Desde una perspectiva periodística, el caso Uribe no es solo un conflicto legal; es un símbolo de las profundas divisiones que aquejan al país. Duque, durante una reciente intervención pública, fue enfático al denunciar una serie de irregularidades que, según su análisis, vician el proceso de raíz. Uno de los puntos más controvertidos mencionados por el exmandatario es la utilización de miles de interceptaciones telefónicas realizadas sin orden judicial previa. Duque cuestiona cómo es posible que, tras reconocerse la ilegalidad o el “error” en la obtención de estos registros, estos hayan sido incorporados al acervo probatorio contra Uribe. Esta situación, señala el expresidente, sienta un precedente peligroso para el Estado de Derecho en Colombia.
La tesis central de la defensa —y de quienes apoyan al expresidente Uribe— es que existe un “doble rasero” en la aplicación de la justicia. Mientras que el proceso contra Uribe ha avanzado con celeridad bajo el actual gobierno, otros casos que involucrarían a figuras del espectro político contrario, como el senador Iván Cepeda, habrían sido sistemáticamente archivados o minimizados. Duque citó específicamente el caso de los computadores incautados a “Raúl Reyes”, el fallecido jefe guerrillero de las FARC, cuya información, según el exmandatario, contendría pruebas de vínculos entre miembros del establecimiento político y grupos armados ilegales. La negativa de las autoridades judiciales para valorar dicho material, bajo argumentos de “cadena de custodia” o “falta de pertinencia”, es para los críticos una prueba irrefutable de que la justicia no opera bajo criterios técnicos, sino de conveniencia política.
La indignación no solo proviene de los círculos uribistas. Sectores de la opinión pública observan con preocupación cómo el debate se ha centrado más en la narrativa política que en la evidencia fáctica. La figura de la jueza encargada del caso ha sido objeto de severas críticas, tanto por sus decisiones procesales como por la percepción de parcialidad que muchos ciudadanos han manifestado. En este contexto, los hijos del expresidente Uribe, Tomás y Jerónimo, también han tomado un papel activo en la defensa de su padre, llegando a señalar públicamente a figuras como el senador Cepeda, lo que ha derivado en nuevas amenazas de acciones legales por calumnia. Este círculo vicioso de demandas y contrademandas solo sirve para profundizar una herida que, lejos de sanar, parece infectarse con cada nuevo capítulo.
Un aspecto crucial que Duque subrayó es la intervención de la comunidad internacional. Ante la aparente incapacidad de las instancias locales para garantizar un debido proceso libre de sesgos, el exmandatario hizo un llamado a organizaciones multilaterales y a la comunidad jurídica internacional para que realicen una observancia especial sobre el caso. El argumento es claro: si la justicia colombiana es capaz de procesar a un expresidente sin una “prueba reina” objetiva —como lo exigirían los estándares legales en democracias como la de Estados Unidos—, entonces el riesgo para la estabilidad institucional es máximo.
La mención al sistema de justicia de los Estados Unidos no es casual. El exmandatario recordó que, a menudo, cuando se habla de la cooperación estadounidense, se valora el apoyo financiero y logístico brindado a la fiscalía y los tribunales colombianos. Sin embargo, advierte Duque, cuando representantes o legisladores norteamericanos (como Marcos Rubio) cuestionan la legitimidad de ciertos procesos judiciales en Colombia, se les acusa rápidamente de “injerencia”. Esta contradicción, señala Duque, es una muestra más de la hipocresía política que impera en el debate actual.
Es fundamental entender que este no es un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia mucho más amplia en la política regional. La judicialización de la política —o lawfare, como algunos expertos lo denominan— se ha convertido en una herramienta común en el continente para desplazar adversarios políticos. El caso de Álvaro Uribe, por su trayectoria y por ser el principal antagonista de la izquierda colombiana, se ha transformado en el epicentro de este fenómeno.
El proceso, sin embargo, no ha llegado a su fin. La defensa de Uribe ha anunciado que apelará el fallo, un movimiento que, aunque esperado, enfrenta enormes retos en un sistema judicial que, según sus críticos, ya ha mostrado sus cartas. La prescripción del proceso, programada para octubre, añade un factor de presión adicional. Si el caso llega a instancias superiores, como la casación, los tiempos procesales podrían extenderse, pero esto no garantiza un resultado distinto en un clima de tanta presión política.
En conclusión, el país se encuentra ante una encrucijada. La desconfianza ciudadana en las instituciones es un síntoma peligroso. Cuando el ciudadano común siente que la ley no se aplica por igual, la legitimidad del sistema se desmorona. Lo que Iván Duque plantea no es simplemente una defensa de su aliado político, sino una crítica mordaz a un sistema que parece haber olvidado su función principal: la búsqueda de la verdad y la justicia imparcial. Mientras el debate continúe sesgado por intereses de poder, el verdadero perdedor será el Estado de Derecho en Colombia. La sociedad colombiana, dividida entre quienes ven a Uribe como un héroe perseguido y quienes lo consideran un responsable de abusos, merece algo mejor que este teatro de irregularidades y silencios selectivos. La pregunta que queda en el aire, y que probablemente definirá el futuro de la nación, es si algún día veremos una justicia que realmente opere por encima de las banderas políticas.
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