad anticipada en enero de 2016, se fue a la clandestinidad total, sin redes sociales, sin apariciones públicas, sin los errores de ostentación que arruinan a la mayoría.
Lo que hizo fue construir desde abajo con paciencia y con los contactos que había acumulado trabajando bajo Castro. La primera prioridad fue asegurar el flujo de materia prima desde el sur de Colombia, particularmente desde Nariño, donde las disidencias armadas de las FARC controlaban zonas de cultivo enteras. Farfán no compró una ruta, compró varias en paralelo con proveedores distintos para que el cierre de una nouviera el negocio.
La cocaína entraba a Ecuador y salía por tres vías principales. Primero, aviones privados que operaban desde pistas clandestinas en provincias como Manabí y Esmeraldas con destino a intermediarios en Centroamérica. Segundo, lanchas rápidas, las Hofast, como les dicen en el negocio, que salían de la costa ecuatoriana hacia aguas internacionales, donde los cargamentos eran transferidos a embarcaciones mayores.
Y tercero, el método preferido por ser el más difícil de detectar y el de mayor volumen, la contaminación de contenedores comerciales marítimos bajo la modalidad conocida como gancho ciego. El gancho ciego funciona así. La droga se introduce en contenedores legítimos de exportación, banano, camarón, cacao, cualquier producto que mueva volumen sin que el exportador legal lo sepa.
Los operadores de la red tienen acceso a los patios de contenedores en los puertos de Guayaquil y Machala. Identifican un contenedor destinado a un mercado de interés, abren, colocan la carga ilícita entre la mercancía legal y sellan de vuelta. Si el contenedor es interceptado, el exportador legal carga con las preguntas mientras la red ya está moviendo el siguiente.
Si llega, el cargamento se retira en destino con el mismo método, sin intermediario que conozca el nombre de Farfán, sin contacto directo, sin testigos con cara. El nivel de la operación llegó a un punto donde Farfan podía operar simultáneamente como proveedor del cartel de Sinaloa y del cartel Jalisco Nueva Generación.
Dos estructuras que son enemigas declaradas en México, que se matan entre ellas por territorios, pero que en Ecuador compartían el mismo proveedor, porque el proveedor era tan confiable y tan eficiente que ninguno quería perder el acceso. El enlace concreto con Sinaloa era un ciudadano de Culiacán de aproximadamente 32 años, Miguel Ángel Valdez Ruiz, quien llegaba a Ecuador como emisario directo de la facción de Ismael El Mayo Sambada.
No eran llamadas por teléfono ni mensajes encriptados, eran reuniones en persona en territorio ecuatoriano para cerrar negocios de cientos de toneladas. Mientras construía esas rutas, Farfán también construyó sus fortalezas. En la provincia de Manabí, en la zona de San Vicente y en Imbabura, las autoridades descubrieron haciendas que no eran propiedades rurales normales.
Tenían puertas blindadas, sistemas de seguridad electrónica, generadores independientes, comunicaciones satelitales y adentro animales, jaguares, pumas, especies de aves en peligro de extinción, algunas de ellas protegidas por convenciones internacionales, un zoológico privado y clandestino que el Ministerio del Ambiente eventualmente tuvo que intervenir. No es un dato anecdótico.
En la narcoultura latinoamericana, el zoológico privado es una declaración de poder. Pablo Escobar tenía hipopótamos en Nápoles. Farfán tenía jaguares en Manabí. El animal da nombre, da imagen, da identidad. Es el alias hecho carne y encerrado en una jaula como símbolo de que podés permitirte lo que otros ni sueñan.
Pero ningún zoológico, ninguna hacienda blindada y ninguna ruta de exportación valía nada sin el componente que Farfan desarrolló con más dedicación que cualquier otro capo ecuatoriano antes que él. La infiltración institucional sistemática. Y ahí es donde entra el colombiano de las iniciales D.m.coma el mismo nombre que apareció en los recibos del exgobnador Fernández en 2012.
El mismo que llevaba más de una década operando en Ecuador sin que ningún proceso judicial lograra tocarlo. D.M.Aa No manejaba droga, no movía cargamentos. Su negocio era otro. Compraba uniformes, no los de tela, sino los de carne adentro. perfilado por las autoridades como El narco invisible D.m. Operaba bajo el alias Armani en la red de mensajería Telegram.
Cifrado, discreto, sin exposición pública de ningún tipo. Junto a su lugar teniente Marcoj.coma, diseñó y ejecutó el sistema de reclutamiento, soborno y manejo de policías activos, que fue el verdadero blindaje del cartel. No era improvisación, era una estructura con roles definidos, con procedimientos y con un tarifario que hacía el cálculo muy simple para un agente con sueldo de policía en Ecuador.
El valor de un policía activo dentro de la red de Farfán era entre 3,000 y $,000 mensuales, pagados con regularidad, sin retrasos, sin excusas. En un país donde un sargento puede ganar menos de $500 al mes con horas extra, esa cifra no era una tentación, era una oferta que cambiaba la aritmética familiar de un golpe.
El reclutamiento lo operaban dos exoficiales que ya conocían el mundillo institucional desde adentro, Elton A y José Luis B. Ellos identificaban a los candidatos, medían su situación económica, su nivel de acceso, sus vulnerabilidades y hacían el acercamiento, una conversación, una invitación a tomar algo, un sobre que aparecía sin que nadie dijera nada directamente.
El sistema estaba diseñado para que nadie sintiera que estaba cruzando una línea de golpe. Cruzaban el límite de espacio en cuotas hasta que ya no había vuelta atrás. La plata no llegaba directamente de D.m.Aa A al bolsillo del policía fluía a través de intermediarios civiles que funcionaban como amortiguadores. Jorge S.
com primo de uno de los procesados y Shirley Rcibían los fondos vía depósitos en cuentas de fachada, transferencias o entregas físicas de efectivo en lugares públicos. una heladería en Santo Domingo de los Chilas, por ejemplo. Ese capital tenía usos múltiples, pagos de nómina ilícita, compra de vehículos todo terreno en Quito, que luego eran trasladados a bodegas de colaboradoras como Elizabethg.
com y preparación logística para operaciones específicas como la que se ejecutó en Napo. El dinero nunca estaba quieto, siempre estaba trabajando. Lo que la red compraba con esa inversión era información y acceso. información, datos clasificados de los servidores policiales, identidades de confidentes, cronogramas de operativos, nombres de agentes encubiertos, acceso, la capacidad de operar dentro de recintos restringidos sin que nadie preguntara nada.
El sargento López era la expresión más concreta de ese acceso. Dentro de las bodegas de antinarcóticos, su uniforme era su coartada perfecta. Nadie cuestiona a un policía en su propio recinto. La mecánica del robo en sí era de una frialdad que da escalofríos. López y sus cómplices no vaciaban los contenedores de un solo golpe porque un hueco de 300 kg de un día para el otro se nota.
Lo hacían en fracciones con paciencia. sacaban entre 10 y 50 bloques en cada acceso bajo la coartada de que había que llevar muestras a criminalística para repetir pruebas de reactivo. Un procedimiento burocrático completamente normal, con formularios, con firma de salida, con una justificación institucional que nadie cuestionaba porque nadie tenía motivos para hacerlo.
Esa droga salía con papeles, cruzaba controles y nunca volvía. Después, los sellos clonados cubrían el candado como si nada hubiera pasado. El contenedor seguía viendo normal desde afuera. La sustracción era invisible hasta que alguien contaba de verdad, bloque por bloque. Y para que ese proceso funcionara sin interferencias, la red necesitaba controlar quién estaba de guardia.
Lo controlaban. tenían acceso en tiempo real a los cronogramas del personal y los accesos a los contenedores se hacían exclusivamente en los turnos donde los agentes de guardia eran parte de la nómina ilícita o estaban bajo la influencia de alguien que sí lo era. No era suerte, era gestión de personal. El nivel de impunidad que sentía la red para cuando llegamos a 2024 quedó ilustrado de la manera más brutal posible en ese episodio del 26 de enero.
D.M. El colombiano, el narco invisible, el que llevaba más de una década operando en Ecuador sin una condena, se enteró de que la Uleco tenía a su círculo bajo vigilancia y en lugar de desaparecer, en lugar de bajar el perfil, agarró y se apareció en persona en la casa de seguridad.
Entró, encaró a los agentes, les preguntó con esa calma que solo tiene alguien que sabe que está protegido, ¿por qué le estaban haciendo seguimientos a él y a su familia? Los agentes de inteligencia tuvieron que responderle o no le respondieron y se lo aguantaron. De cualquier manera, el mensaje era el mismo. Para ese colombiano, las instalaciones secretas de la Policía Nacional eran un lugar donde podía entrar a reclamar.
Eso no es audacia, eso es certeza. La certeza de que la red que lo cubría era suficientemente profunda, suficientemente cara y suficientemente ramificada como para que ninguna investigación llegara a tocarlo. El estado para d.m.coma coma no era una amenaza, era un mal funcionario al que había que llamarle la atención de vez en cuando, pero algo dentro de esa estructura perfecta ya estaba fallando, porque hay un detalle que nadie notó a tiempo, un quiebre que comenzó desde adentro, desde las propias filas de la unidad de élite
que supuestamente debía desmantelar todo esto. En octubre de 2022, un agente activo de la UO empacó sus cosas en silencio. Dejó un teléfono y una carta escrita a mano en su casillero. dentro de una casa de seguridad clasificada de la policía en Guayaquil y desapareció del país. Un agente de inteligencia dejó un iPhone y una carta en su casillero.
huyó al otro lado del mundo y desde ahí le voló el techo a toda la red. Lo que vas a ver acá es como un sistema que parecía invencible se partió desde adentro en dos lugares al mismo tiempo por dos hombres que tomaron decisiones opuestas y terminaron igual de solos. Marlon P. Unidad de lucha contra el crimen organizado, la UELCO, el cuerpo de élite de la Policía Nacional diseñado específicamente para investigar estructuras narcodelictivas complejas.
No era un policía de calle. Era inteligencia, sabía cómo funcionaban las investigaciones por dentro, conocía los protocolos, manejaba información clasificada y en algún punto vio algo que le hizo entender que quedarse en Ecuador era firmarse la sentencia de muerte. En octubre de 2022, sin dar aviso, sin pedir traslado, sin ningún trámite institucional, Marlon P.
abandonó su puesto. Se fue a Chile primero, luego migró de forma irregular hacia los Estados Unidos con su familia. Una vez ahí, solicitó asilo político argumentando temor fundado por su vida, no como ciudadano cualquiera, como policía en servicio activo que había visto demasiado y que sabía exactamente lo que le pasaría si se quedaba.
Lo que dejó atrás en su casillero dentro de una casa de seguridad altamente restringida de la policía en Guayaquil fueron dos cosas, un teléfono celular marca iPhone y una carta escrita a mano. Esa carta fue la piedra angular del proceso que vino después. En ella, Marlon P describía con nombres propios, roles y montos el organigrama completo de corrupción que operaba dentro de la institución.
detallaba como Elton A y José Luis B, dos exoficiales que conocían la estructura policial desde adentro, actuaban como reclutadores financieros para la red, cómo se acercaban a los agentes, cómo medían su situación económica. ¿Cómo hacían la oferta? Confirmaba el tarifario, entre 3,000 y $,000 mensuales por agente activo, pagados con puntualidad, sin retrasos.
Pero lo más importante que dejó escrito no fue el quién ni el cuánto, fue el para qué. El objetivo central de toda esa inversión en nómina ilícita era uno solo, infiltrar y boicotear el caso Cronos, una investigación confidencial y estratégica que la propia Uleco estaba llevando a cabo con el propósito de localizar y capturar a Wilder Sánchez Farfán.
Que la unidad encargada de atrapar al gato Farfán tuviera agentes en nómina de Farfán no es una ironía, es la descripción exacta de lo que significa una infiltración exitosa. El cazador trabajando para la presa, protegiéndola desde adentro, avisándole cada vez que la trampa estaba lista. El iPhone tenía más. Los análisis forenses del dispositivo ampliaron el cuadro que la carta había empezado a dibujar.
conversaciones, coordenadas de contacto, detalles operativos. El teléfono y la carta juntos construyeron el expediente inicial que la fiscalía necesitaba para empezar a rastrear la red hacia arriba. Marlon P no declaró en persona, no se sentó frente a un fiscal, no firmó un acuerdo formal de cooperación, dejó dos objetos en un casillero y se fue, y con eso fue suficiente para destapar el patrón.
Mientras eso ocurría desde el lado de la inteligencia interna, otro quiebre estaba en marcha desde el lado operativo. El teniente coronel Guillermo Palacios, jefe de antinarcóticos de la zona 8, llevaba meses viendo algo que lo tenía despierto de noche. No era un presentimiento, eran datos, patrones de movimiento dentro de las bodegas que no cerraban, inconsistencias en los registros de cadena de custodia, comportamientos de personal que no encajaban con los turnos asignados.
Palacios no era alguien que actuara por instinto, actuó con documentación. El 23 de noviembre de 2023, Palacios formalizó todo lo que había detectado. Etió alertas urgentes por todos los canales institucionales disponibles. Elaboró un informe clasificado. Se dirigió directamente a la Dirección Nacional de Antinarcóticos y al comandante zonal de ese momento, el general Pablo Dávila.
En ese documento oficial, Palacios entregó una lista detallada de policías altamente sospechosos, con nombres, con justificaciones específicas por cada caso, y exigió rotaciones inmediatas, remociones o investigaciones internas. No era una queja vaga, era un mapa. En esa lista estaba el nombre del sargento López. La cúpula policial recibió el informe, lo leyó y no hizo nada.
No hubo rotaciones, no hubo remociones, no hubo ninguna investigación interna. El general Dávila y la Dirección Nacional de Antinarcóticos eligieron la parálisis. Puede haber 1000 explicaciones para esa inacción, burocracia, incredulidad, miedo o algo peor. Pero el resultado fue el mismo independientemente del motivo.
El sargento López siguió en su puesto con acceso a las bodegas, con el cronograma de turnos bajo control, con los sellos clonados listos. 4 meses después, el 29 de febrero de 2024, aparecieron los 321 kg faltantes. O más bien no aparecieron, desaparecieron. Y quien los hizo desaparecer era exactamente el hombre que Palacios había señalado con nombre propio en noviembre.
La consecuencia para Palacios de haber hecho lo correcto no fue un reconocimiento ni una investigación que lo vindicara, fue el exilio. Tras presentar su denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, la Fedoti Palacios comenzó a recibir amenazas, no amenazas genéricas, no presiones difusas, amenazas sistemáticas y creíbles contra su integridad física y la de su familia, presuntamente originadas desde la facción policial cooptada y desde las bandas aliadas a la red. Palacio se vio
forzado a abandonar Ecuador. Se fue un teniente coronel de la Policía Nacional, jefe de una unidad antinarcóticos, exiliado por haber entregado un informe a sus superiores. Un año después de esa denuncia en la Fedoti, el caso de las bodegas seguía en etapa de indagación previa, sin un solo procesado, sin responsables formalizados, las cámaras de seguridad del recinto, que podrían haber documentado quién entró y cuándo, nunca fueron revisadas de forma efectiva.
Los expedientes mencionan riesgos al sistema como justificación para no acceder a ese material. No hay más explicación. El hombre que advirtió el robo está fuera del país, la droga está en las calles y el proceso judicial quieto. Para dimensionar hasta dónde llegaba la audacia de esta red antes de que empezara a fracturarse, hay que retroceder 2 años.
En abril de 2022 en la provincia amazónica de Napo ocurrió algo que no tiene precedente en la historia reciente del crimen organizado ecuatoriano. Un comando armado irrumpió en las instalaciones de la entonces Secretaría Técnica de Drogas, la CTED, de esa localidad, y se llevó 2,350 kg de clorhidrato de cocaína almacenados ahí, 2 toneladas y media de una bodega estatal.
No fue un asalto improvisado, fue una operación de recuperación planificada con detalle milimétrico. Los comandos que ingresaron al recinto vestían indumentaria idéntica a la que usan los agentes del eje investigativo de la Policía Nacional. Uniformes, chalecos reflectantes, el equipamiento visual completo.
Abrieron las puertas del recinto oficial con el conocimiento necesario para hacerlo. Metieron adentro un camión pesado con placas adulteradas. Cargaron los 2,350 kg y se fueron. La carga era de Farfán y la red garantizó la salida. El expolicía Olger.com, implicado en la trama, ofreció pagos a policías apostados en los controles de carretera entre el Tena y la salida de la provincia para que el camión no fuera detenido ni revisado.
Durante el trayecto de escape. No hubo un solo control que parara ese vehículo. La droga llegó a destino y nadie en ese momento pudo conectar los puntos de manera suficiente para que la máquina se frenara. Pero la grieta ya estaba abierta. La carta de Marlon P estaba en manos de la fiscalía.
Las inconsistencias en las bodegas se acumulaban y otras investigaciones paralelas alimentadas por las filtraciones de la ULECO y por cooperación internacional iban completando el mapa. Llegó un punto en que la evidencia era demasiada para seguir ignorando. La madrugada del jueves 18 de abril de 2024, el bloque de seguridad del Ecuador activó el operativo Jaguar.
Más de 40 allanamientos simultáneos ejecutados en ocho provincias: Pichincha, Guayas, Santo Domingo de los Sáchilas, Tunguragua, Asuay, El Oro, Manabí y Loja. Coordinación total, golpe único, sin filtración previa que alertara a los objetivos. 14 personas detenidas en la misma madrugada. De esas 14 personas, 10 eran policías, siete en servicio activo, incluyendo oficiales con rango de capitán, tres en servicio pasivo.
La ecuación que Marlon P había dibujado en su carta y que los investigadores habían ido verificando durante meses se materializó en esposas y celdas en cuestión de horas. Lo que encontraron en los allanamientos dejó en claro que la nómina ilícita de 3 a $,000 mensuales por agente no era lo único que circulaba. En una exclusiva residencia en Isla Mocolí en Guayaquil, perteneciente a uno de los agentes detenidos, las autoridades abrieron dos cajas fuertes y encontraron $500,000 en efectivo.
En el domicilio del sargento López, 170,000. En un vehículo intervenido en Machala, otros 85,000. El total de efectivo incautado en distintas locaciones rondó los $750,000. A eso se sumaron armas largas tipo fusil, pistolas, subametralladoras, inhibidores de señal, munición abundante y teléfonos satelitales. El tipo de arsenal y equipamiento que no corresponde a ninguna función policial legítima.
El tipo de equipamiento que necesitas cuando tu trabajo real no es proteger a nadie. El operativo Jaguar fue el golpe más contundente que el Estado ecuatoriano había dado contra la infiltración policial en muchos años. 14 detenidos, 10 uniformados, evidencia material aplastante, dinero que no tenía ninguna explicación lícita posible.
El expediente era sólido, los nombres estaban, los montos estaban, los teléfonos y las armas estaban. Para cualquier observador de afuera, parecía el inicio del fin para la red que había operado impunemente dentro de la institución durante años. Pero lo que le pasó a ese expediente dentro del sistema judicial ecuatoriano es otra historia y es peor.
La jueza, que recibió el caso inicialmente suspendió el proceso. Fue destituida poco después por un error en otra causa narco. El expediente cayó entonces en manos de un segundo juez. Ese juez declaró nulidad absoluta de todo el proceso. Meses más tarde, ese mismo juez fue arrestado. En su domicilio encontraron fuertes sumas de dinero en efectivo vinculadas a sobornos del grupo narcoguerrillero colombiano conocido como los comandos de la frontera.
El hombre que anuló el caso Jaguar estaba en nómina de otro cartel. Los policías recuperaron la plata, las cajas fuertes, los vehículos, los $50,000 en efectivo que el Estado les había incautado. Todo les fue devuelto y el sargento López, el hombre cuyo nombre estaba en el informe que Palacios entregó 4 meses antes del robo, quedó libre.
Lo que viene ahora es como un expediente que parecía irrompible se deshizo en cámara lenta, juez por juez, audiencia por audiencia. seguía acá porque lo que le pasó al caso Jaguar dentro de los tribunales ecuatorianos es la parte de la historia que menos se cuenta y es la que más duele. El operativo del 18 de abril de 2024 había dejado 14 detenidos, 10 uniformados, evidencia material que incluía dinero sin ninguna explicación lícita posible, armas y comunicaciones satelitales.
La fiscalía formuló cargos por delincuencia organizada bajo el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, que impone penas de entre 10 y 13 años de prisión. El expediente era voluminoso, concreto respaldado por el teléfono y la carta de Marlon P, por los análisis financieros, por los allanamientos sobre el papel era el tipo de caso que llega a juicio y condena.
La primera jueza asignada al proceso fue María Fernanda Castro. le correspondía presidir la etapa de evaluación y preparatoria de juicio agendada inicialmente para el 28 de abril de 2025. Castro suspendió el proceso. La justificación fue la existencia de diligencias investigativas pendientes solicitadas por la defensa.
En un caso de esta magnitud, con el volumen de evidencia acumulado, la decisión fue recibida con desconfianza desde múltiples frentes, pero todavía no era el desastre. El desastre llegó poco después, cuando el Consejo de la Judicatura destituye a Castro el 5 de mayo de 2025, no por el caso Jaguar, por un error inexcusable comprobado en una causa paralela de narcotráfico.
Una magistrada que manejaba simultáneamente casos narcospendida por mala praxis en uno de ellos, mientras el expediente más delicado del año seguía sin avanzar bajo su jurisdicción. El caso quedó sin jueza, sin fecha, en el aire. El expediente cayó entonces en manos del juez Cristian Quito. Quito no retomó el proceso donde Castro lo había dejado.
Se negó a dar continuidad a una audiencia que ya había sido formalmente instalada por su predecesora. tomó la decisión que dejó sin palabras a la fiscalía y a todos los que habían trabajado en el caso durante meses. Declaró la nulidad absoluta de todo el proceso antes de que la etapa intermedia pudiera siquiera materializarse.
No una nulidad parcial, no una corrección de forma, nulidad total, todo para atrás. 14 procesados y un expediente construido durante meses borrados procesalmente de un solo fallo. La justificación formal que Quito usó para llegar ahí no importó demasiado tiempo porque meses después de emitir esa resolución, el juez Cristian Quito fue destituido y arrestado.
En su domicilio, durante un operativo policial, encontraron fuertes sumas de dinero en efectivo. El origen: Sobornos del grupo narcoguerrillero colombiano, conocido como los comandos de la frontera. El hombre que anuló el caso Jaguar no estaba actuando por convicción jurídica, estaba en nómina. El presagio que cerró el acto 4 no fue una figura retórica, fue lo que pasó.
Pero incluso con Quito afuera, el proceso no se reactivó de forma limpia. Entre junio y agosto de 2025, la fiscalía intentó en múltiples ocasiones instalar nuevas audiencias. En cada una, los abogados defensores no se presentaron. No fue casualidad, fue táctica. La inasistencia sistemática e injustificada de los defensores es una herramienta procesal clásica en casos donde la dilación trabaja a favor del acusado.
Cada audiencia fallida es una prórroga de libertad, una oportunidad para que la presión mediática baje, una semana más en la que los testigos envejecen y la memoria institucional se dispersa. Los defensores sabían exactamente lo que estaban haciendo y el sistema se lo permitió. A principios de 2026, el juez Vicente Hidalgo asumió la competencia del caso, revisó los dictámenes acusatorios de la fiscalía, evaluó la teoría del caso y emitió su resolución sobre seguimiento.
para los 13 procesados principales. El argumento central del fallo fue que la fiscalía no había logrado demostrar la existencia de un grupo permanentemente estructurado y dedicado de manera reiterada a cometer crímenes graves, que es el estándar que exige el artículo 369 del COIP para configurar el delito de delincuencia organizada.
Sin ese delito rector, todo el andamiaje procesal construido alrededor de él se derrumbaba. Hidalgo fue más lejos en su argumentación. señaló que la teoría del caso descansaba en suposiciones y que reciclaba evidencia proveniente de un expediente antiguo del año 2012, por el cual varios de los procesados ya habían sido absueltos previamente.
Que evidencia de más de una década atrás, ya descartada en un proceso anterior, apareciera como soporte de una acusación nueva contra los mismos individuos, fue suficiente para que el fallo se construyera en esa dirección. El auto de sobreseguimiento obligó al Estado a devolver todo. Los bienes patrimoniales confiscados durante los allanamientos, los vehículos, el dinero en efectivo. Los 170.
000 del domicilio del sargento López volvieron, los 500.000 de las cajas fuertes de Isla Mocolí volvieron, los 85,000 del vehículo en Machala volvieron, las prohibiciones de salida del país fueron levantadas, las presentaciones periódicas ante el juez canceladas, los policías detenidos el 18 de abril de 2024 quedaron a efectos legales, como si el operativo Jaguar nunca hubiera ocurrido.
La fiscalía abrió investigaciones fragmentadas contra algunos agentes específicos como José Luis B. y Elton A.coma, procesándolos bajo figuras sustancialmente menores. Tráfico de influencias, difusión de información de circulación restringida, cohecho, enriquecimiento privado no justificado, delitos que en la práctica son escarcelables, que no llevan la carga penal del crimen organizado y que dejan intacta la conclusión más importante.
La red policial del cartel como estructura fue despenalizada del delito que describía lo que realmente era. Guillermo Palacios siguió en el exilio. El teniente coronel que entregó la lista clasificada con el nombre del sargento López 4 meses antes del robo, que denunció ante la Fed Doti, que perdió su cargo y su país por haber hecho exactamente lo que su función exigía, no tuvo ninguna vindicación formal.
Su denuncia siguió en indagación previa. Los responsables por ignorar su informe no enfrentaron consecuencias documentadas. El general Pablo Dávila, que recibió ese informe en noviembre de 2023 y no ordenó nada, no está entre los procesados del caso Haar. Mientras todo eso se desarrollaba en Ecuador, en otro país el mismo caso seguía un camino completamente distinto.
El 9 de febrero de 2023, Wilder Emilio Sánchez Farfán fue localizado y capturado en Pasto, departamento de Nariño, Colombia. No estaba escondido en una caleta, estaba en una reunión de negocios. Los investigadores determinaron que en ese momento negociaba directamente con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia armada de las FARC, y con su líder conocido como alias el comandante gringo.
El objetivo era asegurar, salvo conductos, protección paramilitar para los cargamentos que cruzaban la frontera colomboecuatoriana. Farfán no solo compraba cocaína en Nariño, compraba seguridad territorial, compró mal. fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Picota, en el suroriente de Bogotá y ahí, con acceso a recursos y con la amenaza de la extradición sobre la mesa, activó el único plan que le quedaba, comprar la salida.
La inteligencia colombiana detectó y abortó el intento entre el 10 y el 13 de noviembre de 2023. Farfan había ofrecido pagos de hasta 3.5 millones de dólares a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el IMPEC, para organizar su fuga. 3.5 millones de dólares en sobornos para salir de una cárcel.
El plan fue neutralizado antes de ejecutarse. Farfán fue trasladado de urgencia a un pabellón de extrema seguridad en la cárcel de Valle Dupar, bajo vigilancia permanente y monitoreo remoto desde Bogotá. El 25 de enero de 2024, Colombia lo entregó. Wilder Emilio Sánchez Farfán fue extraditado a los Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Sur de California lo esperaba con cargos por conspiración internacional para manufacturar y distribuir cocaína.
El volumen que le imputaban era de más de 450,000 kg movilizados entre Ecuador, Colombia, México y los Estados Unidos. Ante la justicia federal estadounidense no había jueces que comprar, no había audiencias que dilatar con inasistencias de abogados, no había artículo 369 con un estándar técnico lo suficientemente específico como para deslizarse por el borde.
Hay evidencia, hay fiscales federales, hay penas que van directamente a la cadena perpetua y hay un sistema donde la cooperación es el único instrumento con el que un acusado puede reducir su condena de manera significativa. El 15 de mayo de 2025, Farfán se paró ante la jueza federal Bárbara Lin Mayor y se declaró culpable.
Admitió su rol como cabecilla de una organización de tráfico internacional. admitió su asociación continua con el cartel de Sinaloa y con el cartel Jalisco Nueva Generación. No fue un gesto de arrepentimiento, fue una decisión táctica frente a una evidencia que sus propios abogados reconocieron como irrebatible. El 7 de abril de 2026, el fiscal federal Kyle Martin presentó a la Corte su recomendación de condena.
Pidió 324 meses de prisión, 27 años en una penitenciaría federal de los Estados Unidos, seguidos de 5 años de libertad supervisada. La reducción desde la cadena perpetua que originalmente apuntaban los cargos fue posible por la pronta aceptación de responsabilidad, por la renuncia expresa al derecho constitucional de apelación y por algo que el memorando del Departamento de Justicia no escribe con todas las letras, pero que cualquiera que entienda cómo funciona el sistema federal puede leer entre líneas.
Nadie baja de cadena perpetua a 27 años por portarse bien en la cárcel. En paralelo, cuatro operadores del círculo financiero de Farfan fueron juzgados en Ecuador por los tribunales anticorrupción. Dianame.comirj.com Carlos Centésima y Graciela Quinco fueron encontrados culpables como coautores del delito de lavado de activos.
La sentencia, 13 años de reclusión para cada uno. Los jueces probaron que la red había blanqueado 11,56,883 entre 2017 y 2022, utilizando vehículos legales como Montielsur. Y transportes de carga Granvía Sur. Más empresas del sector bananero y camaronero. El dinero ilícito entró al sistema como construcción, agricultura, transporte.
Salió como haciendas, bodegas, locales, comerciales. Las multas impuestas triplicaron el monto blanqueado. Las empresas fueron disueltas legalmente. Los bienes confiscados bajo la ley de extinción de dominio. Cuatro personas con 13 años de condena firme, mientras los 10 policías del operativo shaguar recuperaban su plata y sus vehículos en Guayaquil.
La audiencia de lectura de sentencia definitiva para Farfán en la corte del distrito sur de California quedó fijada para el 18 de mayo de 2026. Esa fecha, cuando el dictamen adquiera firmeza absoluta, va a ser el momento en que todo lo que Farfán le entregó a la DEA y al FBI pase de ser especulación a convertirse en expedientes activos.
Y hay gente en Ecuador, jueces, generales, políticos, operadores financieros, que lleva meses sin dormir bien esperando que llegue ese día. El 18 de mayo de 2026, un juez federal en California va a leer una sentencia en voz alta y en ese momento, todo lo que Farfán entregó deja de ser secreto de Estado para convertirse en expedientes activos.
27 años en lugar de cadena perpetua no se explican solos. Bajo el derecho penal federal de los Estados Unidos, hay un principio que los abogados defensores conocen de memoria y que los fiscales usan como palanca. Nadie recibe una reducción de esa magnitud por portarse bien. La diferencia entre una sentencia que empieza con perpetua y una que termina en 27 años representa, en términos de estándar federal, inteligencia operativa de altísimo valor entregada a cambio.
No es especulación, es la lógica del sistema. Cuando el memorando del Departamento de Justicia justifica la reducción con términos como pronta aceptación de responsabilidad y renuncia al derecho de apelación, eso cubre los primeros dos o tres niveles de la escala de beneficios. Lo que cubre el resto no se escribe en el documento público, pero existe.
Lo que Farfán les pudo haber entregado a la DEA y al FBI no es la lista de sus propios empleados. Esos los tenían. Es el mapa de quien por encima de él hizo que todo esto fuera posible durante más de una década. Los nombres de los magistrados que firmaron las salidas anticipadas, los generales que recibieron sobornos para mirar hacia otro lado, los operadores políticos que abrieron puertas institucionales que un narco no puede abrir solo, el círculo completo de D.m.A.
El colombiano que sigue prófugo, que lleva más de 15 años operando en Ecuador sin una condena firme, que en enero de 2024 entró caminando a una casa de seguridad de la policía a reclamarle a sus propios investigadores si hay alguien cuyo nombre Farfán tenía guardado con nombre, apellido y número de cuenta, era ese hombre.
Las señales de que el desmantelamiento financiero continúa ya son visibles. El Estado norteamericano formalizó la confiscación de un millón y medio de dólares de cuentas vinculadas a una empresa llamada Agrícola Sabael, una de las compañías de fachada que la red usaba para inyectar capital ilícito en el sistema bancario estadounidense.
No es una suma enorme comparada con el volumen total que manejaba Farfán. Es una señal. Significa que el rastro del dinero no termina en las cuatro condenas por lavado que los tribunales ecuatorianos dictaron contra dianam.com, Vladimirj.com, Carlos Centima y Graciela Quincuagésima. Hay más hilo y alguien en California lo está jalando.
Mientras tanto, los cinco principales testaferros de Farfán en Ecuador siguen prófugos, tienen nombres, tienen órdenes de captura y tienen liquidez suficiente para seguir moviéndose. El juicio por lavado de activos contra Farfán en territorio nacional sigue en suspenso precisamente por eso. Sin los testaferros físicamente disponibles para el proceso, el expediente no avanza.
El dinero que blanquearon durante 5 años en construcción, banano, camarón y transporte pesado, sigue trabado en el limbo legal. Las haciendas confiscadas están ahí, el proceso no. Y acá está el colbac que duele más. En 2010, Arsenio Oña y Geovani Mancero, jueces de sucumbíos, le rebajaron la pena a Telmo Castro y lo mandaron a la calle. Fueron sancionados.
Castro quedó libre. Esa fue la primera lección que este linaje criminal recibió sobre cómo funciona la justicia ecuatoriana. 15 años después, en el caso la historia se repitió con una precisión que no tiene nada de coincidencia. Un juez anuló el proceso, fue arrestado con plata de otro cartel en su casa.
El siguiente juez sobreselló a los 13 procesados y les devolvió los bienes. El sistema no falló. Funcionó exactamente igual que siempre, con los mismos resultados para las mismas personas. El molde que Castro y Fernández usaron para salir libres es el mismo que usaron los policías del caso Jaguar. Nadie lo cambió, nadie lo intentó en serio.
El vacío que dejó la caída de Farfán no fue un silencio, fue un disparo de salida. Las rutas marítimas de Guayaquil, las conexiones con los intermediarios mexicanos, los contactos en los puertos de Machala y el Golfo de Guayaquil, todo eso quedó acéfalo de un día para el otro. Y en el negocio del narcotráfico, un territorio sin dueño es un territorio en llamas.
Los águilas y los choneros, que hasta entonces operaban bajo un equilibrio frágil sostenido en parte por la figura de Farfán como proveedor común, entraron en guerra abierta por heredar esas rutas. El primer ajuste de cuentas visible llegó con el asesinato de George Samir, maestre Mena, un operador que controlaba movimientos en la zona de la vía a la costa, una de las arterias de la ciudad más vigiladas y más costosas de Guayaquil.
Lo mataron ahí en esa zona sin ningún disimulo. El mensaje no era para la policía, era para la competencia. El estado tomó nota de algo en todo este proceso, aunque tarde. El caso Blanqueo Fito, la investigación contra la red financiera de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, máximo líder de los choneros, sigue la misma lógica que llevó a las cuatro condenas del círculo de Farfán atacar el dinero antes que al hombre.
La UAFE y la fiscalía han documentado transferencias ilícitas hacia funcionarios públicos, rastreado empresas familiares usadas como canales de lavado, emitido órdenes de captura contra una decena de personas del entorno de Fito. La estrategia aprendió algo de lo que funcionó en el caso anterior, pero Fito sigue operando desde donde está y los cinco testaferros de Farfán siguen sin aparecer.
El aprendizaje institucional es real, la aplicación parcial. Entonces, ¿qué quedó después de todo esto? Un capo ecuatoriano condenado a 27 años en una penitenciaría federal a miles de kilómetros de Guayaquil, cooperando con la DEA mientras sus socios en Ecuador se preguntan qué dijo exactamente. Cuatro operadores financieros con 13 años de cárcel firmes.
Un colombiano prófugo que lleva más de una década siendo el hombre más peligroso que nadie logró sentar en un banquillo. Un teniente coronel en el exilio por haber hecho su trabajo. Un juez arrestado con plata de cartel después de anular el caso más importante del año. Otro juez que sobreselló a los 13 procesados y les devolvió hasta el último centavo, los policías del caso Jaguar con la plata de vuelta en el bolsillo, las armas decomizadas en alguna bodega del estado y ninguna condena por crimen organizado que los describa por lo que eran.
El Estado ecuatoriano ganó en California lo que no pudo defender en Guayaquil y el sistema que lo permitió sigue exactamente en su lugar, esperando el próximo nombre que lo necesite. Este expediente se cierra acá, pero el archivo no termina. Hay más estructuras, más nombres, más casos que todavía no salieron a la luz.
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