Operación fallida: el 81 se escapa de las autoridades
10 hombres armados caen en menos de una hora de enfrentamiento. Tres más terminan detenidos con equipo táctico de nivel militar. Y aún así, el hombre que el Estado mexicano realmente quería atrapar esa noche no aparece en ninguna lista de bajas ni de detenidos. Se le escapó al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional y a un operativo aéreo y terrestre desplegado en cuestión de horas.
Lo llaman el casco. También el 81. Es el último de cuatro hermanos que gobernaron en silencio durante más de una década. La sierra que empieza a 40 minutos de las playas de Mazatlán, donde miles de turistas se broncean cada fin de semana sin imaginar lo que hay tierra adentro. Antes de que la marina llegara a esa sierra, algo ya la esperaba enterrado bajo el camino y ese algo le costó la vida a un capitán de infantería de Marina que solo iba a revisar el nivel de un río.
¿Por qué un grupo armado emboscó con explosivos amarinos que solo revisaban el nivel de un río? ¿Por qué las primeras versiones oficiales y las de la prensa local no coincidían en algo tan básico como, ¿qué hacían esos marinos en ese tramo de carretera? ¿Y por qué después de meses cazando a tres de cuatro hermanos que dominaron el sur de Sinaloa durante una década, el cuarto sigue caminando libre por la sierra de Concordia? Este video no es un recuento de balazos ni una lista de decomisos.
Es la reconstrucción de una cacería que lleva más de 10 años contada a través del último hombre en pie de una familia que el crimen organizado convirtió en leyenda de narco antes de que el Estado la convirtiera en expediente. Vamos a explicar quién es Óscar Luciano Martínez Larios, por qué su captura importa más de lo que sugiere un comunicado de prensa y qué reveló su cacería sobre el estado real de la guerra que desde hace casi 2 años desangra al sur de Sinaloa para quien no lo sepa, cada uno de los hermanos de este clan tuvo un número
asignado dentro de la estructura de los chapitos, el 51, el 80, el 81. Esos números no son casualidad y hacia el final de este video vamos a explicar por qué importan más de lo que parece a simple vista. Quédense hasta el cierre. La pregunta que ninguna autoridad ha respondido todavía no es dónde está el casco, es qué pasa el día que lo atrapen.
Para entender lo que pasó en el sur de Mazatlán, hay que entender primero por qué esa franja de Sinaloa nunca ha dejado de ser territorio en disputa. Mazatlán no es una ciudad cualquiera. Es el puerto más importante del Pacífico mexicano después de Manzanillo con una terminal que mueve automóviles, granos y contenedores Asia y desde Asia.
Es también uno de los destinos turísticos más rentables del noroeste del país, con una zona dorada que factura cientos de millones de pesos cada temporada alta y es al mismo tiempo la puerta de entrada a una sierra que durante décadas ha sido corredor de producción y trasciego de droga hacia Durango, cruzando la carretera federal conocida como El Espinazo del [ __ ] Piénsenlo un momento.
Un mismo municipio que vende playas y cruceros en sus campañas de turismo es 20 minutos tierra adentro, territorio donde el ejército desactiva minas terrestres. Esa convivencia no es nueva. Lo nuevo es la intensidad. Al sur de Mazatlán están Concordia y el Rosario dos municipios rurales serranos de vocación minera y agrícola que durante años operaron bajo un entendido tácito entre autoridades locales y células del cártel de Sinaloa.
Ese entendido se rompió el 25 de julio de 2024 cuando Ismael El Mayo Sambada, cofundador del cártel fue entregado a autoridades estadounidenses tras un secuestro orquestado. Según las investigaciones disponibles por Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio Joaquín el Chapo Guzmán, la traición fracturó de tajo la alianza entre las dos facciones que sostenían al cártel, los chapitos, encabezados por los hermanos Guzmán Salazar, la gente del Mayo, conocida en la región como los mayitos.
Desde entonces, el sur de Sinaloa dejó de ser zona de paso tranquilo y se convirtió en frente de guerra. Las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado hablan por sí solas, 805 homicidios dolosos en 2024 con el 61% de ellos concentrados entre septiembre y diciembre, justo después del quiebre entre facciones.
En 2025 la cifra escaló a 1654 homicidios dolosos, un incremento del 66% respecto al año anterior y el nivel más alto que ha registrado el Estado desde 2011. Para julio de 2026, la Fiscalía sinaluense contabilizaba ya más de 2 400 homicidios dolosos acumulados en apenas 17 meses de confrontación abierta.
Hay una dimensión de esta historia que los medios nacionales pocas veces abordan con la profundidad que merece. No son solo los homicidios. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas reportaba hacia mediados de 2026 más de 3800 personas desaparecidas desde el inicio del conflicto, la mitad de ellas menores de 28 años.
Un estudio del International Crisis Group documentó que en los primeros 10 meses de la confrontación, al menos 55 menores de edad y cerca de 450 adultos jóvenes de entre 18 y 28 años fueron asesinados. más del 40% del total de víctimas registradas oficialmente en ese periodo. La guerra entre los chapitos y los mallitos no solo mata sicarios, recluta y extermina a la generación más joven de un estado entero.
Las corporaciones policiales tampoco quedaron al margen. Un reportaje de revista Espejo documentó que entre septiembre de 2024 y abril de 2026, cerca de 80 policías municipales, estatales y ministeriales murieron en Sinaloa. Culiacán concentró la mayoría de las bajas, pero Mazatlán ocupó el segundo lugar estatal en agentes municipales asesinados.
Ese dato importa porque explica algo que se repite en este video. Cuando cae un elemento de las fuerzas del estado en el sur de Sinaloa se suma a un patrón que lleva casi 2 años sin pausa. La respuesta federal ha sido, en términos de volumen, la más grande que ha visto la entidad en más de una década. Desde el estallido del conflicto, el gobierno federal desplegó cerca de 15790 elementos entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fuerzas Especiales.
Solo entre finales de 2025 y enero de 2026 llegaron más de 4 600 refuerzos adicionales, incluidos 90 integrantes del cuerpo de fuerzas especiales. La estrategia dejó una reducción visible en los homicidios urbanos de Culiacán durante los primeros meses de 2026, pero como advierten analistas de seguridad consultados por medios nacionales, esa reducción no significa pacificación, significa que la violencia se desplazó de las calles de la capital hacia las zonas rurales y serranas, donde ocurrió exactamente lo que este video va a
reconstruir. Concordia en particular tiene un ingrediente adicional que pocas coberturas explican. es zona minera. Empresas extranjeras, entre ellas la canadiense Bisla Silver, operan con sesiones de plata en la sierra del municipio. Donde hay industria extractiva, hay nómina, hay maquinaria, hay flujo de efectivo.
Donde hay flujo de efectivo, el crimen organizado impone cuotas. y donde una célula controla el territorio durante una década sin que nadie la desplace, esa célula termina por convertirse en gobierno paralelo. Eso es exactamente lo que pasó en Concordia y el Rosario bajo el mando del clan que cazaba la Marina esta semana, los hermanos Martínez Larios.
Este no fue el primer choque de 2026 en ese mismo corredor. El 23 de mayo, la Marina ya había detenido a 13 presuntos integrantes de los chapitos en el Rosario después de una agresión registrada sobre la autopista Tepic Mazatlán, la misma vía que conecta la sierra con el puerto. Tres días más tarde, el 26 de mayo, fuerzas federales capturaron en Nogales, Sonora, a Isaí Martínez Cepeda, alias el Chinacate, sobrino de Joaquín Guzmán Loera y coordinador logístico de la facción.
Esos dos golpes sumados a la detención de El Gabito el 1 de junio no fueron hechos aislados. fueron la antesala directa de lo que ocurriría cinco semanas después contra la Marina. Cuando una estructura pierde a tres operadores clave en poco más de un mes, lo esperable es que reaccione y reaccionó con explosivos.
A nivel nacional, el gobierno federal ha reportado una reducción del 42% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y enero de 2026. Esa cifra es real y conviene decirlo con la misma claridad con la que se dicen las cifras negativas, pero aplicarla al sur de Sinaloa sin matices sería engañoso. La tasa de homicidios en la entidad pasó de 86.
9 por cada 100,000 habitantes a 50.9 En ese mismo periodo una baja notable, aunque partiendo de uno de los niveles de violencia más altos del país. Antes de llegar al ataque contra la marina, hay que entender el tablero completo. ¿Quién pelea esta guerra y con qué recursos? En la cúspide están los chapitos, la facción del cártel de Sinaloa, encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una
corte de Nueva York documentó que esta estructura utilizó sicarios propios para proteger operaciones de producción y tráfico de fentanilo mediante secuestros, tortura y homicidio. La misma acusación colocó a otro nombre clave, Óscar Noé Medina González, alias el Panu, en el mismo rango de importancia que los propios hermanos Guzmán Salazar dentro de la organización.
El Panu fue asesinado el 21 de diciembre de 2025 en un ataque armado dentro de un restaurante de la colonia Juárez en la Ciudad de México. Su muerte reacomodó de inmediato el poder dentro de la facción y colocó a dos apellidos con peso propio en el centro de la escena. Los hermanos Martínez Larios. Frente a los chapitos está la facción rival, conocida en la región como los mallitos, los grupos armados que permanecieron leales a Ismael el mayo, zambada tras su entrega a autoridades estadounidenses.
Es esta confrontación sostenida desde septiembre de 2024, la que ha dejado los miles de homicidios y desapariciones descritos en el bloque anterior hacia el sur de Sinaloa. Sin embargo, la disputa territorial más relevante no fue entre chapitos y mallitos directamente, sino dentro de la propia estructura de los chapitos.
La pelea por controlar quién manda en Concordia y el Rosario después de la caída de El Panu. Ahí es donde entra el clan Martínez Larios, cuatro hermanos originarios de Guadalajara, Jalisco, cuya familia se trasladó a El Rosario, Sinaloa, y que desde al menos 2016 construyeron una estructura de confianza dentro de los chapitos. Empezaron trabajando bajo las órdenes de Juan Alfonso Corona Betancort, alias el lobo, en la zona del Rosario y Concordia.
Con los años ganaron autonomía operativa propia. Según el periodista especializado en crimen organizado Luis Chaparro, el poder operativo de estos hermanos llegó a ser comparable o incluso superior al de los propios hijos del Chapo Guzmán en esa región específica del país. El primero en subir y el primero en caer fue José Luis Martínez Larios, conocido como el monstruo o el 51.
Era el hermano de mayor peso operativo en los años fundacionales del clan. El 14 de diciembre de 2015, un comando que viajaba en un taxi abrió fuego contra él en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Jacarandas, sobre la carretera internacional de Mazatlán. Tenía 25 años. Murió junto a otros dos hombres.
En la escena se contaron 56 casquillos percutidos de distintos calibres y dos cargadores de cuerno de chivo. Sus hermanos lo mencionarían años después encorridos como la ausencia que marcó el inicio de todo. Con el monstruo muerto, el liderazgo pasó a Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gabito o el 80.
Su ascenso quedó documentado casi en tiempo real por al menos tres narcocorridos lanzados entre 2018 y 2023 que describían con precisión su estructura de mando en la Sierra Sinaloense, mucho antes de que los reportes de inteligencia militar confirmaran esos mismos datos. El Gabito disputó el control de Mazatlán contra los Mazatlecos, célula remanente del extinto cártel de los Beltrán Leiva, tras la primera captura del Chapo en 2016.
Las autoridades federales lo señalan además como responsable del homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de la minera Bisla Silver y lo identifican como compadre del hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera. El gavito fue detenido el 1 de junio de 2026 en Mazatlán en uno de los golpes más duros contra la estructura familiar en el sur del estado.
El tercer hermano, Eduardo Jonathan Martínez Larios, conocido como el Owen, tiene un historial que ilustra el peso del clan desde mucho antes de que sus hermanos alcanzaran el perfil que tienen hoy. En noviembre de 2015, un mes antes de la muerte del monstruo, un comando armado, presuntamente equipado con una bazuca, irrumpió en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva en Mazatlán para rescatarlo, obligando a la entonces Procuraduría Estatal a desplegar un grupo especial de investigación.
Meses después, con 23 años, fue detenido de nuevo en el fraccionamiento doña Chonita en Mazatlán, mientras conducía un Challenger amarillo a exceso de velocidad. Portaba una vereta calibre 9 mm, pastillas de clonaceepam y dipam, metanfetamina y tres teléfonos Blackberry. El Owen permanece en prisión desde entonces. Eso deja al cuarto y último hermano, Óscar Luciano Martínez Larios, el casco, el 81, 37 años, nacido en Guadalajara como sus hermanos, asentado desde niño en el Rosario.
Heredó el control de Concordia y el rosario tras la caída sucesiva de los otros tres. Su historial operativo incluye la disputa contra los mazatlecos junto a el Gabito y operaciones posteriores contra el cártel de Caborca en el vecino estado de Sonora. Los narcocorridos que circulan sobre él lo describen como el hombre de máxima confianza de el Panu para limpiar la plaza de rivales y traidores.
Un eufemismo que en el lenguaje del crimen organizado significa exactamente lo que suena. El expediente contra el casco se volvió urgente desde enero de 2026. La mañana del 23 de ese mes, un comando armado irrumpió en el campamento de la minera canadiense Bisla Silver en Concordia y privó de la libertad a 10 trabajadores de la empresa, además de personal de seguridad privada y cuatro empleados de la contratista SICAR.
Según la periodista María Hidalia Gómez, el casco y el Gabito habrían impuesto un esquema de extorsión sistemático a empresas mineras que operan en la zona, exigiendo pagos mensuales a cambio de permitir sus operaciones. Ese mismo día, otros trabajadores de una constructora fueron privados de la libertad sobre la autopista Durango Mazatlán, en el mismo municipio.
Y hay un dato que conecta directamente con lo que le pasó a la Marina esta semana. En abril de 2025, autoridades federales decomizaron casi 3,000 artefactos explosivos improvisados en el guajote Concordia, escondidos en una antigua tortillería. El hallazgo se vinculó públicamente con los nombres de El Gabito y El Casco, junto con el de Eladio Tirado Lisárraga, alias el Layito.
Eso significa que la capacidad de fabricar y desplegar minas caseras contra fuerzas federales no es improvisación reciente de esta célula. Es infraestructura acumulada durante más de un año, a la espera del momento en que alguien la activara contra un blanco militar. La caída de El Gabito el 1 de junio no ocurrió en el vacío. Formó parte de una ofensiva más amplia contra la cúpula de los Chapitos, que en cuestión de semanas sumó también la detención de El Chinacate, sobrino directo de El Chapo Guzmán, y de otros 13 operadores capturados en la misma
autopista que conecta la sierra con Mazatlán. Vistas en conjunto, esas capturas explican por qué el casco se convirtió hacia julio de 2026 en el nombre más buscado del sur de Sinaloa, no por ser el más violento de los cuatro hermanos, sino por ser literalmente el único que quedaba en pie. Llevamos semanas reconstruyendo el contexto detrás de este operativo y los hechos, una vez ordenados cronológicamente, cuentan una historia distinta a la que circuló en las primeras horas.
El viernes 3 de julio de 2026, elementos de la Secretaría de Marina realizaban labores preventivas de sondeo y monitoreo en ríos y presas en una zona rural al sur de Mazatlán, cerca de la comunidad de San Marcos y de la presa Picachos dentro de la sindicatura de la noria. Era temporada de lluvias. El objetivo de esa patrulla no era perseguir a nadie, era anticipar crecidas de agua que pudieran poner en riesgo a la población civil de comunidades serranas.
En algún punto de ese recorrido, el grupo naval fue atacado con artefactos explosivos improvisados por integrantes de un grupo armado. El saldo inmediato, un elemento naval muerto, tres más heridos. Dos de los heridos quedaron fuera de peligro. Uno permaneció hospitalizado en estado grave. El elemento que perdió la vida fue identificado como el capitán de infantería de Marina, Cristian Tello, quien falleció mientras era trasladado de emergencia hacia el Hospital Naval Militar de Mazatlán.
Eso plantea preguntas que las autoridades tienen la obligación de responder y la primera tiene que ver con la información misma del hecho. Durante las primeras horas, varios medios reportaron que los marinos acompañaban a un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas identificado como por las voces sin justicia A C que realizaba excavaciones en la zona por el reporte de una fosa clandestina.
Esa versión fue negada de manera explícita, tanto por fuentes de seguridad consultadas por Infovae México como por el propio colectivo de búsqueda. La versión que finalmente sostuvieron las autoridades fue la del sondeo preventivo por temporada de lluvias sin relación con labores de búsqueda de fosas. Vale la pena detenerse en esa confusión, porque no es un detalle menor.
En una región donde colectivos de madres buscadoras han encontrado en lo que va de 2026 decenas de fosas clandestinas y decenas de cuerpos, la primera hipótesis periodística fue asumir que el ataque estaba relacionado con esa labor, que terminar haciendo otra cosa no cambia la magnitud del riesgo, cambia únicamente el pretexto que usó el grupo armado para atacar.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la agresión y, aunque en un primer momento la atribuyó de forma genérica a un grupo delictivo, trascendió rápidamente que se trataba de una célula de los chapitos. El funcionario expresó condolencias a los familiares del capitán Tello y reconoció, en sus palabras, la entrega y el compromiso del personal naval servicio de la población sinalo derivado de ese primer ataque, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó de inmediato un despliegue
operativo de refuerzo en la región. Esta clase de coordinación es precisamente lo que distingue un operativo de alto impacto de un cateo aislado, porque no se trató de una sola corporación reaccionando por su cuenta. Fue una respuesta conjunta entre la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales, activada en cuestión de horas y con capacidad de despliegue aéreo y terrestre simultáneo.
El sábado 4 de julio, ese refuerzo se tradujo en una segunda confrontación, esta vez en el municipio de El Rosario, en las comunidades de Aguaverde y Chametla. El origen inmediato fue un reporte de pobladores que alertaron sobre la presencia de civiles armados en la zona. Elementos de la marina respondieron y se encontraron de frente con integrantes de un grupo armado, lo que desató un segundo enfrentamiento directo.
Detrás de ese despliegue había un objetivo prioritario que el comunicado oficial nunca mencionó por su nombre, pero que múltiples fuentes periodísticas confirmaron de manera independiente la ubicación y captura de Óscar Luciano Martínez Larios, el casco, el 81. Tras el segundo enfrentamiento, las fuerzas federales extendieron la operación con reconocimientos aéreos y recorridos terrestres en zonas serranas utilizadas históricamente como rutas de movilidad para células armadas del sur de Sinaloa.
La presidenta municipal del Rosario, Claudia Liliana Valdés Aguilar, declaró el lunes siguiente que la marina no había informado al Ayuntamiento sobre el operativo antes de ejecutarlo. El director de Seguridad Pública Municipal, Martín Roberto Curiel Ceballos, explicó que este tipo de operaciones federales suelen implementarse de manera sorpresiva sin coordinación previa con los gobiernos locales.
La propia presidenta municipal aseguró que la población del municipio permaneció tranquila una vez que se dieron cuenta de que las fuerzas federales operaban en la zona. El lunes 7 de julio, la presidenta Claudia Shainbound confirmó en conferencia de prensa que los elementos de la Marina fueron blanco de dos agresiones consecutivas y relacionadas durante ese fin de semana, la emboscada con explosivos del viernes en San Marcos y el enfrentamiento del sábado en el Rosario.
Vale la pena notar algo sobre la geografía exacta del primer ataque. Distintos medios ubicaron la explosión en tramos distintos del mismo corredor rural. Unos hablaron de San Marcos. cerca de la presa Pikachos, otros del camino entre el tecomate de Siqueros y el Recodo. No son lugares distantes entre sí, son comunidades vecinas dentro de la misma sindicatura, la Noria, separadas por pocos kilómetros de terracería.
La discrepancia no cambia el fondo de la historia. confirma más bien la velocidad con la que se reporta este tipo de hechos en una región donde ni las propias autoridades locales se enteran con precisión de lo que ocurre en su territorio hasta días después. El resultado combinado de las dos jornadas quedó así: un elemento naval muerto, tres heridos, 10 presuntos integrantes del grupo armado abatidos y tres personas detenidas.
Los tres detenidos fueron identificados como José Luis N de 27 años, Yahir N de 36 años y Steven Alberto N de 25 años, este último de nacionalidad colombiana. Su presencia entre los detenidos no es un dato menor. La incorporación de operadores extranjeros, específicamente colombianos, a células de sicariato en el noroeste mexicano es un patrón que analistas de seguridad han documentado en los últimos años.
Generalmente vinculado a entrenamiento táctico, especializado en el manejo de explosivos y armamento de precisión. Reportes preliminares difundidos en las primeras horas después del operativo hablaban de hasta 15 personas detenidas. Al final solo se confirmaron tres. Esa clase de sobreestimación inicial es habitual en la cobertura de operativos de esta escala cuando la cifra de bajas y de tensiones todavía está siendo verificada sobre el terreno.
Mientras los medios ya están transmitiendo en vivo. A los tres detenidos se les aseguraron armas, munición. y equipo táctico que quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. El comunicado oficial no detalló calibres específicos de esta acción, pero el patrón de armamento decomisado en operativos previos contra la misma estructura ayuda a dimensionar la escala del problema.
En mayo de 2026, en un hallazgo relacionado con esta misma célula en la localidad de Higueras de Ponce, municipio de San Ignacio, las autoridades recuperaron dos vehículos abandonados con 11 armas largas, 76 cargadores, más de 2000 cartuchos, 13 chalecos tácticos, seis placas balísticas y 23 artefactos explosivos improvisados adicionales.
Para quien no lo sepa, ese nivel de placas balísticas y chalecos tácticos no corresponde al equipo de un sicario improvisado. Corresponde al estándar de una unidad paramilitar entrenada para sostener un enfrentamiento prolongado contra fuerzas regulares, no para huir después del primer disparo. Y ahí está el dato que de verdad debería preocupar.
La cifra de casi 3,000 artefactos explosivos improvisados de comisados en abril de 2025 en el Guajote Era en los hechos el inventario de una estructura que 14 meses después todavía tenía capacidad suficiente para fabricar y desplegar el explosivo que mató al capitán Tello. Volvamos a ese número porque no es solo una estadística, es la radiografía de una célula que decidió en algún punto de su evolución dejar de depender exclusivamente de armas de fuego y convertir el explosivo casero en su herramienta principal contra fuerzas del
Estado. En cuanto a los roles dentro de una estructura como esta, conviene explicarlos brevemente para quien no está familiarizado con el lenguaje operativo del crimen organizado. Los halones son quienes vigilan accesos y alertan sobre movimientos de autoridades o rivales, generalmente jóvenes reclutados en las propias comunidades serranas.
Los sicarios ejecutan la violencia directa, emboscadas, homicidios, enfrentamientos armados. Los operadores logísticos mueven armamento, explosivos y personal entre plazas. Los financieros administran el cobro de piso, la extorsión a empresas y el lavado de las ganancias del trasciego de droga. Y en la cúspide están los mandos regionales como el casco, que coordinan a todos los anteriores y responden directamente a la cúpula de los chapitos.
De los tres detenidos en este operativo, ninguno corresponde a ese último nivel. José Luis, Yahjir y Steven Alberto son, según el perfil que arrojan sus edades y la información disponible hasta ahora, piezas operativas de nivel medio o bajo dentro de la estructura, sicarios o logísticos, no mandos. El objetivo de mayor jerarquía, el único que de verdad habría representado el desmantelamiento completo del clan Martínez Larios sigue libre.
El eslabón financiero de esta historia rara vez aparece en los comunicados oficiales, pero está documentado. Las cuotas mensuales que el casco y el gavito impusieron a empresas mineras en Concordia, según la periodista María Idalia Gómez, alimentaron durante años una estructura que no solo compra armas y explosivos, sino que sostiene nómina propia, vehículos, casas de seguridad y una red de halcones permanente.
25 cerró además como el año con más feminicidios en Sinaloa desde 2017. 72 casos registrados oficialmente. Ese dato no aparece en ningún parte militar sobre este operativo, pero pertenece al mismo ecosistema de violencia que sostiene a células como la de los Martínez Larios. Hay algo que el comunicado oficial no dice y que conviene decir con toda claridad.
Este operativo medido por su objetivo declarado fracasó. El casco no fue detenido, no fue ubicado. 10 días después del ataque contra la Marina, Óscar Luciano Martínez Lario seguía siendo, según todas las fuentes disponibles, un hombre libre en la sierra de Concordia. Especialistas en seguridad consultados por medios nacionales han advertido algo que rara vez se dice en voz alta durante la cobertura de este tipo de operativos.
La caída de un mando regional no siempre implica una reducción inmediata de la violencia. En ocasiones al contrario, abre disputas internas por el territorio que deja vacante, reacomodos violentos entre operadores que compiten por heredar la plaza o el ingreso de una tercera célula que aprovecha el vacío de poder.
Si el casco cae mañana, nada garantiza que Concordia y el Rosario dejen de ser territorio en disputa. Solo garantiza que cambiará el nombre en el siguiente comunicado. Hay una pregunta incómoda que ningún funcionario ha formulado en público todavía. ¿Cómo tolera un municipio durante más de una década que la misma familia sostenga el control territorial completo mientras cambia de nombre generación tras generación? El monstruo, el gavito, el Owen, el casco.
Cuatro hermanos, tres detenidos o muertos, uno libre. Eso no es resultado de la falta de inteligencia militar. Los reportes de seguridad ya identificaban a el casco desde enero de 2026 tras la desaparición de los 10 mineros de Vis. La pregunta real no es si las autoridades saben quién es. La pregunta es, ¿por qué sabiéndolo, tardaron 6 meses en intentar capturarlo? ¿Y por qué ese intento terminó con un capitán de la Marina muerto en el camino? Detrás de cada artefacto explosivo enterrado en un camino rural del sur de Sinaloa, hay algo más que una
estadística de decomiso. Hay una madre buscadora que ya no sabe si el siguiente paso que dé sobre tierra removida es seguro. Hay un trabajador de una mina de plata que paga cuota mensual sin que ninguna autoridad se entere. Hay una presidenta municipal que se entera de un operativo militar en su propio territorio por las noticias, igual que cualquier vecino.
Y hay un capitán de infantería de Marina que salió el 3 de julio a monitorear un río, no a perseguir a nadie y que no volvió. Los 15,000 efectivos desplegados en Sinaloa desde 2024 no lograron en casi 2 años evitar que un capitán muriera monitoreando un río. Eso no es una crítica gratuita a las fuerzas armadas. Es una medida real de lo que cuesta sostener el control territorial en una zona donde el enemigo no necesita ganar un enfrentamiento directo, solo necesita enterrar un explosivo y esperar.
El expediente contra el casco sigue abierto. La sierra de Concordia sigue siendo territorio que ningún mapa oficial admite estar fuera de control. Y en algún punto entre esas montañas, el último de los cuatro hermanos Martínez Larios decide cada noche si esta es la que se queda o la que finalmente lo alcanza.
